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2 de noviembre de 2012
3:43 p.m. Modificado: 4:11 p.m. Política
 

Acusaciones a granel en los municipios

La incertidumbre marca la pauta respecto al futuro timonel en varios pueblos

 
Ex alcalde de Vega Baja Edgar Santana Rivera (PNP) quien fue sentenciado a 18 años de prisión por cargos de soborno.(Archivo)

Por Sara Del Valle Hernández /sdelvalle@elnuevodia.com

Si se toma en consideración el comportamiento de los electores en estos últimos años, es difícil anticipar, ni remotamente, cómo quedará conformado el mapa municipal. Tal es la incertidumbre, que incluso sería temerario hacer predicciones en alcaldías donde sus incumbentes tienen problemas con la ley.

Partiendo de un contexto concreto, la encuesta de El Nuevo Día de octubre muestra que los candidatos a la gobernación se movían en un escenario de virtual empate estadístico, con el 41% del electorado manifestando que votará por Alejandro García Padilla (PPD) y un 39% por el gobernador Luis Fortuño (PNP). De la misma encuesta surge el dato de que un 72% de los encuestados no desea volver a vivir la experiencia de un gobierno compartido, tal y como sucedió durante la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá (2004-2008). El conjunto de ambos datos plantea un cuadro sumamente complejo y contradictorio: paridad, por un lado, y rechazo a la cohabitación política, por otro.

Habrá que ver, entonces, qué influencia pueden tener en contiendas concretas las ejecutorias de postulantes que estén teñidas por violaciones éticas o legales.

Por ejemplo, en este cuatrienio, tres alcaldías se quedaron sin sus primeros ejecutivos. Una de ellas fue la de Vega Baja, donde  Edgar Santana Rivera (PNP) fue sentenciado a 18 años de prisión por  cargos de soborno.

También el exalcalde de Cidra. Ángel “Wiso” Malavé Zayas (PNP), fue suspendido de empleo y sueldo el pasado 8 de marzo, luego de ser acusado por supuesta agresión sexual a empleadas municipales y uso indebido de fondos públicos.

En Barceloneta, Sol Luis Fontanes Olivo (PPD) fue sentenciado a cumplir 10 años de prisión federal por soborno, luego de 24 años al frente de su municipio.

Además de los alcaldes acusados, están los casos de los ejecutivos municipales de San Lorenzo y Cataño, los estadolibristas José “Joe” Román y José A. Rosario, referidos a la oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI). El primero por alegadas actuaciones ilegales en el ejercicio de sus deberes al utilizar empleados pagos con fondos públicos en actividades de corte politico-partidista y el segundo por presuntas violaciones de ética y a la ley de municipios autónomos

Mientras tanto, en Guánica, su alcalde, Martín Vargas es investigado por el Departamento de Justicia por alegados negocios ilegales con el convicto federal por narcotráfico Edison Burgos Montes. Vargas, candidato al Senado por Ponce por el PPD, también enfrenta un cargo de agresión simple por presuntamente agredir en el rostro al expolicía Neftalí Corales Casiano mientras se encontraban en un juego de pequeñas ligas.

Mirada al pasado

Asimismo, el Departamento de Justicia mantiene  dos investigaciones contra el alcalde de Vega Baja, Iván Hernández, por supuestamente amenazar a empleados municipales para que acudan a actividades del gobernador Fortuño y solicitar una cuota mensual para su propio comité de campaña.

Al mirar atrás, en las recordadas elecciones de 2004, esas en las que los ahora prohibidos “pivazos” (las tres cruces en la papeleta a la gobernación) le dieron el triunfo al candidato del Partido Popular Democrático (PPD) Aníbal Acevedo Vilá por 3,566 votos, el Partido Nuevo Progresista (PNP) logró ganar más alcaldías que su adversario. El balance fue 42 municipios azules versus 36 rojos.

En los siguientes comicios, que estuvieron matizados por el cierre del gobierno y la acusación federal en contra de Acevedo Vilá, la brecha aumentó, cuando el PNP logró agenciarse la gobernación y 48 municipios, mientras que el PPD se quedó con 30 alcaldías.

En ese evento electoral de 2008, el PPD perdió los municipios de Ceiba, Guayama, Aibonito, Lajas, Ponce, Naranjito, Naguabo y Vieques. De este grupo, los primeros seis pueblos eran bastiones de ese partido. El cambio de color se debió, según los alcaldes entrevistados, por un hecho coyuntural: el repudio que sentían sus constituyentes con la gestión de Acevedo Vilá y el caso federal en que se vio involucrado.

Por el otro lado, los populares sumaron a Cataño y Añasco, dos municipios tradicionalmente penepés. La victoria en Cataño se puede adjudicar a los problemas legales que enfrentaba el alcalde de ese entonces, el hoy convicto Víctor Soto, y a la división causada por la candidatura independiente de otro exalcalde penepé, Edwin “El Amolao” Rivera Sierra.


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