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José A. Delgado

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20 de marzo de 2011

La cláusula territorial

El lenguaje utilizado en el informe de la Casa Blanca para definir la fórmula política de Estado Libre Asociado (ELA) ha avivado dentro de la jefatura del  Partido Popular Democrático (PPD) el argumento de que Puerto Rico no es un “mero territorio” de Estados Unidos.

El informe del grupo interagencial del presidente Barack Obama acentúa, sin rodeos, que bajo el ELA Puerto Rico  está “regido” por “la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos”.

También rechaza contundentemente la posibilidad de que pueda haber un ELA que ahora o en el futuro represente un pacto del cual ninguna de las partes pueda zafarse sin consentimiento mutuo.

Pero, a su vez le reconoce al ELA una “significativa autonomía local” que el ‘task force’ considera que “nunca se debe reducir ni amenazar”.

Aunque insatisfecho con la expresión de que el ELA está sometido a la cláusula para territorios,  por no afirmarse directamente – como ocurrió en la era del ex presidente George W. Bush y se ha subrayado en debates legislativos  recientes - que el Congreso tiene “ poderes plenarios” sobre Puerto Rico, en el PPD hay cierta satisfacción.

“El task force reconoce que el ELA supuso un cambio significativo en la relación con Estados Unidos”, indicó  José Alfredo Hernández Mayoral, responsable de los asuntos federales en el PPD, quien destacó que no se alude a la expresión del informe de Bush de 2007 en el sentido de que “Puerto Rico permanece ‘plenamente’ regido por la autoridad del Congreso”.

Alguna de la jurisprudencia más importante del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el status político de la Isla ha mantenido que Puerto Rico “pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos” (1922); que la Isla sigue sometida a la cláusula territorial y que por ello el Congreso tiene poder para discriminar en términos del acceso a programas de asistencia federal (1980); y que la autonomía del ELA es como la de los estados (1982). Esa jurisprudencia sigue vigente,

Expertos constitucionalistas consideran que mientras Puerto Rico siga sometido a los poderes del Congreso, la discreción sigue en manos del legislativo federal no del pueblo puertorriqueño.

Y ese es el problema.

Para Antonio Fernós, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Interamericana, “la definición precisa en el Derecho Constitucional de Estados Unidos” es que la cláusula territorial le asigna el poder al Congreso para “disponer de los territorios y otra propiedad”.

“Nuestro archipiélago es propiedad de Estados Unidos. La gente es otra cosa”, advirtió Fernós.

El constitucionalista José Julián Alvarez González, profesor de la Escuela de Derecho de la UPR, cree que el PPD trata de sacar provecho  a la “típica discusión escolástica sobre cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler”.

Para Alvarez González, la pregunta clave no es cuan plenarios son los poderes del legislativo federal sobre la Isla, pues puede depender de si Estados unidos quiere ejercerlos, sino si bajo el ELA  Puerto Rico–  que no tiene participación en las decisiones del Gobierno federal  - “puede, sin autorización del Congreso, hacer cosas que los estados no pueden hacer”.

“La respuesta es no. Si a eso le unimos que sí se ha resuelto que el Congreso puede gastar menos dinero en Puerto Rico del que vendría obligado a gastar equitativamente en los estados en programas federales de aplicación general, el panorama no puede ser peor”, agregó Alvarez González.

Carlos Ramos, también profesor de Derecho Constitucional en la UIA, advirtió, por su parte, que la renuncia parcial a poderes que alega el PPD pierde vigencia ante la aceptación – como lo precisa también el informe de la Casa Blanca – de que las decisiones de  “un congreso no pueden amarrar a futuros congresos”.

“La conclusión tajante de que el ELA actual así como cualquier ELA futuro no está ni puede estar fundamentado en un acuerdo de ‘consentimiento muto’ descarta esa interpretación (del PPD)”, afirmó Ramos.

Para el profesor Ramos, cualquier interpretación futura del Tribunal Supremo de Estados Unidos tendrá la intención de “acomodar los intereses de las ramas políticas del Gobierno (federal) y no los intereses de los defensores del ELA”.

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