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José A. Delgado

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24 de marzo de 2013

Donde manda capitán, no manda marinero

La Oficina de Contabilidad General (GAO) defraudó a muchos con su informe sobre el efecto de las normas federales de cabotaje en la economía de Puerto Rico.

La GAO, adscrita al Congreso,  anunció en abril que entre sus tres prioridades estaría comparar los costos de transportación de los navieros estadounidenses – beneficiados por la ley federal – con los extranjeros.

Ninguna información estadística sobre esa pregunta aparece en el informe.

La GAO defiende la ausencia de datos. 

Por un lado indica que las navieras estadounidenses adujeron tener que respetar la confidencialidad de las tarifas que han negociado con importadores y exportadores. 

Por el otro, según la GAO, nueve de 10 empresas extranjeras que contactaron se negaron a cooperar con el estudio.

Sin contestar la que para muchos era la principal meta del estudio, la GAO se dedicó entonces a contar la experiencia de navieros e importadores. Y, sobre todo, a defender las normas federales de cabotaje, incluidas en la ley Jones de 1920.

Es curioso que pasara por alto las cifras y análisis económicos que han ofrecido economistas de Puerto Rico, algunos de los cuales se reunieron con su equipo y han calculado en cientos de millones de dólares el efecto en el consumidor de la isla del alto costo de la Marina Mercante estadounidense.

Ningún asunto tiene más peso en el estudio que la defensa de las normas federales de cabotaje, que son vistas por el Gobierno federal – presidente tras presidente, y Congreso tras Congreso -  como necesarias para el futuro de la industria marítima y la seguridad nacional estadounidense.

El informe destaca que la infraestructura, frecuencia de viajes y el tamaño de sus contenedores-  ajustados al de los camiones de transporte de EE.UU. y Puerto Rico-, les sirve bien a la Isla.

El problema, han dicho los importadores, es el precio.

Bajo las normas federales de cabotaje, el transporte de carga entre puertos de Estados Unidos y Puerto Rico tienen que hacerse en buques de fabricación, propiedad y tripulación estadounidenses.  

Tres de las cuatro empresas navieras que controlan el mercado de la isla  - Crowley, Horizon Lines y Sea Star – pagaron recientemente $76 millones en multas al Gobierno federal, en total, después de aceptar que han conspirado para fijar las tarifas entre Estados Unidos y Puerto Rico.

A pesar del firme respaldo que otorga el informe de la GAO a las navieras estadounidenses, las autoridades de Puerto Rico consideran que el estudio – solicitado por el comisionado residente Pedro Pierluisi –  le suministra municiones para pedir una exención para el transporte de combustible, pensando en el acceso a gas natural, y productos a granel.

En el caso del combustible, el informe reconoce que faltan buques para cumplir con la demanda de la Isla.

En el caso de productos a granel, el estudio cuenta como algunos importadores, para ahorrarse dinero, prefieren ir a Canadá, aunque los barcos naveguen 500 millas más, antes de comprar en EE.UU..

Es cuesta arriba vencer en el Congreso la coalición naviera- sindical a favor de que no se toquen las normas federales de cabotaje.

Pero, una exención para cuando no haya suficiente oferta para el transporte de gas natural, es posible, únicamente, claro está, si beneficia a los intereses de Estados Unidos, una potencia en la producción de gas natural.

Si Puerto Rico tiene que llevar a la Isla grandes cantidades de gas natural y se hace más viable ir a Canadá que a Estados Unidos en busca de esa fuente de energía, no dude de que los productores estadounidenses del gas natural se encargarán de apoyar las demandas del Gobierno boricua.

La GAO se ha encargado de hacerlo claro. Donde manda capitán, no manda marinero. 

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