30 y 40 convenios en el limbo

El veterano líder sindical, Federico Torres Montalvo, denunció que aparte de los 12,505 despidos vinculados con la Ley de Emergencia Fiscal (Ley 7), el estatuto supuso la pérdida de unos $240 millones en compensaciones de los trabajadores.

Torres Montalvo indicó que la pérdida estimada de ingresos se produjo cuando la Ley 7 dejó sin efecto decenas de convenios colectivos.

De inmediato, el secretario del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Miguel Romero, discrepó.

El miércoles, El Nuevo Día reveló que los objetivos de recaudos y de ahorros operacionales contenidos en la Ley 7 no se lograron en su totalidad.

El portavoz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) indicó que al presente, hay entre 30 y 40 convenios en el limbo, lo que mantiene en iguales circunstancias entre 40,000 y 60,000 empleados públicos.

Torres Montalvo explicó que el año pasado, se aprobó la Ley 73 que ordena a las agencias y corporaciones públicas reanudar las negociaciones con los gremios obreros, pero el estatuto establece que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) debe certificar que la agencia o corporación tiene recursos suficientes para llegar a acuerdos económicos con los trabajadores.

Indicó que la OGP ya emitió certificaciones negativas (lo que impide negociar términos económicos) a la Junta de Planificación, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), la agencia que sustituyó la antigua Administración de Reglamentos y Permisos y hasta el propio DTRH.

“Para negociar no hay dinero, pero para contratos sí”, dijo el líder obrero haciendo referencia a millonarias contrataciones con firmas legales como el bufete Goldman, Antonetti & Córdova y la firma de comunicaciones A&O Solutions, las que aparecen documentadas en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Torres Montalvo agregó que los sindicatos propusieron alternativas al Gobierno para mejorar los recaudos, pero no acogieron sus sugerencias, salvo aquella para fortalecer la fiscalización del Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

Para ello, el Gobierno contrató unos 500 empleados, que formaban parte de los empleados que fueron cesanteados como parte de la Ley 7.

En buena lid

Por su parte, Romero, indicó que el estimado ofrecido por la CPT no tiene fundamento pues el Gobierno no tenía dinero para honrar los convenios que quedaron suspendidos.

“La administración anterior negoció convenios a sabiendas que no había recursos disponibles para honrarlos. Nosotros no vamos a caer en esa situación y vamos a velar para que lo que se negocie sea conforme a lo reglamentado”, dijo Romero.

El funcionario rechazó, de igual forma, que los procesos de negociación colectiva que se llevan a cabo en varias agencias de Gobierno estén estancados. Indicó que algunas agencias recibieron certificaciones para poder negociar. Entre estas, la Administración de Rehabilitación Vocacional, la Administración para Manejo de Emergencias (9-1-1), el Instituto de Ciencias Forenses y la Administración de los Sistemas de Retiro.

Agregó que se han negociado aumentos salariales en unidades como el Centro Cardiovasular y una de las afiliadas del Departamento de Agricultura.

“Se ha negociado a base de la realidad fiscal”, indicó Romero.