A medias los frutos de la Ley 7

A casi tres años de la aprobación de la Ley de Emergencia Fiscal (Ley 7 de 2009), el plan para estabilizar las finanzas públicas se quedó corto, tanto por la vía de reducción de gastos como por nuevos recaudos para el fisco.

La premisa descansa en cifras oficiales. Estas no se han discutido abiertamente en Puerto Rico, pero aparecen con cierto grado de detalle en un documento de oferta de bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC), una subsidiaria del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

De acuerdo con uno de los apéndices del prospecto, el plan de reducción de nómina afectó a unos 17,044 trabajadores y produjo ahorros por $645.2 millones. Otras medidas del plan habrían contribuido a un ahorro total de unos $837 millones al año, estima la oficialidad.

Diez impuestos

En tanto, los seis impuestos que componían el plan de ajuste fiscal -cuatro de estos temporeros como la sobretasa inmobiliaria, por ejemplo- allegaron al Gobierno $428 millones y $450 millones en los años fiscales 2010 y 2011, respectivamente.

Cuando se anunció el plan de estabilización hace unos tres años, la administración de Luis Fortuño indicó que se aspiraba a lograr recortes en gastos por unos $2,000 millones y levantar otros $1,000 millones por la vía de impuestos temporeros y permanentes.

Tanto nadar...

“Después de todo el dolor que pasamos, no se llegó a los objetivos. Eso no es necesariamente malo, habida cuenta el deterioro de la economía”, dijo Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE).

Marxuach reconoció que el Gobierno ha tenido avances en materia fiscal, pero lamentó que la administración en el poder no diera al pueblo -aunque sí a los bonistas- un reporte acerca del saldo de la Ley 7. “(La Ley 7) es como el capítulo (del libro) que ya pasó y no se habla más de eso”, sostuvo el también abogado.

Los ajustes fiscales, incluyendo el pago de deudas atrasadas, se hicieron utilizando como soporte la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), a la que se asignó una tajada mayor del impuesto al consumo.

En total, entre los años fiscales 2009 y 2010, Cofina emitió $9,200 millones en deuda. De esa cantidad, unos $2,501 millones se depositaron en el año fiscal 2010 en el Fondo de Estabilización. De ahí, se financió el Plan de Estímulo Criollo, se pagaron deudas atrasadas, pero también se pagó la liquidación de empleados cesanteados, costos de relocalización o apoyo para quienes decidieron establecer su negocio.

Según Marxuach, ahora, agotado el margen prestatario práctico de Cofina y con una economía persistemente débil, Puerto Rico podría revivir sus problemas fiscales, teniendo al BGF como su única fuente de liquidez. “Si la economía no empieza a crecer de manera robusta los recaudos del Departamento de Hacienda continuarán en una posición débil”, explicó.

¿Los ahorros que se lograron en el plan de ajuste fiscal compensan los intereses que pagarán los contribuyentes por la deuda de Cofina que es pagadera por hasta 50 años?, preguntó El Nuevo Día.

“Habría que ver si el valor presente de todos esos intereses no borran o eliminan los ahorros en nómina. Ese cálculo, no lo he hecho”, dijo Marxuach.