La necesidad de una verdadera reforma contributiva se ha planteado hasta la saciedad en Puerto Rico. Incluso, el reformar el ineficiente sistema tributario local, figura como una de la prioridades de la administración de Luis Fortuño.
Sin embargo, la posibilidad de que esto suceda se ve cada vez más lejos.  Pese a que reformar dicho sistema no es cáscara de coco, Puerto Rico no se puede dar el lujo de aplazar el intento.
 La pregunta del momento: ¿Cómo se podrá viabilizar una verdadera reforma cuando los recaudos de Hacienda siguen en deterioro? La lógica te dice que si el Estado no está recaudando suficientes ingresos, ¿cómo entonces podrá financiar la propuesta de ofrecer alivios contributivos para los ciudadanos?
La respuesta es sencilla. Es vital  ampliar la base contributiva e incrementar la captación del IVU.  Algunos dicen que  lograrlo no es tan sencillo. Pero  tal vez es que  no hay  voluntad para hacerlo.
 Estudios realizados en el 2009 por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados arrojan que si la captación del IVU, que según ellos ronda en apenas un 52%, se elevara a un 65%, las arcas del Gobierno recibirían  unos $285 millones adicionales al año. ¿Entonces por qué no trabajar para lograrlo?
  El incrementar la captación del IVU es vital para el País, no sólo para financiar los alivios contributivos prometidos, sino para hacer justicia a todos los consumidores que hoy día pagan un 7% más por la mayoría de los bienes y servicios que compran a diario.
 El que la captación del IVU sea de apenas un 52% es un dato simplemente bochornoso.   Se traduce  a que casi la mitad de lo que se paga en IVU no se utiliza para lo que se supone. Eso, señores,  en cualquier liga se llama robo.
 Hace tiempo que el Departamento de Hacienda tenía  que hacer su prioridad número uno el aumentar la captación del IVU e ir tras el evasor contributivo.
Y por cierto, los evasores contributivos vienen  de todos los tamaños. Grandes empresas, medianas, pequeñas e individuos, incluyendo abogados, médicos, contratistas, relacionistas, chiveros, mecánicos,  contables y la lista sigue.
Igual pasa con las miles de propiedades que el CRIM no acaba de tasar. La solución no debe ser imponer un nuevo gravamen  a las propiedades que ya pagan su dinero al Estado, tal y como se ha hecho con el impuesto especial temporero sobre la propiedad.
La solución debe ser que las agencias pertinentes se pongan para su número y realicen un esfuerzo agresivo y coordinado para ampliar la base contributiva y para que se pueda poner en vigor una verdadera reforma que haga justicia a todos los contribuyentes.