Al erario público ya le ha costado sobre $5 millones el proceso dirigido a “reformar” la Policía de Puerto Rico.

Dos millones de dólares fueron utilizados para pagar contratos a la empresa de cabilderos Wilmer & Hale, a la que se le encomendó tratar de detener en las altas esferas de Washington una demanda que  se sabía inevitable desde el informe de septiembre de 2011 de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal en contra de la Policía.

Otros $3 millones se destinaron a pagarle a la empresa de Warshaw y Asociados, dirigida por el ex jefe de la Policía de Rochester Robert Warshaw  y que tuvo a su cargo sugerir cambios en el departamento policial con los cuales también intentaron frenar la demanda federal.

Por más de dos años, el gobierno de Luis Fortuño trató de convencer a Justicia federal de que no hacía falta una demanda para obligarle a hacer cambios que propicien respeto a la libre expresión de los ciudadanos, transparencia, controles internos y una revolución tecnológica en la Policía.

A los cabilderos hay que reconocerles que trabajaron bien en favor de la imagen de Fortuño, pues convencieron al gobierno de Barack Obama – que no quería lastimar potenciales electores boricuas en Florida – de que era mejor dejar la demanda para después de las elecciones en Puerto Rico y Estados Unidos.

Las consecuencias de las exigencias federales para lograr un vuelco en el funcionamiento de la Policía – que se extralimitó tremendamente durante el gobierno de Fortuño-, se verá realmente en los detalles del proceso.

Ya el Gobierno federal reconoce que la oficina de monitoría que se establecería conjuntamente – claro está en última instancia el control quedará en manos federales – tendrá que ser pagada con fondos del gobierno de Puerto Rico.

Un buen espejo para mirar la reforma que Washington le exige al Gobierno de Puerto Rico es la Policía de Los Ángeles, donde solo la oficina del monitor federal le costaba a la ciudad californiana alrededor de $1 millón al año.

Como establece la demanda al gobierno de Puerto Rico, el acuerdo por consentimiento de Los Angeles – también fundamentado en una demanda judicial - estaba supuesto a permitir una reforma de la Policía en cinco años.

El proceso en Los Ángeles, sin embargo, tardó 10 años y  obligó a la ciudad a desembolsar cerca de $200 millones, incluidas las asignaciones para la modernización de los sistemas de información y vigilancia del departamento policial.

Allá el peso del proceso lo tuvo siempre el monitor federal, al que ahora en el “acuerdo” de San Juan lo  describen como un “asesor” a cargo de que se haga cumplir la reforma.

Todo el lenguaje del acuerdo ahora evitar tratar de dar la percepción de que el Gobierno federal ha puesto en sindicatura a la Policía de Puerto Rico.

Pero, el que ordena este proceso es Washington y al que última instancia le tendrá que rendir cuentas La Fortaleza es a un juez federal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también le ha ofrecido al gobierno de Puerto Rico crear un puesto en San Juan que sirva de “enlace federal” y coordine todos los programas que tienen en la isla. Esa es una de las respuestas que tiene que darle a Justicia federal -  temprano en el año- Alejandro García Padilla, una vez ya haya jurado como gobernador de Puerto Rico.

Si en algo han coincidido los gobiernos saliente y entrante en este proceso es en rechazar que la figura a cargo del proceso de reforma se le describiera como un  “síndico federal”.

Ninguno quería tampoco la demanda federal, pues preferían que todo el proceso fuera hecho a través de un acuerdo administrativo entre la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia federal y el gobierno de Puerto Rico.

Pero, desde el mismo 8 de septiembre de 2011 en que se presentó el informe federal por violaciones a derechos civiles, la suerte estaba echada.

Jose.delgado@gfrmedia.com    Twitter: @JoséADelgadoEND