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José A. Delgado

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9 de enero de 2013

El legislador "ciudadano"

Primero que todo, cuentas claras. 

Prefiero un legislador que en teoría solo le responda al electorado, sin contratos o salarios de otras fuentes, aunque reconozco que el sistema de financiación de campañas puede ser un problema mayor.

Pero, el Partido Popular Democrático (PPD), en su programa de gobierno, le propuso al pueblo una reforma legislativa basada en el concepto de “legislador ciudadano”.

Quizá ello no signifique necesariamente un interés en convertir la Legislatura en una rama de gobierno a tiempo parcial, pero la verdad se conocerá en los detalles de una legislación que aún no ha sido presentada.

No es extraño que un Gobernador vea con buenos ojos una Legislatura a tiempo parcial y de una sola sesión al año, pues con ello aumenta su poder y el megáfono que ya tiene en La Fortaleza.

Es evidente, no obstante, que Puerto Rico quiere que sus legisladores les cuesten menos, trabajen de forma más ordenada y tengan su cable de tierra conectado a los intereses del pueblo. Las encuestas, en los últimos años han reflejado ese desconteto. No muy diferente, sin embargo, al sentimiento que había cuando en teoría los legisladores funcionaban “a tiempo parcial”.

Pero, los Chuchín de la vida le han vuelto a dejar muy mal sabor a los ciudadanos, en momentos en que los legisladores tienen ingresos y beneficios que pueden rondar los $125,000 anuales. (En agosto de 2012 publicamos este análisis:http://www.elnuevodia.com/entrelaslegislaturasmascarasdeee.uu.-1321927.html) 

En el proceso dirigido a reformar la Legislatura se debe tener cuidado de que no se establezcan dos categorías de legislador, que aspirar a un escaño legislativo también pueda ser una opción para los asalariados si se va a permitir otras fuentes de ingresos y que los cambios no tengan el efecto de que la  Legislatura regrese a manejar sus asuntos más importantes a altas horas de la noche. 

Si se quiere reducir gastos, vale recordar que en 2005 el pueblo votó a favor de un sistema unicameral. 

¿Lo que se busca es solo reducir el salario de los legisladores y el costo del sistema legislativo?

En Oklahoma, con una población cercana a la de Puerto Rico, tienen una legislatura a tiempo parcial. Sus legisladores cobran $38,400 y una dieta de $147 por día de trabajo. Sesionan 116 días al año. Son 147 los legisladores y los empleados 407. 

En Connecticut, los legisladores reciben un salario base de $28,000 y trabajan 91 días al año. Son 187 los legisladores estatales y 617 sus empleados.

Hay estados más grandes en que se cobra muchísimo menos, como Texas, Florida, entre otros.

En el Congreso, los legisladores federales – a los que el gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, quisiera verlos como una rama de gobierno a tiempo parcial -,  cobran un salario base de $174,000 anuales.

En Puerto Rico, desde hace dos décadas el sistema persigue que los legisladores – en teoría – funcionen a  tiempo completo. Tienen ahora un ingreso básico anual de cerca de $125,000 entre salarios ($73,000), dietas (unos $30,000) y gastos de automóvil ($18,000). Son 78 y en toda la Legislatura se emplea – tome nota – cerca de 2,000 personas. Por ley celebran dos sesiones, que les mantienen legislando por cerca dos terceras partes del año.

En su programa de gobierno 2012, el PPD adoptó la idea de reducir el presupuesto de la Legislatura en al menos 30%; eliminar la dualidad de salario y dieta, y el pago para transportación; descartar la segunda sesión ordinaria; establecer el concepto del legislador ciudadano con la idea de permitir que “todos los puertorriqueños de todos los sectores y vocaciones puedan desempeñarse como representantes del pueblo”;  y “adoptar un estricto código de ética que recoja y reglamente las funciones y los parámetros del desempeño del legislador ciudadano de manera que eviten situaciones conflictivas”.

La propia ley de legislador a tiempo completo ha permitido que el representante y senador pueda “tener ingresos netos fuera de los de legislador hasta una cantidad no mayor del 35%” de su total de ingresos. 

Cuando se sienten a implantar la reforma, el salario que se les asigne (¿limitarán los ingresos fuera de la Legislatura?) y las normas éticas (evitar la compra oficial de legisladores por empresas interesadas en el proceso y reglamentar con fuerza la contratación de familiares en todo el sistema) serán determinantes.

Lo bueno o lo malo dependerá de los detalles.

De lo que no hay duda es que el gobernador Alejandro García Padilla ha sido consecuente en defender el programa de su partido en esta ocasión. 

A ver si exhibe la misma firmeza en otros temas, como los compromisos en torno al status que prometió poner en marcha a partir de este mismo mes.

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