El horror que sufrieron ocho hombres, ahogados dentro de un vehículo donde iban esposados y con grilletes en las piernas, va camino de convertirse en carne de espectáculo. Otro más. Lo único que ha faltado es que nos obsequien con las grabaciones de los gritos de las víctimas, pidiendo ayuda.

Poco importa si los guardias penales que los acompañaban ayudaron o no ayudaron a rescatarlos una vez que se produjo el siniestro. Lo cierto es que se metieron por un lugar por donde no debían meterse, y esa acción desencadenó la tragedia. Al día siguiente, el secretario de Corrección anunciaba que iban a establecer un sistema de antenas o localizadores, para poder rastrear en todo momento a los vehículos que transportan reos.

Ese sistema de nada hubiera servido en el caso de la guagua hundida en Arecibo. Si hay una carretera bajo el agua, y al conductor se le mete en la cabeza atravesar el charco, aunque lo desaconsejen los vecinos, el Servicio de Meteorología o el sentido común, pasará y se ahogarán los que tengan que ahogarse. Cada día que pasa rozamos un poquito más la anarquía, y el más anárquico de todos es el propio Estado.

 La dimensión de una muerte en esas circunstancias no puede medirse en términos de los delitos cometidos por los confinados. En todos los casos, fue espantoso. Sin embargo, en el del ebanista que estaba en la cárcel por un incumplimento de contrato, o, lo que técnicamente se tradujo en “apropiación ilegal”, es inaudito. A un hombre que creo que no tenía antecedentes penales, pero que realizó un trabajo que no satisfizo al cliente (y que, según parece, cobró por adelantado), le impusieron una fianza que doblaba el importe de la cantidad en disputa, que eran $1,200. ¿Era justo que viajara esposado, con grilletes en las piernas, como si se tratara de un asesino en serie?

Sé que existe en el Código Civil una ley que permite a los perjudicados en casos de trabajos de construcción fallidos, dejados a medias o que conlleven algún tipo de estafa, acusar criminalmente a la parte contratada. Pero tiene que haber una discreción del juez, un intento de alcanzar un acuerdo, de imponer fianzas que guarden proporción con la magnitud del delito y la capacidad del imputado.

En un país donde un sujeto es sorprendido en un carro con armas ilegales y, amparándose en un tecnicismo, a las dos horas está en la calle; un país donde ha ocurrido tantas veces que cualquier borracho o negligente atropella y mata a unos peatones, y ese mismo día duerme en su cama; un país donde más de un agresor se las ingenia para evadir a la justicia y volver a la caza de su víctima, y donde tantos ladrones de alto copete, que han defraudado a miles de personas, se pasean impunemente por las fiestas de alcurnia, en ese mismo país, un ebanista de un barrio pobre va derecho a la cárcel por un trabajo que le quedó feo, o que no le complació al cliente.

La semana pasada, como enmienda a un proyecto de la Cámara de Representantes, un legislador propuso que se les diera amnistía a los ladrones de electricidad, es decir, a los que habían manipulado el contador de sus hogares o negocios para pagar menos. En dicha enmienda se establecía que tan pronto el abonado confesara que había puesto un “pillo”, sólo se le cobraría la mitad de la electricidad que había robado, sin imponerle multas, y regalándole un contador nuevo a cambio del que había dañado. El que trató de imponer esta genialidad fue el muy notorio Georgie Navarro, quien preside la Comisión de Asuntos del Consumidor.

Parece que el legislador Navarro no sabe que consumidor no es sinónimo de delincuente. Un tipo que daña su contador para que los demás paguemos por la luz que él gasta, es un enemigo de los consumidores, y no hay que añoñarlo exonerándolo de multas o poniéndole contadores nuevos. Faltaría más.

Sepan que esa burrada estuvo a punto de aprobarse. Los legisladores invirtieron su tiempo, todos muy circunspectos, discutiendo si los ladrones de luz merecían una perdonadita. Es un tema que ni siquiera debió plantearse. Gastaron papel, tiempo y dinero redactando esa amnistía. Y cobraron dietas por polemizar sobre ella en el hemiciclo.

En contraste con tamaña aberración, el ebanista que fue acusado por hacer un trabajo que no le gustó al cliente, o por entregarlo demasiado tarde, o por dejarle un fleco, cualquier tontería de esa índole, pasó trece desconsolados días en la cárcel, y encima tuvo una muerte atroz.

La suma en disputa era de $1,200, lo mismo que gasta una funcionaria del Estado, en una noche de hotel, a cargo de los arcas públicas. Y a ella nadie le reclama ese dinero, ni la mete en una guagua de Correción, atada de pies y manos, a merced de un trucutú que se cree que va en un tanque anfibio.

El charco más insalvable aquí sigue siendo la desigualdad. Llueva o no llueva, crece y nos cubre.