A 60 años de la Constitución del ELA el debate continúa

El Puerto Rico  actual dista mucho del de hace 60 años, cuando, un día como hoy, los casi 100 delegados de la Asamblea Constituyente se reunieron en una sesión especial para aprobar y firmar la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico.

En ese momento, gran parte de la población era analfabeta, la tuberculosis y la disentería eran las primeras causas de muerte, los asesinatos rondaban los 200 y el producto nacional bruto era de unos $754.5  millones.

Hoy en día, las principales causas de muerte son por enfermedades relacionadas al estilo de vida, como la diabetes, el cáncer y las condiciones cardiacas; la tasa de graduación de escuela superior está en 97%, los asesinatos sobrepasaron los 1,130 el año pasado y el producto nacional bruto, también para el 2010 -la cifra más reciente ofrecida por la Junta de Planificación- fue de $63,291.5 millones.

“Hemos adelantado en muchísimos aspectos, especialmente a pesar de que ahora estamos en un periodo de recesión. La economía de Puerto Rico se desarrolló vigorosamente durante los años después de aprobarse la Constitución, lo cual nos permitió hacer toda una serie de cosas que se manifiestan en el desarrollo de la infraestructura y otras actividades de nuestra sociedad”, expresó Luis E. González Vales, historiador oficial de Puerto Rico.

A partir de la aprobación e implantación de la Constitución del ELA, la economía tomó un impulso vertiginoso que terminó de encaminar a Puerto Rico en la ruta de la industrialización, cambiando del enfoque agrícola a la  manufactura.

“La industrialización fue por invitación porque, en ese momento había acabado la Segunda Guerra Mundial y había que reconstruir a Europa porque era un socio comercial importante de los Estados Unidos. Comienza a haber un gran auge y muchas de estas plantas manufactureras se establecían en Puerto Rico porque la Isla logró implantar una ley de incentivos industriales locales”, explicó Alameda.

Luego, en la década del 1970, surgió la sección 936 del Código de Rentas federal, que le otorgaba exenciones contributivas a las empresas norteamericanas que se establecieran en la Isla. Esa sección fue eliminada durante la incumbencia del exgobernador Pedro Rosselló, en la década del 1990, lo que provocó el cierre de múltiples fábrica y la pérdida de miles de empleos.

“La pregunta es cuál es el modelo que sería más factible. El estadista dice que es la estadidad, el independentista dice que la independencia  y los populares pues el ELA reformado. Hay que entender que eso no modifica al paciente. La camisa que te vas a cambiar no te cura la enfermedad”, manifestó.

A juicio del exdirector médico de San Juan, Ibrahim Pérez, ahora tenemos más progreso pero menos salud. A su juicio, esto se debe a la eliminación del sistema de salud regionalizado y a la aparición de enfermedades relacionadas al estilo de vida.

Es por esto que, de cara al futuro, Pérez entiende que Puerto Rico debe moverse hacia un sistema de salud enfocado en la salud pública y la prevención.

Un problema que parece haber incrementado  a través de los años, es la criminalidad. El sociólogo Víctor García Toro explicó que fue a partir de las décadas del 1960 y 1970 que la desigualdad social debido al “boom económico”  de la época a raíz de la implantación de un nuevo modelo económico y de las fábricas que llegaron tras la implantación de la sección 936 del Código de Rentas Internas.

“En este momento no se resuelve el problema de la entrada sin control de armas al país y Puerto Rico pasa a convertirse en una isla que parece un narcoestado... En cuanto el país no genera empleos y aumenta la dependencia, muchas personas optan por vías alternas par resolver los problemas. Ese problema de desigualdad social fue creciendo y dio  espacio para que el mercado de la droga prosperase tanto por la falta de control y por la falta de opciones para  mejorar, también había un  mercado”, explicó el también exprofesor de la  Escuela Graduada de Trabajo Social. 

Ahora, según García Toro,  es necesario redefinir la política de seguridad del gobierno para atender los problemas que realmente inciden en que aumente la actividad criminal: la desigualdad social, la dependencia, la falta de empleo y de vivienda, y la drogadicción.

Por su parte, el licenciado Héctor Luis Acevedo, lo importante es atender los problemas que realmente aquejan a los ciudadanos ya que “el status es un medio para hacer justicia, no al revés”.

“Para buena parte del liderato político, el status es lo más fundamental, pero para el pueblo  la lucha por mejorar la educación, la salud, los empleos, y la seguridad tienen mayor prioridad. (Luis) Muñoz Marín entendió que esas prioridades había que respetarlas y no cerrarle puertas a ningún status, pero el pueblo no podía dejar de atender sus grandes libertades contra la necesidad y la desesperanza y solo hablar de status. El status es un medio para hacer justicia, no al revés.  El status no es un fin en sí mismo”, dijo Acevedo.