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30 de noviembre de 2012
9:18 p.m. Modificado: 9:29 p.m. Política
 

AAA y AEE enfrentan déficit de $500 millones

Luego de las elecciones es que surge la información de la crisis fiscal en ambas agencias

 
José Ortiz
El presidente de la AAA, José Ortiz, dijo que el déficit en su dependencia podría ser de $300 millones a principios del próximo año. (teresa.canino@gfrmedia)

Por Alba Y. Muñiz Gracia / alba.muniz@gfrmedia.com

El fantasma de un aumento en las tarifas básicas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) parece negarse a desaparecer, pues ambas corporaciones enfrentan altos déficits y carecen de la capacidad crediticia para acudir al mercado de bonos para solventar sus operaciones.

El presidente de la AAA, José Ortiz, reveló que el déficit en su dependencia podría ser de $300 millones a principios del próximo año, cuando prevé que será necesario acudir al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para solicitar una línea de crédito que le permita costear sus operaciones.

En la AEE, el déficit asciende a $200 millones, según trascendió durante la alocución de Josué Colón, director ejecutivo de esa corporación pública.

Ambos funcionarios ofrecieron la información esta mañana durante la continuación de las vistas de transición en la sede del Departamento de Estado, en el Viejo San Juan.

Allí, Colón tuvo el primer turno al micrófono y ofreció un panorama detallado de la situación de la AEE, que sirve a 1,337,847 clientes residenciales, 127,489 clientes comerciales y 721 clientes industriales activos.

El gasoducto Vía Verde, el presupuesto, las fuentes de energía y hasta la negociación del convenio colectivo de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) coparon la discuión entre el funcionario y los miembros del comité de transición.

Durante su amplia presentación, Colón reveló que la AEE destinó más de $27 millones a contratos por servicios profesionales relacionados al gasoducto, uno de los proyectos emblema de la administración de Luis Fortuño y que fue abortado recientemente. Estos contratos incluyen empresas de ingeniería, consultoría ambiental, campaña educativa y de adquisición de servidumbre, entre otros.

Como parte del interrogatorio, Colón también reveló que en el gasoducto del sur, frenado a principios de la administración de Fortuño, se pagaron unos $59 millones en penalidades por la cancelación del proyecto.

La profesora de administración pública y miembro del comité del gobierno entrante, Palmira Ríos, cuestionó por qué el gobierno optó por impulsar el transporte de gas natural a través de camiones, en lugar de por el gasoducto, después de las inversiones millonarias. Sobre esto, Colón indicó que el gasoducto era la alternativa más factible en ese momento.

Fue durante la discusión de las finanzas de la AEE que Colón y Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), debatieron en torno a una de las cláusulas bajo negociación del convenio colectivo de la Utier.

Sobre esto, Colón indicó que propuso al liderato de la unión que los empleados solo pudieran trabajar dos turnos corridos y que, de hacerlo, tendrían ocho horas de descanso garantizadas. Pero Pagán puntualizó que la propuesta presentada por la Utier es que los empleados solo puedan trabajar un máximo de tres horas extra para tener derecho a 16 horas de descanso.

Ante la situación, el licenciado Ramón Rosario, quien dirigió los trabajos del día, intervino para indicarles que este no era el lugar para negociar el convenio, por lo que Pagán comenzó a cuestionar sobre los números relacionados a la nómina.

Luego de que Colón indicara que la corporación podía funcionar con la mitad o menos de los empleados que actualmente tiene, la profesora Ríos le cuestionó por qué se habían pagado $64 millones en tiempo extra, doble o compensatorio si hay empleados de más.

El presupuesto operacional de la AEE, sin incluir la compra de combustible y energía, es de $691 millones, mientras que los gastos operacionales ascienden a $789.

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados hizo su presentación después y a preguntas del banquero David Chafey, del comité de transición del gobierno entrante, Ortiz admitió que la AAA tendría que acudir al BGF a solicitar ayuda ante la insuficiencia financiera de la corporación.

No obstante, Ortiz indicó que espera reducir sustancialmente sus gastos por concepto de energía eléctrica con la compra de 10 plantas hidroeléctricas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por $100 millones, entre otras iniciativas. Agregó que esa transacción está a punto de concluir.

El funcionario reveló que la AAA tiene un total de $170 millones en cuentas por cobrar, de los que $40 millones corresponden a deudas con entes del gobierno, como municipios y agencias, y que $130 millones corresponden a deudores privados.

Ortiz añadió que el Departamento de Educación (DE) es la agencia con la mayor deuda con la AAA y que San Juan y Mayagüez tienen las deudas vencidas más altas, que ascienden a $4 millones y $7 millones, respectivamente.

En la tarde, comparecieron los jefes de las autoridades Metropolitana de Autobuses (AMA), Carreteras y Transportación (ACT), de los Puertos (AP), de Transporte Marítimo (ATM), de Edificios Públicos (AEP), para el Financiamiento de la Vivienda (AFI) y de Vivienda Pública (AVP), al igual que los titulares de los departamentos de la Vivienda (DV) y de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

El director ejecutivo interino de AFI, Luis Burdiel Agudo, indicó que su dependencia tiene un déficit de $116 millones debido a programas de ayuda para la compra de vivienda y el pago de hipotecas atrasadas. Asimismo, señaló que del programa de estímulo de la vivienda, que otorga entre $5,000 y $10,000 en subsidios para la compra de viviendas, solo quedan $4 millones disponibles, que podrían durar entre tres y seis semanas.

Mientras, el director ejecutivo de la AEP, Eduardo Rivera, reveló que las agencias con base en la Torre Norte del Centro Gubernamental Minillas podrán regresar a ese lugar a finales de diciembre o principios de enero, a raíz de la conclusión de los trabajos de remoción de asbesto.

Esta torre está cerrada desde mediados de mayo pasado, cuando durante unos trabajos de remodelación se descubrió la presencia del cancerígeno en el edificio.

El director ejecutivo de la AP, Jaime López, reveló que, al cierre del año fiscal 2011-2012, tenía una deuda de $925 millones.

Por su parte, el secretario del DTOP, Rubén Hernández Gregorat, recomendó a los miembros del comité de transición entrante la implantación de la segunda fase de optimización al sistema David de los Centros de Servicios al Conductor (Cesco). Ese fue el sistema que colapsó en los pasados días y que mantuvo casi inoperantes esas dependencias en todo Puerto Rico.

Indicó que ya completó la modernización del sistema y que la segunda fase, que no ha comenzado a implementarse, consiste en la instalación de un sistema de redundancia.

Asimismo, Hernández Gregorat señaló que la concesión de las autopistas PR-22 y PR-5 produjo más ahorros que pérdidas de ingresos al eliminarles la obligación de pagar anualmente más de $100 millones del servicio de la deuda y permitirles saldar $1,087 millones en deuda de la ACT.

No obstante, en una de las tablas sobre la situación fiscal de la dependencia, se indica que en el año fiscal 2011 se generaron $212 millones en el pago de peaje, mientras que en el año fiscal 2012 se generaron $145 millones, lo que representa una disminución de más de $66 millones.


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