El proyecto de ley 238 discutiéndose en nuestra Cámara de Representantes prohibiendo el discrimen por orientación sexual ha formado el lío de los pastores.

Meterse en el dormitorio del prójimo es la más crasa violación a su derecho de privacidad. Pero llevar ese dormitorio a la plaza pública es también violentar el derecho de una mayoría a no ser expuesto a una conducta que ofende sus principios de moralidad, sean o no fundamentados en creencias religiosas. Y se fueron a la lucha.

No se trata de si la homosexualidad es un pecado. Es si ese tipo de conducta conlleva  para el practicante la pérdida de derechos y privilegios que le son reconocidos a los heterosexuales en una sociedad como la de Puerto Rico. Porque no podemos sacar el asunto de ese discrimen de un marco legal exponiéndolo  entonces a la libre expresión  y agresión de los prejuicios.

Proliferan sagradas escrituras y biblias que condenan el homosexualismo y se cuentan en millones las personas que creen en sus mandamientos y en la prédica de pastores, sacerdotes y ministros de cientos de iglesias y cultos ad hoc. Sin embargo, es un error pensar que los legisladores puertorriqueños que estudian y analizan ese proyecto de la Cámara de Representantes podrían oponerse al mismo debido solamente a que puedan sentir la presión de líderes religiosos cuyo respaldo podrían perder en un futuro concurso electoral.

El argumento es más politiquero que la realidad.

Y eso de la sacrosantidad  porque se trata de una promesa programática de un partido, huele a demagogia. Los legisladores también tienen una CONCIENCIA  ( que también tiene algo de santa) y a la cual le deben la más pura de las lealtades. O sea, podrían sentirse ofendidos e inducirlos a votarle en contra si ellos creen que el lenguaje del proyecto va más allá de proteger el principio de derechos humanos, aludiendo, por ejemplo  a  privilegios colaterales como el de la adopción o al detalle semántico de llamarle matrimonio a lo que por siglos ha identificado otro tipo de unión sentimental entre seres humanos.

El asunto no puede despacharse como algo obviamente  tan injusto como la discriminación racial y la abominable modalidad de la esclavitud. Claro que todo discrimen es reprochable pero son tantas y tantas las sociedades en que se discrimina y por tantas razones distintas. Basta con señalar las religiones en las que se discrimina contra la mujer de tantas maneras.

 Además, téngase presente hermano que, en este mundo del cual Puerto Rico es parte, el homosexual, hombre o mujer, es MINORÍA.  Y como todas las minorías de todas las clases y denominaciones, ellos sufren esa desventaja del número de muchas maneras pero esperanzados de que, en algún momento, serían reivindicados por una mayoría de hombres y mujeres inteligentes y dotados del más alto sentido de solidaridad humana.

Cualquier proyecto anti discrimen, sea racial, religioso o por orientación sexual exige. por sobre todo, garantizarle a esa minoría los derechos fundamentales de convivencia que goza la mayoría. Y se hace sabiendo que cualquier proyecto de ley que pueda lograr esa garantía tendrá limitaciones inevitables como lo serían los prejuicios  que incluyen los de tipo religioso, económicos, raciales de género etc.

Por eso, debemos pensar y pensar mucho y acertadamente  sobre el lenguaje a utilizarse en un estatuto que haga justicia a los discriminados y que funcione para bien de todos.

No es poca cosa lo que se analiza y se discute en el proyecto 238 y en sus ad láteres.