Por 60 años el PPD ha celebrado un cambio de status – realmente una Constitución que tuvo que ser aprobada por el Congreso – que Washington sostiene no alteró la base de poder del legislativo federal sobre Puerto Rico.
Para los próximos 60, el panorama no luce alentador.
Sin consenso y con los partidos teniendo el control absoluto del proceso, difícil lograr avances. Han convertido el debate de status en un limón. Y mientras más lo exprimen, más agrio el sabor.
El gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) – con el apoyo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) – se ha ideado un referéndum de status de dos preguntas, junto a las elecciones generales del 6 de noviembre, que mientras más se discute más se enreda.
Entre los sectores que no son del PNP se considera que el plebiscito, como fue legislado, es una estrategia para el gobernador Luis Fortuño tratar de movilizar más estadistas a las urnas, aún cuando puedan estar desencantados con su trabajo.
En el PPD, se ha decidido hacer lo mismo. Se quiere utilizar el plebiscito para que se acomode a su interés primordial: ganar las elecciones generales de noviembre.
Van a pedir votar Sí por el actual status territorial (colonial) como un rechazo al gobierno de Fortuño.
Su decisión de votar a favor de la “condición política territorial actual” – eso es lo que aparece en la papeleta de status -, dicen que la basan en un esfuerzo por aglutinar el rechazo que perciben le dará el electorado a Fortuño en noviembre.
Pero, a cambio le recomendarán al electorado que no vote en la segunda pregunta, en la que las alternativas – en una pregunta cuyo valor vinculante dependerá del resultado de la primera – son votar por la estadidad, el ELA soberano fuera de la cláusula territorial de la Constitución de EEUU y la independencia.
Dicen que quieren votar en la primera pregunta en contra de Fortuño, pero en la segunda, en la que sí aparece el nombre del ELA, se abstienen de expresarse en contra de la estadidad.
Difícil no percibir esa decisión como una con la cual el PPD, bajo la dirección de Alejandro García Padilla, decide que puede tolerar que se les asocie con el ELA territorial, pero no con el ELA soberano.
Más aún cuando en la propia reunión de la Junta de Gobierno se discutió la alternativa de votar también por el ELA soberano como un rechazo a la estadidad.
Aún si todo les sale bien en la primera pregunta, al PPD le puede nacer un grupo significativo de electores que le lleven la contraria y también voten por el único status descrito como un ELA que verán en la boleta electoral.
Como van las cosas también se puede concretar el temor de los ex gobernadores Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló, ambos del PNP, de que el referéndum le envié al Congreso un mensaje que provoque aun más confusión sobre el debate de status en Puerto Rico.
Ese escenario surgiría principalmente si el ELA territorial gana la consulta, pero la estadidad es la alternativa favorita para un futuro cambio de status.
No sería muy distinto a lo que ocurrió en 1998, cuando triunfó la alternativa “ninguna de las anteriores”.
Pero, en el voto de 1998 por lo menos cuando se votó por “ninguna de las anteriores” quedó también rechazado el ELA territorial.
En Washington, seguramente, mientras más escuchen el nivel del debate sobre el status que tiene lugar en San Juan más se reafirmarán en no menear la olla.
No debería ser tan complicado lograr consensos para dejar atrás la situación de subordinación política en la que se encuentra Puerto Rico.
La decisión del PPD de pedirle a sus electores votar por el actual status territorial ya está tomada.
Como parte de su anuncio, han vuelto a repetir que favorecen la Asamblea Constitucional de Status. ¿Pero, le pondrán garras a esa idea? ¿Se comprometen a convocarla en el primer semestre de 2013?
Sin un plan concreto, ¿cómo no interpretar que su respuesta al plan del PNP es proponer cuatro años más de inmovilismo?

Desde el verano de 2001, es el corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington. Anterio...


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