El reto fue dirigido principalmente al gobernador Luis Fortuño y al candidato a la gobernación por el PPD, Alejandro García Padilla
Por Alba Y. Muñiz Gracia / amuniz@elnuevodia.com
El abogado criminalista Efraín Guzmán Mollet retó a los proponentes de la enmienda al derecho a la fianza a debatir sobre los pros y los contra del cambio a la Constitución.
El reto fue dirigido principalmente al gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis Fortuño, y al presidente y candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Alejandro García Padilla.
La enmienda para limitar el derecho a la fianza es un proyecto de administración al que García Padilla le votó en contra cuando bajó a votación en el Senado. No obstante, poco después anunció que votaría a favor de la enmienda a la Constitución.
“Que escojan el lugar y debatimos. No han explicado por qué apoyan la enmienda más allá de razones políticas”, puntualizó el experto en derecho en entrevista con El Nuevo Día.
El reto lanzado por Guzmán Mollet fue apoyado por el director de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Federico Rentas; la constitucionalista Judith Berkan, y la criminalista, exfiscal y exfiscal especial independiente (FEI) Ana Paulina Cruz.
Y es que el problema que el Gobierno pretende solucionar con la enmienda constitucional para limitar el derecho a la fianza en algunos casos de asesinato, no existe, según un estudio realizado por la SAL, la entidad que provee asistencia legal gratuita a las personas de escasos recursos económicos.
El estudio, que se basó en los expedientes de casos de asesinato en primer grado atendidos por la SAL en un periodo de un año, revela que ninguno de los imputados que prestaron fianza o que salieron libres por hábeas corpus fue acusado de cometer un nuevo delito, según Rentas. El recurso de hábeas corpus les permite a los acusados que no prestaron fianza ser excarcelados al cabo de seis meses esperando juicio.
Según el análisis de la SAL, sólo 11 imputados prestaron la fianza que les impuso el tribunal, mientras que el resto permaneció preso por no poder pagarla. De los que permanecieron presos, ocho fueron excarcelados por hábeas corpus.
El estudio de la SAL se basó en los casos de asesinato de primer grado que atendieron entre el 31 de marzo de 2011 y el 1 de abril de 2012, uno de los periodos más sangrientos en la Isla.
El argumento principal del Gobierno para defender la limitación al derecho a la fianza es precisamente evitar que las personas imputadas de asesinato cometan nuevos delitos mientras se encuentran libres en espera de juicio.
“La inmensa mayoría de los imputados está preso hasta que se les celebra juicio. El problema no existe, y si existiera, se podría solucionar con las Reglas de Procedimiento Criminal. La enmienda no se justifica empíricamente. ¿Cuál es la justificación real? Nadie la ha dicho”, Rentas.
La resolución del Senado que propone el referéndum para enmendar el derecho a la fianza se basa en datos generales de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), en los que no se especifica si los números sobre los imputados de delitos que quedaron libres bajo fianza corresponden a casos por asesinato o no.
Asimismo, la pieza legislativa indica que entre durante los pasados tres años, más de 800 imputados de delito grave que se encontraban en libertad bajo fianza violaron las condiciones impuestas o delinquieron nuevamente.
Rentas ofreció un panorama distinto. “En los pasados cinco años, un promedio del 2.7% de los clientes de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) incumplieron con las condiciones de la fianza y no necesariamente por cometer un nuevo delito. Hay por salir del área permitida o hasta por salir positivo a droga. La mayoría cumple con las condiciones”, puntualizó.
La constitucionalista Judith Berkan agregó que la medida no tendrá efectos en reducir la incidencia criminal en la Isla debido a que no se ha atacado la raíz del problema, anclada en los problemas sociales, económicos y de drogadicción que afectan a gran parte de la población.
“No hay ninguna relación entre la medida propuesta y su supuesto fin. Estamos enfrentando un serio problema de criminalidad y hay que ver si esto puede tener algún efecto. La fianza no es para castigar. La fianza es para que la persona comparezca al juicio”, indicó la también profesora de Derecho.
Asimismo, el criminalista Guzmán advirtió que la enmienda discrimina contra las personas sin recursos económicos, que no tienen acceso a representación legal justo después de su arresto, que no conocen políticos o que no tienen conexiones en el Gobierno.
“La gente que no tiene recursos, cuando vaya a Regla 6 no pueden defender si es un asesinato en primer grado o no. les van a imponer la no fianza. ahí están los pobres las mujeres y los extranjeros”, puntualizó.
El referéndum sobre la enmienda a la fianza será el 18 de agosto. Ese día también se le consultará a los electores si desean reducir o no los escaños en la Legislatura.
Según la medida legislativa que propone la consulta, la enmienda le daría la los jueces de conceder o denegar fianza a los acusados de haber cometido un asesinato en medio de un robo en el hogar; un asesinato en el curso de una agresión sexual o secuestro; un asesinato al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una persona, o el asesinato de un agente del orden público en cumplimiento de su deber.
