Jennifer Toro Hurtado vio el infierno en los ojos de su exmarido.

Sabía que decenas de mujeres han muerto este año, y cientos en los pasados, a manos de hombres incapaces de lidiar con la libertad de su expareja para decidir cómo quiere vivir. Sabía que ella podía ser la próxima. Pero no lo sabía porque decenas hubieran muerto, ni porque la incandescencia del infierno brillara en los ojos desquiciados de su exmarido.

Lo sabía por razones harto más simples: él mismo lo había dejado saber en términos inequívocamente claros. "Tú mamá y yo nos vamos para el cielo. La voy a matar", le dijo el hombre a una de las tres hijas que había procreado con la mujer, según reveló esta semana la Procuradora de la Mujer, Wanda Vázquez.

Jennifer hizo lo que se supone que una persona en ese predicamento haga en un país de ley y orden: fue a la corte a buscar auxilio. Pero en la corte, por razones imposibles de comprender, dos jueces trataron a un hombre que tenía la palabra asesino marcada en la frente como alguien a quien estuviesen procesando porque el tinte de los cristales de su auto fuera más oscuro del permitido por ley.

El hombre, Nelson Crespo Feliciano, acechaba y amenazaba a Jennifer, le había dicho a sus hijas que la iba a matar, se pasaba por donde no le da el sol las órdenes de protección y había mostrado una mórbida determinación por hacerle daño. Nada de eso fue suficiente para que fuera puesto fuera de circulación.

El pasado 10 de noviembre, un día después de haber sido excarcelado tras pagar una fianza, sin condición de clase alguna y sin que siquiera se le notificara a la víctima, Crespo González interceptó a Jennifer a la entrada de un supermercado en Aguadilla, le entró a tiros delante de las hijas de 6, 4 y 2 años de la pareja y después se suicidó.

Jennifer sobrevivió el bestial ataque. Pero la sangre que derramó, más el trauma con el que cargarán por toda su vida ella y sus hijas, son responsabilidad de los jueces Diómedes González y Rafael Ramos, quienes tuvieron a Crespo en su sala, el primero en cuatro ocasiones, y no tomaron las medidas necesarias para evitarle este amarguísimo trago a la víctima y a la sociedad.

Este caso es el ejemplo más dramático que hemos visto en los últimos meses del grave problema que tiene el país con la falta de legitimidad de las instituciones públicas. A pesar de lo mucho que se cacarea aquí de los grande que es el Estado, de los muchos recursos que consume y de lo metido que presuntamente está en las vidas de todos nosotros, a la hora de la verdad el ciudadano está indefenso.

El Estado es un animal cansado. La corrupción, la ineficacia, la incompetencia, la politiquería y el amiguismo lo tiene de rodillas. En el caso de Jennifer, el ordenamiento jurídico y el sentido común dictaban con deslumbrante claridad la ruta a seguir. Pero los jueces González y Ramos decidieron, en cambio, embadurnarse de sangre las manos y poner a esta madre al alcance del asesino que estaba decidido a arruinarle la vida.

No es posible subestimar todos los efectos tóxicos que casos como éste tienen para la sociedad. El más evidente es la desconfianza en las instituciones públicas que esto causa, pues la gente ve que en un caso tan obvio como éste no se hizo lo que había que hacer y la próxima vez que requiera del auxilio del Estado siente la tentación de no hacer nada y tratar de resolver por su cuenta.

Por cosas como éstas, además, es que la gente no coopera con la Policía en el esclarecimiento de crímenes, porque no tiene la confianza de que el riesgo que se toman al señalar asesinos, ladrones, traficantes de droga, abusadores, corruptos y toda clase de antisociales, tendrá algún resultado.

La ineficiencia del Estado se ve con mayor claridad en el tema de la seguridad del ciudadano. Pero también se da en las que pasan quienes denuncian el maltrato infantil y no ven que nadie haga nada por resolverlo, en los miles de niños que no reciben los servicios de educación especial que necesitan, al que no le dan atención médica a tiempo, incluso en algo tan aparentemente banal como quien no ve que se arregle el hoyo que le rompió el tren delantero de su carro.

El Estado tiene mecanismos para atender algunos de estos problemas. En el caso de Jennifer, por ejemplo, la Procuradora de la Mujer va a presentar mañana querellas contra los jueces que se hicieron cómplices del agresor.

Pero, muchas veces vemos como el amiguismo y la actitud de pandillas hace que se le busquen las cinco patas al gato para no hacer que la gente pague por lo que hizo mal. A la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) la hemos visto muchas veces salir en defensa de jueces que deshonran la toga para después tener que tragarse sus palabras.

Ya pronto veremos si en este caso la OAT le hará justicia a la joven madre que no fue protegida de quien terminó dañándola o, si por el contrario, terminará también haciéndose cómplice de la barbarie.