La única lógica que le encuentra la American Civil Liberties Union (ACLU) a la lentitud con la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos negocia con el Gobierno puertorriqueño la forma de supervisar la reforma de la Policía de Puerto Rico es la poca atención que se le dedica en Washington a los asuntos de la Isla.

Nueve meses después de que la División de Derechos Civiles de Justicia federal publicara su propio informe en el que denunció una crisis de derechos civiles en Puerto Rico como consecuencia de las actuaciones de la Policía, todavía intenta que el gobierno de Luis Fortuño acepte entrar en un “decreto por consentimiento” que regule la reforma policial y tenga fuerza judicial.

“La realidad es que Puerto Rico no es una prioridad alta para ninguna parte del Gobierno federal”, dijo ayer el director ejecutivo de la ACLU, Anthony Romero, en una conferencia de prensa en Washington en la que presentó oficialmente el informe “Isla de la Impunidad: la Policía de Puerto Rico al margen de la ley”, el cual esperan motive a la dirección de Justicia federal a agilizar las negociaciones.

La investigación de la ACLU coincide en gran medida con los hallazgos de septiembre de 2011 de la División de Derechos Civiles sobre las violaciones de derechos civiles y constitucionales que comete habitualmente la Policía de Puerto Rico. Pero, es más amplio en términos del uso injustificado de la fuerza letal y le da una mirada más profunda a la falta de acción del departamento policial en casos de violencia doméstica.

El informe recomienda, entre otras cosas, que Justicia federal acabe de someter la demanda en contra del Gobierno de Puerto Rico en el Tribunal Federal de San Juan y que la Legislatura puertorriqueña cree un organismo “eficaz e independiente” que les permita también mantener una supervisión constante de la Policía.

En el caso de la Policía de Los Angeles, a principios de la década pasada, a Justicia federal le tomó cinco meses lograr que la ciudad aceptara entrar en un decreto de cosentimiento con fuerza judicial, aunque el recurso judicial no se terminó de negociar hasta 13 meses después de la publicación del informe sobre las fallas de la policia.

En el caso de la Policía de Puerto Rico, el gobierno puertorriqueño ha resistido, desde el principio,  la posibilidad de un acuerdo por la vía judicial, pues prefieren un memorando de entendimiento que no sea regulado por el Tribunal Federal de San Juan.

El informe de Justicia federal sobre las irregularidades en la Policía de Los Angeles  se publicó en mayo de 2000. La demanda que incluyó el decreto de consentimiento entre Los Angeles y el Gobierno federal se sometió en junio de 2001.

Romero confía en que uno de los argumentos del gobierno de Puerto Rico para oponerse a un acuerdo de reforma por la vía judicial no sea el impacto fiscal que tendría la imposición de un plan de mejoras – incluidas las reformas tecnológicas-, y la creación de una oficina de un monitor federal.

“El costo de una vida humana es más grande que el costo de reformar a la Policía”, dijo Romero, quien es puertorriqueño y ha exhortado al Gobierno de Puerto Rico, cuyo jefe policial, Héctor Pesquera, tildó el informe de ACLU  de “erróneo” y motivado políticamente,  a “no tratar de tapar el cielo con la mano”.

“Piensan que el problema es la ACLU o el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El problema es la impunidad dentro de la Policía de Puerto Rico”, sostuvo Romero, al aludir al informe en el que su organización concluye que el departamento policial boricua “ha demostrado que ni quiere ni puede vigilarse a sí mismo”.

Ante la publicación del informe de la ACLU, ni el Gobierno de Puerto Rico ni Justicia federal dieron ayer detalles del estado en que se encuentran las negociaciones.

Un portavoz del Departamento de Justicia federal, se limitó a indicar a El Nuevo Día que están “inmersos en discusiones productivas para lograr resolver los hallazgos” del informe de septiembre de 2011. 

La ACLU considera que un recurso judicial que implique litigación entre las partes– aunque es más complicado y tedioso – puede ser “un remedio necesario, cuando derechos constitucionales han sido violentados”.