Una vez más, nuestro país se sumerge en una controversia fútil, diseñada para distraer al pueblo. En este caso, me refiero al debate en torno a la limitación del derecho a la fianza.

Si usted desea saber mi posición, la misma es muy sencilla. Creo que, en términos generales, el pueblo no debe limitar sus propios derechos. Por lo tanto, no creo en restringir más la fianza.

Además del principio ético expresado en el párrafo anterior, me parece que la medida es innecesaria. Si la legislatura puertorriqueña deseara hacer una diferencia, debería aprobar una ley muy sencilla: exigir que se demuestre la procedencia del dinero que se emplea para las fianzas y el que se les paga a los abogados defensores.

Explico mi punto. Imaginen que ocurre un asesinato horrible y la fiscalía acusa a un jovencito de 22 o 23 años de ser el responsable. El juez, indignado ante la gravedad del crimen, impone una fianza altísima, que requiere depositar más de $100,000. Sin embargo, el jovencito presta la fianza en efectivo, a pesar de estar oficialmente desempleado. No contento con eso, el acusado aparece en sala con uno de los abogados más conocidos del país, de esos que cobran más de $50,000 por caso y que solo aceptan pagos en efectivo. Para mí, el que un muchacho desempleado tenga acceso a tanto dinero en efectivo es prueba suficiente de que es un criminal. Le aseguro que si el joven “gatillero” tuviera que probar la procedencia de ese dinero, seguramente quedaría encarcelado hasta el día del juicio.

Ahora bien, también debemos preguntar cuál sería el impacto de la medida para limitar la fianza en casos graves en la lucha contra el crimen. En mi opinión, si la propuesta fuera aprobada no va a tener mayor impacto en la vida diaria del pueblo puertorriqueño. Si se aplica el estatuto correctamente, el número de acusados afectados sería mínimo. Claro está, la medida también podría ser aplicada incorrectamente, lo que sería funesto para el país.

Finalmente, la restricción de la fianza no es un disuasivo contra el crimen. A los criminales habituales no les importa su propia seguridad. Y si no les importa jugarse la vida para robar unos cuantos cientos de dólares, menos les importa estar “guardados” en la cárcel por un poco más de tiempo. Los criminales empedernidos no le tienen miedo a la prisión.

Termino indicando que, en mi opinión, la medida para restringir la fianza tiene motivos electorales. Desde hace algunos años, el Partido Republicano de los Estados Unidos ha usado la táctica de presentar legislación simpática a las personas conservadoras para motivarlas a ir a las urnas. En este caso, el pueblo de Puerto Rico tendrá ante sí dos asuntos el 19 de agosto: la restricción de la fianza y la reestructuración de la legislatura. Aquí el gran premio para el partido de gobierno es el cambio en la asamblea legislativa, pues la nueva estructura electoral lo beneficia.

¿Cómo debe votar usted? Esa decisión es suya. Use su mejor criterio y vote de acuerdo con lo que usted crea que sea mejor para el país. Pero vote sin ilusiones, porque Puerto Rico no tendrá paz mientras el desempleo crónico y la descomposición social sigan empujando a la juventud al uso y trasiego de drogas.

¿Qué opina usted? Le invito a compartir su opinión, comentando tanto el contenido de esta columna como los comentarios de otros lectores y de otras lectoras.

El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com