El gobierno de Luis Fortuño ha cabildeado contra la intervención de la corte
Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com
WASHINGTON - Para la American Civil Liberties Union (ACLU), ya es hora de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos obligue al Gobierno de Puerto Rico, por la vía judicial, a someterse a las recomendaciones del Gobierno federal para reformar la Policía.
"Para poder detener el abuso policial continuado y traducir las reformas programadas en un cambio real, es necesario un acuerdo entre el Departamento de Justicia (federal) y el Gobierno de Puerto Rico que pueda ser ejecutado y supervisado por un tribunal e incluya un plan integral de reforma", indica el informe de la ACLU "Isla de Impunidad: Policía de Puerto Rico al margen de la ley", que será divulgado hoy.
Desde que la División de Derechos Civiles de Justicia federal anunció en septiembre del 2011 su intención de acudir al Tribunal Federal de San Juan para obligar a la Policía de Puerto Rico a adoptar sus recomendaciones de reforma, el gobierno de Luis Fortuño ha intentado llegar a un acuerdo que permita una supervisión sin fuerza judicial.
La intención del secretario adjunto de Justicia federal para Derechos Civiles, Thomas Pérez, es que la reforma se haga por medio de un decreto de consentimiento, como se ha hecho en otras jurisdicciones, para llegar al tribunal con un acuerdo entre las partes.
Fortuño prefiere que las obligaciones al Gobierno de Puerto Rico se hagan por medio de un memorando de entendimiento, es decir un acuerdo directo entre Justicia federal y el Gobierno de Puerto Rico, fuera del tribunal.
En definitiva, el gobierno de Puerto Rico quiere evitar -sobre todo antes de las elecciones de noviembre- que se designe un monitor federal que en la práctica administre y coloque en una sindicatura a la Policía.
“La Policía de Puerto Rico ha demostrado que ni quiere ni puede vigilarse a sí mismo y el liderazgo político de Puerto Rico no ha tomado cartas en el asunto”, concluye el informe de la ACLU.
