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24 de febrero de 2011
Puerto Rico Hoy
 

A punto la investigación federal sobre la Policía boricua

ACLU ha denunciado presuntos abusos desde el 2008

 
El representante de la ACLU indicó que han reportado cada incidente de represión policial que ha ocurrido en Puerto Rico durante los últimos dos años. (Archivo / José Rodríguez)

Por José A. Delgado / jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - La investigación federal en contra de la Policía de Puerto Rico -en torno a la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza- se encuentra en sus “últimas etapas”, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

El representante de la ACLU en Puerto Rico, William Ramírez, trató este asunto ayer desde Washington con la alta dirección de la organización, incluido su director ejecutivo, el boricua Anthony Romero, y el responsable de su división legal, Steven Shapiro.

“Se decidió adoptar la situación de Puerto Rico como un caso de prioridad”, indicó Ramírez.

Además, Ramírez hará hoy una visita de cortesía a los funcionarios de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal que han estado a cargo de la investigación.

“La violencia que existía (en 2008) bajo el Partido Popular Democrático (PPD) se ha llevado a otro nivel, y a un nivel político. Ahora se quiere usar la Policía como un ‘amansa pueblo’”, indicó.

Desde 2008, tras denuncias de abusos policiales en contra de residentes de la comunidad Villa Cañona, en Loíza, la ACLU logró que Justicia federal abriera una investigación sobre incidentes en que oficiales policiales “han hecho uso de fuerza excesiva, registros e incautaciones inconstitucionales y actuaciones discriminatorias”.

Ramírez sostuvo que no ha pasado ni una hora antes de que él le refiera a la División de Derechos Civiles de Justicia federal cada incidente de represión que ha ocurrido en Puerto Rico durante los últimos dos años, incluidos los actos de violencia policial contra estudiantes, sindicatos, el cierre de las gradas del hemiciclo del Senado, la discriminación en contra de dominicanos y el esfuerzo por “destrozar” el Colegio de Abogados.

“Han querido reprimir hasta los que están a cargo de asegurar que se haga justicia”, dijo en referencia al Colegio.

“La investigación (nuestra) sigue en marcha”, reafirmó, por su parte, Xochitl Hinojosa, portavoz de Justicia federal, sin querer ofrecer otros detalles sobre la etapa en que se encuentra la pesquisa.

Desde diciembre de 2010, dijo Ramírez, ACLU ha estado a la espera de que Justicia federal rinda su informe.

Ramírez cuestionó, a su vez, que el Gobierno de Puerto Rico haya contratado un bufete de abogados en Washington con el aparente propósito de hacerle frente a la investigación del Gobierno federal en vez de asumir una conducta destinada a corregir las fallas que prevé se le señalarán próximamente.

Según la publicación Noticel, el Gobierno de Puerto Rico ha contratado al bufete de Wilmer, Cutler, Pickering, Hale & Dorr -a un costo de hasta $800,000- con la intención de combatir la investigación de Justicia federal.

“(Justicia federal) puede decidir imponerle una sindicatura a la Policía, sanciones y hasta los gastos de honorarios de sus abogados. Pueden ser millones en multas”, dijo Ramírez, al indicar que el gobierno de Luis Fortuño debería, en vez de querer descarrilar la pesquisa, preparar el camino para aceptar las recomendaciones que le haga la División de Derechos Civiles y cumplir con un posible plan de sindicatura, si esa fuera la recomendación federal.

Como parte de su visita a Washington, Ramírez también tenía ayer una sesión informativa con una representante de la oficina de Washington del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hablar de la conclusión de la disputa sobre la falta de acceso a agua y vivienda adecuada de los residentes de la comunidad Villas del Sol.

Puerto Rico no es la única jurisdicción que en los últimos años ha estado bajo investigación de la División de Derechos Civiles de Justicia federal. Pero, Ramírez contrastó el comportamiento del gobierno de Fortuño con la tranquilidad con la cual en Wisconsin las autoridades han aceptado que manifestantes realicen sus protesta en contra del Gobernador y la Legislatura hasta dentro del Capitolio de ese estado.

“En abuso policial Puerto Rico no es único -afirmó Ramírez- pero tiene un nivel bastante fuerte”.

fortuño ofrece su versión

Por su parte, el gobernador Luis Fortuño negó versiones de que Justicia federal le haya cuestionado las actuaciones de la Policía para reprimir las protestas universitarias.

“No, y yo he estado en el Departamento de Justicia (federal) en dos ocasiones, al más alto nivel , y no me han tocado este tema. Sé que lo han llevado algunos grupos y tienen ese derecho, pero no ha sido levantado en las reuniones en donde yo he estado”, respondió el Gobernador en Ponce ayer.

Fortuño manifestó que se enteró de la existencia de la investigación federal sobre la Policía cuando asumió la gobernación y que la misma no se limita a la Uniformada, sino que incluye “el sistema de justicia completo, incluyendo los tribunales”.

“Es algo que yo entiendo que el Gobierno local puede manejar en conjunto con el Gobierno federal”, dijo en aparente alusión a la posibilidad de que se coloque la Policía en sindicatura federal.

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