Referidos Linda Colón y el alcalde de Humacao
Por Cynthia López Cabán / End.cynthia.lopez@elnuevodia.com
En una movida que revive el debate político sobre el Programa de las Comunidades Especiales, el Departamento de Justicia recomendó ayer un Fiscal Especial Independiente (FEI) para la excoordinadora Linda Colón y el alcalde popular de Humacao, Marcelo Trujillo.
A ambos funcionarios se les imputa mal uso de fondos públicos por “incluir ilegalmente” a la urbanización Verde Mar, en Humacao, en el Programa de Comunidades Especiales y provocar erogación de fondos indebida ascendente a $118,350 para construir un área recreativa.
Esta facultad, sin embargo, no recaía sobre estos funcionarios, según la Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades Especiales de Puerto Rico, sino sobre un Consejo Asesor, que preside el gobernador y está compuesto por jefes de agencias, representantes de los alcaldes, líderes comunitarios y la coordinadora del programa. Este cuerpo establece los criterios y designa los sectores que formarán parte de esta iniciativa. Los alcaldes y los coordinadores generales, por su parte, realizan recomendaciones.
En un escueto comunicado de prensa, el secretario de Justicia, Guillermo Somoza, indicó ayer que el alcalde incurrió en la alegada conducta delictiva al pedir que se incluyera a Verde Mar en el programa “para cumplir una promesa de campaña que realizó a los residentes de la comunidad”.
Aseguró que Colón incluyó la urbanización en el programa “a sabiendas de que no cualificaba, a pesar de haber sido advertida”.
“La conducta de ambos produjo que se utilizaran indebidamente los fondos de las Comunidades Especiales en la construcción de un área recreativa en la urbanización”, afirmó Somoza.
La investigación, según Somoza, surgió de un informe que la Oficina del Contralor les refirió con fecha del 18 de febrero del 2009.
Pero la auditoría, que analizó las operaciones de la Oficina de Comunidades Especiales (OCE) del 1 de marzo de 2001 al 31 de diciembre de 2007, no contiene referidos al Departamento de Justicia.
Ante esta observación, el portavoz de prensa de Justicia, Fidel Rodríguez, explicó que el referido se realiza como resultado de documentos que entregó en septiembre pasado la representante estadista Elizabeth Casado, presidenta de la Comisión cameral de Asuntos de Familia y Comunidades.
Rodríguez dijo que Somoza no respondería preguntas sobre la pesquisa “porque una vez se realiza el referido está impedido de hablar”. La petición del FEI coincide con el inicio de una nueva ronda de vistas públicas en la Cámara baja y de cara a una caldeada contienda electoral.
Una de las originales
La urbanización Verde Mar forma parte de las 686 comunidades originales de este programa emblemático de la gobernadora Sila M. Calderón, que procuraba erradicar la pobreza en la Isla.
El perfil socioeconómico que preparó la OCE revela que la comunidad tenía problemas de infraestructura, como estorbos públicos y áreas inundables, y problemas sociales, como altos niveles de desempleo, uso de drogas y delincuencia juvenil, criterios establecidos para designar una comunidad especial.
Según la auditoría del contralor, un organizador de la OCE recomendó en una carta del 24 de octubre de 2001 a la entonces coordinadora general (Colón) que no designara a Verde Mar como comunidad especial porque “tenía la infraestructura necesaria” y contaba con una cancha bajo techo.
En contraste, el perfil socioeconómico que la OCE entregó ayer a El Nuevo Día señala que el 56% de los entrevistados había declarado que no existían instalaciones deportivas y recreativas o estaban en mal estado.
La auditoría detalla que después de la designación se invirtieron $118,350 en la construcción de una cancha de baloncesto, una verja y un área de juegos, “a pesar de que el perfil socioeconómico de esta no cumplió con los criterios para beneficiarse del programa”.
Tema de Debate
El tema de las comunidades especiales ha sido objeto de debate casi desde sus comienzos en el 2001.
Inicialmente encontró el rechazo de algunos alcaldes estadolibristas y estadistas, quienes mostraron preocupación por la propuesta de autogestión ciudadana del programa.
Opositores del proyecto también criticaron la creación del fideicomiso de $1,000 millones y adjudican a esta acción parte de la actual crisis gubernamental.
Además, una investigación de este diario reveló que, desde su creación, el programa enfrentó deficiencias en los procesos administrativos por la improvisación y la prisa que matizaron el desarrollo del programa. Actualmente hay 742 comunidades especiales.
Cómo se escogen las comunidades especiales
El Consejo Asesor establece los criterios a cumplir para ser una comunidad especial.
Los alcaldes, organizaciones comunitarias, la Oficina de Comunidades Especiales y otras agencias identifican y recomiendan las comunidades.
El Consejo Asesor confirma los sectores que serán comunidades especiales.
