A ganar más en el Capitolio

Mientras pide el voto del pueblo para reducir el tamaño y los gastos  de la Legislatura en el referéndum del 19 de este mes, el gobierno ya permitió que los legisladores se echen al bolsillo por lo menos $27.5 millones en salarios en el próximo cuatrienio.

Esta Legislatura no detuvo el alza salarial programada, por lo que a partir del 2 enero del 2013 aplicará la ley que aumenta automáticamente el salario de los legisladores. Durante este cuatrienio, esa alza se congeló.

Esa cifra millonaria no incluye el gasto en otros privilegios que reciben los legisladores, tales como el pago de dietas por asistir a vistas y sesiones; la tributación a una tasa preferencial de la suma devengada en dietas; y un estipendio para gastos de transportación.  

Estos hechos de muestran la contradicción entre el discurso oficialista del gobierno, en el sentido de que su propuesta de reducción de escaños legislativos será un ahorro significativo para el erario. Y refuerza la tesis de que la eliminación de escaños no acabará con los privilegios de los legisladores. 

El alza automática de salario de los legisladores se computa al inicio de cada cuatrienio a base de una fórmula sujeta al índice de costo de vida de la Junta de Planificación. Tomando como base que la  inflación ha sido de  2.5% al año en este cuatrienio, el salario básico de un legislador, que ahora es de $73,765, subiría a partir del 2 de enero del año que viene a cerca de $81,141. 

En caso de los vicepresidentes, portavoces de mayoría y minoría, y presidentes de las comisiones de Hacienda y Gobierno, su salario anual de  $84,841 aumentaría a $93,325. El  salario anual de los presidentes legislativos aumentaría de $110,663 a $121,740.

La presente Legislatura no tuvo un aumento automático porque ese privilegio se congeló mediante la Ley 118 del 17 de julio de 2008. Para que no entrara en vigor el aumento automático el próximo cuatrienio, esta Legislatura tenía que haber aprobado una ley similar.

Dietas y carro

Los legisladores también verían un aumento en sus  dietas diarias -que fluctúan $150 y $162- por su asistencia a vistas y sesiones con la misma fórmula sujeta al índice de costo de la vida. Por ejemplo, el gasto en dietas al finalizar la última sesión del cuatrienio de 2005 a 2008 para los 78 legisladores que había entonces sumó unos $10.2 millones.  

A esto se le suma el estipendio de transportación que reciben los legisladores y que fluctúa entre los $1,360 y $1,460 mensuales. Los días de sesión también comen en el salón café que hay en cada cuerpo por tan solo $6.

No obstante,  el secretario de Estado, Kenneth McClintock, quien presidió el Senado de 2005 a 2008, estimó que la reducción de legisladores ahorrará al pueblo entre $80 y $100 millones por cuatrienio.   “Al reducir  el 30% el número de legisladores puedes bajar a un 25% o 30% los gastos legislativos”, dijo McClintock.

“La economía es real. La demostración más obvia es que vas a tener 33 salarios menos para empezar sin  todo el costo que tiene un legislador  con oficina, equipos, empleados”, agregó Ángel Cintrón, director de la campaña del gobernador Luis Fortuño.

La ley habilitadora del referéndum establece en su artículo 20 que “toda economía que se genere por virtud de la reducción de escaños legislativos no revertirá al presupuesto de gastos operacionales de la Asamblea Legislativa”. Además dispone que esos ahorros se utilizarán para el pago de servicios educativos y de salud para jóvenes necesitados; y para el pago de salarios de los miembros de la Policía. 

“Es una disposición cosmética porque el presupuesto de la Asamblea Legislativa se dispone mediante una resolución concurrente que se aprobará anualmente por las legislaturas futuras que corresponda. Una legislatura no puede obligar a la otra a legislar de una manera determinada”, sostuvo el exsenador  popular Edualdo Báez Galib.

Desbalance democrático

Por otro lado, la reducción de escaños concentraría, además, el poder en una cantidad menor de legisladores sin garantías de que su funcionamiento será más costo-eficiente para el país y hará cuesta arriba la representación de las minorías, según conocedores del tema.

Para el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Raúl Cotto, el problema con la propuesta es que está pensada, como ocurrió con la Ley 7, “bajo la ilusión de que la eficiencia se alcanza reduciendo sin tomar en consideración el asunto de la calidad”.

Cotto planteó que al reducir el número de escaños, por matemática simple, se aumenta  el número de personas que cada legislador debe representar lo que afectaría a su vez, la calidad del trabajo que el funcionario. 

“Aún asumiendo que tengamos unos legisladores excelentes, no es lo mismo ser la voz de 50 personas que de 50,000. Su representación será más ineficiente”, explica el profesor. 

En este momento cada representante de distrito representa unas 96,000 de acuerdo con la distribución poblacional que se realizó de acuerdo con el Censo de 2010. 

De entrar en vigor la propuesta de  Fortuño, en lugar de 96,000, cada representante tendría que velar por los intereses de 140,000 y visitar más comunidades,  con los mismos recursos.

En el caso de los senadores por distrito que ahora representan cerca de 500,000 personas su población se reduce a 300,000 debido a que se aumentan de 8 a 11 el número de distritos senatoriales.  Sin embargo, ahora hay dos senadores por cada distrito mientras que tras la reforma cada distrito solo tendrá un senador.

“Ahora mismo el tiempo apenas me da para visitar todas las comunidades a las que represento, imagínate cuando tenga más gente que atender y con los mismo recursos”, comentó el representante novoprogresista Gary Rodríguez.  

El legislador admite que votará a favor de la enmienda constitucional porque es una promesa de su partido. “Pero tengo mis reservas sobre si resolverá lo que se quiere”.  

Por su parte, la exsenadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago afirma que al reducirse los escaños por acumulación para que un legislador de los partidos minoritarios salga electo necesitaría obtener cerca 300,000 votos. 

“Si hay un universo de dos millones de votantes y un cuarto de millón votan por un legislador, esos votos serán insuficientes  para elegirlo y eso priva de representación legislativa a una octava parte del electorado”, dijo Santiago. 

“El problema es que los candidatos que no pertenezcan a los partidos de mayoría no tendrán cabida en la legislatura y  eso implica menor fiscalización y cuestionamientos”,  agregó.  

McClintock y Cintrón también refutaron los argumentos de las voces que advierten que la representatividad de los partidos minoritarios se vería afectada.  “Un partido de minoría que tenga un apoyo apreciable no va a tener problema si escoge candidatos buenos, tipo David Noriega y Rubén Berríos,  que tenían  la capacidad de obtener más votos que los partidos principales”, expuso McClintock. 

Tampoco vio como un problema el aumento en el número de electores que tendría que representar un legislador. Planteó que en plena era de las redes sociales la comunicación con los constituyentes es más fácil y directa. 

Cintrón sostuvo que la capacidad para elegir a un legislador de minoría no depende de la metodología, sino de la capacidad para obtener el favor del electorado.