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17 de febrero de 2011
Puerto Rico Hoy
 

Alerta ante presuntos abusos policiacos

Continúa pendiente la pesquisa federal sobre la Uniformada

 
Como parte de la investigación sobre normas y prácticas de la Policía de Puerto Rico, se examinan incidentes específicos, según Justicia federal. (Archivo / Ramón “Tonito” Zayas)

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - Cada vez que ocurre un nuevo incidente, la oficina de San Juan de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) actualiza la querella que mantiene ante el Departamento de Justicia federal sobre presuntos abusos cometidos por la Policía de Puerto Rico.

Tan reciente como en diciembre pasado, fiscales de la División de Derechos Civiles de Justicia federal regresaron a San Juan a realizar nuevas entrevistas con autoridades gubernamentales, ciudadanos y la ACLU.

“Los procesos son lentos, pero la investigación es continua”, indicó ayer William Ramírez, responsable de la oficina de San Juan de ACLU y quien le ha referido a la División de Derechos Civiles todos los incidentes de los pasados dos años en que la Policía ha actuado con violencia contra estudiantes y miembros de sindicatos.

Xochitl Hinojosa, portavoz de la División de Derechos Civiles de Justicia federal, indicó que la investigación que realizan desde 2008 sigue vigente y se centra en alegaciones de que miembros de la Policía de Puerto Rico han utilizado “fuerza excesiva, realizado registros inconstitucionales y actuado discriminatoriamente”.

Ramírez indicó que la investigación comenzó por las denuncias de residentes de Villa Cañona, en Loíza, que sostienen que los agentes policiales entraban a su comunidad a golpear indiscriminadamente a ciudadanos.

Como parte de la investigación sobre normas y prácticas de la Policía de Puerto Rico se examinan incidentes específicos, según Justicia federal.

Las entrevistas periódicas que se han hecho en Puerto Rico incluyen a la dirección policial, organizaciones de policías, abogados, líderes comunitarios y personas que consideren que han sido víctimas de abuso.

Según portavoces de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos, la reciente reunión del equipo de seguridad pública del gobernador Luis Fortuño con funcionarios del Departamento de Justicia federal no llegó a tratar esa investigación.

“No puedo divulgar los temas discutidos en la reunión, pero puedo decir que la reunión no estuvo vinculada a la investigación que realiza la División de Derechos Civiles”, indicó Jessica Smith, otra portavoz de Justicia federal.

“Ese tema no lo trajeron a discusión”, afirmó, por su parte, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Guillermo Somoza Colombani.

Por lo que se conoce públicamente, la reunión del pasado viernes -a la que asistió el gobernador Luis Fortuño- fue convocada para terminar de ordenar la sección referente a la lucha en contra del crimen del informe del grupo interagencial de la Casa Blanca sobre Puerto Rico.

El mismo día que se llevó a cabo la reunión en Justicia federal se produjo la renuncia del hasta entonces presidente de la UPR, José Ramón de la Torre.

Ya de regreso en San Juan, el gobernador Fortuño anunció la salida de la Policía del interior de la UPR, donde a principios de la semana pasada agentes de la División de Operaciones Tácticas protagonizaron uno de las intervenciones más violentas en contra de estudiantes. Para Fortuño, el retiro de la Policía buscó facilitar un nuevo diálogo en la UPR.

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