Recientemente, en un debate sobre la propuesta enmienda a la Constitución para limitar el derecho a la fianza, escuché una afirmación interesante de parte de un juez retirado. El togado afirmó que “el gobierno ha fallado en proteger al pueblo de Puerto Rico” en la lucha contra el crimen.

De primera intención, la aseveración parece justa y verdadera.  La criminalidad ha estado en una espiral ascendente por décadas. Cada vez ocurren crímenes más descarados y espectaculares. Los criminales sienten que pueden actuar con impunidad. Y uno no se siente seguro ni en su propia casa.

El gobierno ha sido inefectivo a la hora de atajar la oleada criminal. Ni populares ni penepés han podido encontrar estrategias eficaces contra el crimen. Ni siquiera la intervención de los federales ha hecho diferencia en esta lucha.

Nuestra frustración colectiva es tan grande que uno puede comprender por qué un juez retirado puede afirmar que el gobierno, del cual él mismo ha formado parte, le ha fallado al pueblo de Puerto Rico.

No obstante, creo que una lectura más profunda de la aseveración bajo estudio puede llevarnos a otras conclusiones. Repito, pues, la aseveración, pero esta vez en forma de pregunta: ¿Le ha fallado el gobierno al pueblo de Puerto Rico?

Creo que es simplista decir que el gobierno le ha fallado a nuestro pueblo. ¿Por qué? Sencillo, porque la mayor parte de los criminales que operan en Puerto Rico son puertorriqueños.

Yo podría afirmar que el gobierno ha fallado en su tarea de defender al pueblo si el crimen en la Isla fuera producto de una invasión extranjera, si los criminales vinieran de otro país o si los asesinatos fueran cometidos por “gatilleros” traídos del extranjero. Pero el hecho es que la mayor parte de los ladrones, tiradores de drogas y asesinos a sueldo que operan en nuestro país son puertorriqueños. Quizás los lugartenientes de las organizaciones criminales sean extranjeros, pero los “soldados” que tienen en las calles son “de aquí como el coquí”. Son nuestros hijos, nuestros sobrinos y nuestros nietos. Son nuestros vecinos y nuestros amigos. Son producto de nuestras comunidades y de nuestras escuelas. Son tan puertorriqueños como usted y como yo.

Si tiene duda, vea cómo los familiares de los criminales los defienden. Mientras usted y yo los vemos como si fueran pájaros raros, sus madres y sus abuelas los defienden aun ante las cámaras de la televisión. Dicen “el es un buen muchacho y tiene buenos sentimientos”, o afirman que ellos “no le hacen mal a nadie”. Cegados ante el deterioro moral de sus familiares, los defienden con la esperanza de poder sacarlos bajo fianza, de librarlos de la cárcel o de evitarles una larga condena.

Por lo tanto, sería más justo decir que el gobierno, representado por la policía, la fiscalía y la judicatura, tiene la responsabilidad de proteger a la masa de gente buena que vive en Puerto Rico de una minoría que ve el crimen y la violencia como medios válidos para ganarse la vida. Además, tiene la responsabilidad de buscar la rehabilitación de esa minoría que delinque. En términos generales, el gobierno tiene la responsabilidad de defender a unos puertorriqueños de otros puertorriqueños. Ese es un proceso difícil en el cual se pueden cometer graves errores. Lo mismo se puede acusar injustamente a una persona inocente que dejar impune al culpable. Ni la policía, ni la fiscalía ni la judicatura son infalibles. Y cada vez que cometen un error, socavan la confianza del pueblo en sus instituciones de seguridad.

Por lo tanto, permítanme proponer una idea muy dolorosa: más que el gobierno, quien ha fallado es el pueblo de Puerto Rico. Para decirlo con más claridad, nosotros nos hemos fallado a nosotros mismos. Los puertorriqueños hemos fallado en la tarea de crear una sociedad más justa, mejor educada y más pacífica.

Y hemos fallado todos; todas las instituciones han fracasado. Ha fracasado la familia, la escuela y la Iglesia. Ha fracasado el gobierno, la policía y la judicatura. Ha fracasado el Departamento de Corrección, el de Educación y el de la Familia. Y el fracaso de estas instituciones es el fracaso de todos. No podemos seguir acusando a los demás, sino que cada uno de nosotros debe tomar responsabilidad y luchar para mejorar la calidad de vida de nuestro  país.

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El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com