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14 de octubre de 2013
Puerto Rico Hoy
 

A cumplir cárcel por las armas

Gobierno se propone a enmendar el Código Penal para eliminar la impunidad

 

Por Ricardo Cortés Chico / rcortes@elnuevodia.com

La administración del gobernador Alejandro García Padilla se propone enmendar la Ley de Armas, para impedir que las personas que violen este estatuto puedan cumplir sus sentencias sin pisar una celda.

No se trata de un aumento en las penas que impone el actual estatuto convertido en ley en el año 2000. Se trata de evitar que las personas que cometen este delito alcancen sentencias preacordadas que no impliquen tiempo en la cárcel a cambio de una alegación de culpabilidad.

“Ya se están preparando las enmiendas para que no haya impunidad y cumplan en el mejor de los casos algo de tiempo en la cárcel. Además, vamos a impulsar una medida para que las personas en cuyas propiedades se comete la violación a la ley tengan cierta responsabilidad civil, no criminal, sobre los hechos”, dijo el gobernador en una entrevista con El Nuevo Día en su despacho en La Fortaleza.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, explicó que hace unos meses comenzaron a hacer un estudio en el que se determinó el proceder de unos 1,100 casos de Ley de Armas en la zona policiaca de Bayamón.

Los resultados fueron claros. Solo el 45% de las personas procesadas por un artículo de esta ley cumplió algún tiempo en cárcel. Esto a pesar que unas 800 personas (73%) resultaron culpables de lo que se les imputó. En resumen, más de 300 personas entablaron acuerdos de sentencias en los que no se no incluían un periodo de cárcel.

“Casi nadie cumple con la pena del delito tal y como se presentó. La ley no es un disuasivo para la conducta criminal porque no se cumplen las penas que se legislaron”, dijo Colberg Toro.

El también exrepresentante señaló que los artículos 5.04, que penaliza la portación y uso de armas de fuego; el 5.06 que criminaliza la posesión de armas sin licencia y el 5.07 que establece como delito la posesión de armas automáticas, tienen disposiciones que permiten la clasificación de estos delitos a menos graves a los primeros ofensores, lo que permite la imposición de sentencias suspendidas o probatorias.

Eso, según el exrepresentante, le quita garras al estatuto, que de ordinario no permite bonificaciones ni probatorias en las sentencias.

“Lo que queremos es que haya una política pública en la que se respete a los ciudadanos decentes que tienen armas pero que sea bien restrictiva y desaliente el uso ilegal de las armas”, dijo Colberg Toro.

Por eso, según el gobernador, junto a estas medidas, se legislará una amnistía de armas parcial. La medida solo cobijaría a las personas que no cumplen con la Ley de Armas por situaciones un tanto ajenas a su voluntad. Colberg Toro explicó, por ejemplo, que hay personas que heredaron armas de fuego pero que no las han registrado como de su propiedad ante la Policía. También hay ciudadanos que por alguna razón no han podido renovar sus licencias, pero permanecen con las armas en su hogar aunque, bajo esas condiciones, es ilegal que las mantengan bajo su control.

Las armas que se recopilen en la amnistía se analizarán por expertos forenses y luego se decomisarán. Esto implicará un refuerzo de los recursos balísticos en el Instituto de Ciencias Forenses, que en la actualidad no da abasto y pocas veces está al día en los informes balísticos necesarios para los casos, tanto en la etapa investigativa de los casos como en los procesos en los tribunales.

Todo esto va de la mano con la iniciativa de detección de disparos, cuyo sistema fue instalado en mayo en distintas partes de la zona metropolitana. El proyecto piloto comenzó a funcionar, con la integración de patrulleros de la Policía el pasado mes de septiembre.

García Padilla, indicó que no empece a las enmiendas, estará nombrando un comité multisectorial, compuesto por miembros de la sociedad civil, víctimas del crimen, dueños de armerías, entre otros sectores, para que, con la ayuda de abogados, redacten una nueva ley que regule las armas en Puerto Rico.

“También estamos evaluando una serie de ideas para lograr que sea menos fácil el tráfico de armas desde los Estados Unidos a Puerto Rico”, dijo García Padilla. El gobierno estima que la cantidad de personas en Puerto Rico con armas ilegales va en aumento a juzgar por la cantidad de municiones que se venden al año. En el 2006, en Puerto Rico se vendieron 6.5 millones de municiones. En el 2012, esta cifra andaba por los 21.2 millones.

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