Es media tarde. En un cuarto en penumbras, hay un cuerpo desnudo, solo, acostado sobre una gélida plancha de metal. Es un bebé. De tres meses. Murió horas antes, en el apartamento de los padres en el residencial Monte Park en Río Piedras. A esta hora esta allí solo, en las penumbras, morado ya tal vez, un poco hinchado quizás, esperando que alguien lo reclame.

Sus padres debieron habérselo llevado hace rato. Debieron haberlo levantado de la gélida plancha de metal donde se colocan los cadáveres en el Instituto de Ciencias Forenses y echado sobre su cuerpo una manta tibia aunque de nada le sirva porque ya no vive. Debieron haberlo colocado con sus mejores galas en el centro de la sala de casa, rezarle un rosario, cantarle quizás algunos salmos, llorarlo, hacer, en fin, todo lo que en nuestra cultura se hace para preparar la vida para la larga ausencia.

Los padres no habían podido reclamarlo porque estaban en esos momentos del pasado jueves siendo interrogados, por horas, por quienes sospechaban, tal vez con razón, tal vez sin ella, que a lo mejor algo tenían de culpa en el repentino deceso del infante.

Nadie se preguntó, al menos en público, si estaban “muy afectados”, cómo se preguntaron, muy en público, los que investigaron al principio la muerte del niño Lorenzo González Cacho en Dorado, o de Carmen Paredes en Guaynabo. En ambos casos, alguien juzgó que los familiares estaban “muy afectados” y convenía darles un par de días para que sepultaran a sus seres queridos en paz.

Hay algunas diferencias entre el caso del bebé de Monte Park y los otros dos y al examinarlas se topa uno con una úlcera sangrante y fétida en el rostro de nuestro sistema de justicia. Los padres del bebé de Monte Park son pobres y poco educados. La madre y demás familiares de Lorenzo tienen educación y dinero. En el caso de Carmen Paredes, igual, pero, más aún, hay hasta un juez federal en la ecuación, el padre del marido de la occisa, a quien se le ha llamado, desde el primer día, con esa capacidad que hay aquí para inventar términos que no dicen nada, “persona de interés” en el caso.

Los de Monte Park viven impotentes ante el inmenso poder del Estado. Los de Dorado y los de Guaynabo tienen tremendas baterías de abogados, conocen bien sus derechos, han podido hasta realizar sus propias pesquisas, tiene una que otra conexión en las esferas de poder. En palabras claras, ya sin rodeos, en arroz y habichuelas, a calzón quitao o como le parezca menos incómodo al que lee: los de Monte Park son pobres y los otros son ricos.

No hay manera bonita de decir esto. La justicia aquí no es igual para todos. A unos, a los que carecen de los medios para defenderse, el Estado se les tira encima como un león a un cervatillo embadurnado en salsa barbecue. A los otros, a los que tienen con qué, se les trata con la delicadeza de quien manipula a una pieza de cerámica.

No importa que el bebé de Monte Park no tuviera signos de violencia visibles, mientras que Lorenzo había sido desfigurado a golpes, y que a Carmen Paredes le hubieran roto la vida con disparos de precisión en la frente y en el pecho. A los de Monte Park hubo que interrogarlos el mismo día y a los otros se les dio el espacio para que absorbieran su pena.

Saber esto y mirarlo de frente es como tragar un sapo, sobre todo si se toma en cuenta que no son estos los únicos casos. Un exjuez del Supremo cuya esposa fue hallada apuñalada en su apartamento en El Condado en agosto de 2010 también tuvo su trato “vip”. A un chico de 15 años de un campo de Ciales que por accidente mató a su hermano de 13 de un perdigonazo el año pasado lo arrestaron y acusaron en pleno velorio.

La cosa es peor, si se le mira bien, cuando se sabe que, a veces, estas diferencias cuestan la misma justicia. En el caso de Lorenzo, por ejemplo, la incredulidad de los agentes y fiscales de que alguien que tenía una casa tan bonita pudiera cometer un crimen atroz permitió que la escena del crimen fuera alterada de tal manera que aún no se ha podido acusar a nadie.

Ojo, que aquí nadie está diciendo que nadie sea culpable de nada. Lo que se está diciendo es que el trato de las autoridades varía de acuerdo al escalafón social de los posibles implicados. ¿Quién, entonces, viendo esto, podrá seguir teniendo la osadía de decir que todos somos iguales ante la ley?