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Noticias
20 septiembre 2013

En la mira del Seguro Social

Gobierno federal investiga si otras 6,600 personas en la Isla cometieron fraude


WASHINGTON – El Gobierno federal investiga 6,600 casos de residentes de Puerto Rico que reciben beneficios por discapacidad y fueron examinados por tres médicos recientemente involucrados en un monumental fraude en contra del Seguro Social.

En esos casos, la decisión de la Administración del Seguro Social para concederles pagos por discapacidad estuvo basada, en parte, por las pruebas hechas por los doctores Wildo Vargas, Rafael Miguez Balseiro y Erika Rivera Castro, imputados de participar en el fraude denunciado el mes pasado.

La evaluación de los expedientes de esos 6,600 casos se da en oficinas de Nueva York y Nueva Jersey, en momentos en que sigue abierta la investigación criminal que ya arrojó que los tres médicos y el exempleado del Seguro Social, Samuel Torres Crespo, conspiraron para que 71 personas recibieran ilegalmente beneficios del Seguro Social para personas con limitaciones físicas o mentales.

“Ese (fraude) ha sido el peor caso que hemos tenido”, reconoció el inspector general de la Administración del Seguro Social, Patrick O’Carroll, al declarar ayer ante el subcomité de Asuntos del Seguro Social de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que le dedicó una audiencia exclusivamente a la situación de Puerto Rico.

Por lo menos desde 2011, cuando el periódico The Wall Sreet Journal informó que ocho de los 10 apartados postales con más casos de beneficiarios del Seguro Social por discapacidad estaban en Puerto Rico, el subcomité cameral, que pertenece a la Comisión de Medios y Arbitrios, ha estado pendiente de esta investigación.

La semana pasada, además, la Oficina de Contraloría General (GAO) calculó que, entre diciembre de 2010 y enero de 2013, el Seguro Social, a nivel de Estados Unidos, pudo haber hecho pagos en exceso por $1,300 millones a personas declaradas incapacitadas, pero que al mismo tiempo tenían trabajos asalariados.

La comisionada de la Administración del Seguro Social para la región 2, Beatrice Disman, sostuvo que si al excluir los análisis médicos de Vargas y los siquiatras Miguez Balseiro y Rivera Castro no se sostiene la inhabilitación física o mental de las 6,600 personas cuyos casos están bajo evaluación, los beneficios serán suspendidos.

Pero, antes de que el Gobierno federal haga su determinación final se le dará oportunidad a los implicados para que presenten evidencia adicional.



“Serán notificados”

“Los beneficiarios serán notificados si decidimos terminar sus beneficios y encontramos que se les ha pagado en exceso”, indicó Disman, quien también fue citada a la audiencia por el presidente del Subcomité de Asuntos de Seguro Social, Sam Johnson (Texas).

“No estamos hablando de unas pocas malas manzanas en esta situación”, dijo Johnson, quien considera que la investigación del Seguro Social en Puerto Rico tomó demasiado tiempo y que es reflejo de los problemas que ocurren en todo Estados Unidos.

Johnson mostró estadísticas que indican que la tasa de beneficiarios por discapacidad –incluidos por desordenes mentales– es mucho más alta en Puerto Rico que en Estados Unidos. Los casos por discapacidad otorgados en la Isla suman constantemente alrededor de 10% más en Puerto Rico que en Estados Unidos.

Los 6,600 casos bajo investigación en Puerto Rico representan el 3.5% de los 185,000 beneficiarios del programa de discapacidad del Seguro Social.

Pero, los beneficiarios en Puerto Rico representan solo el 1% de todos los que reciben cheques del Seguro Social por tener un impedimento para trabajar.

“Es evidente de que en momentos en que el programa de seguro por incapacidad no podrá cumplir con todas sus obligaciones en 2016, el Seguro Social ha estado haciendo pagos fraudulentos que suman millones de dólares”, sostuvo el congresista Johnson.

Las 71 personas imputadas el mes pasado de recibir irregularmente beneficios por incapacidad cobraban en conjunto unos $130,000 mensuales. La Administración del Seguro Social, sin embargo, todavía no ha hecho un cálculo final sobre el monto del fraude.

El inspector general O’Carroll sostuvo que en 2008 su oficina tuvo conocimiento del alto número de casos de beneficiarios por discapacidad que hay en Puerto Rico.

La investigación sobre el fraude en Puerto Rico comenzó formalmente en diciembre de 2009. Pero, no fue hasta mayo de 2010 que por vez primera salió a relucir el nombre de Torres Crespo, quien, según las autoridades, cobraba entre $150 y $500 por referir pacientes a los médicos.

Cuando se presentaron los cargos, que pueden implicar una pena de cárcel de 10 años para los imputados, la jefa de la Fiscalía federal de San Juan, Rosa Emilia Rodríguez, sostuvo que los beneficiarios eran unos artistas, pues “entraban cojeando y salían corriendo”.

En todo momento, el inspector general O’Carroll y la comisionada Disman advirtieron que la investigación sigue activa. “Se esperan más arrestos”, afirmó O’Carroll.

El pasado día 5, las autoridades federales también arrestaron al conocido siquiatra Alfonso Madrid Guzmán, al fisiatra Luis Faura Clavell y 10 empleados del Servicio Postal, por otro esquema de fraude contra la Oficina de Compensación a Trabajadores por Incapacidad Ocupacional.

En septiembre de 2010, la Oficina del Inspector General del Seguro Social y el FBI imputaron a más de 500 personas, incluido un médico, de someter reclamaciones fraudulentas a la aseguradora AFLAC.

“Mi administración está comprometida a prevenir el fraude, una situación que drena la confianza del público y nuestros recursos”, indicó, por su parte, en declaraciones escritas, el gobernador Alejandro García Padilla.

En la audiencia, el congresista republicano Mike Kelly (Pensilvania) vinculó los casos de fraude con la situación económica de la Isla. “Cuando hay 13% o 14% de desempleo, la gente va a buscar la forma de tener ingresos”, dijo Kelly, justo en el cierre de la sesión legislativa.