La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto en marcha el procedimiento para determinar si admite una petición en la que se denuncia que Estados Unidos viola los derechos humanos de los residentes de Puerto Rico por no otorgarles derecho a votar por el presidente y representación formal en el Congreso.
El Gobierno de Puerto Rico, en momentos en que impulsará una medida que busca proteger el reembolso federal por el arbitrio al ron (que le supone a la Isla actualmente unos $350 millones anuales), tiene a una de sus empresas de cabildero en el otro lado de la verja.
WASHINGTON – Ya el congresista boricua José Serrano ha advertido que con él no cuenten para apoyar un referéndum federal en Puerto Rico si la legislación no reconoce que, por lo menos, los nacidos en la Isla que viven en el exterior puedan votar en esa consulta.
En el discurso inaugural de la pasada Cumbre de las Américas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió que hubo dos grandes ausentes de ese cónclave regional: Cuba y Puerto Rico.
El congresista demócrata Alan Grayson ha pedido a un comité de la Cámara de Representantes federal que sesione en Vieques para reexaminar los problemas de salud a los que se enfrenta la población tras los antiguas maniobras militares estadounidenses en esa isla.
La próxima presentación del proyecto de status del comisionado Pedro Pierluisi y la sesión de junio del Comité de Descolonización de la ONU son las primeras oportunidades que tendrá el gobierno de Barack Obama de ponerle su propia marca al debate sobre el futuro político de Puerto Rico.
Si el Partido Nuevo Progresista (PNP) insiste en promover un referéndum federal en el que las opciones sean votar sí o no a la continuación de un status territorial el Partido Popular Democrático (PPD) se inclina a rechazarlo y combatirlo.
Pedro Pierluisi trabaja ya con el borrador de un proyecto de ley federal en torno al futuro político de Puerto Rico que augura será aprobado este verano en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal.
Tan pronto como la semana próxima, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debe anunciar iniciativas destinadas a cumplir sus promesas de campaña en torno a Cuba: más flexibilidad en los viajes y envío de remesas de los cubanoamericanos a La Habana.
Las actuaciones indebidas del Departamento de Justicia federal en el caso del ex senador republicano Ted Stevens vuelven, en alguna medida, a encender el debate sobre la reciente absolución del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá.
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