El viernes entró en vigor el plan piloto del Departamento de la Familia  “Buen Provecho” que le permite a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) comprar alimentos preparados en establecimientos de comida rápida.

Papas fritas, batidas, hamburguesas, ensaladas, yogurts, mantecados, emparedados. Usted pida por esa boca que con el PAN  ahora se puede.

Claro no todos se benefician. El proyecto piloto es para tres grupos: Envejecientes, deambulantes y discapacitados.

Pero esto podría ampliarse  si prospera un proyecto de ley de la autoría de Jenniffer González  para permitirles a todos los beneficiarios del PAN  comprar alimentos preparados.

Irónicamente, mientras toda esta movida se cuaja aquí en  Puerto Rico, en Nueva York el alcalde Michael Bloomberg le está solicitando al Gobierno federal  permiso para prohibir que los beneficiarios de cupones de alimentos de dicha ciudad puedan comprar  refrescos o bebidas con un alto contenido de azúcar.

La movida de Bloomberg viene motivada por un esfuerzo agresivo de su administración para contrarrestar la obesidad.  Un esfuerzo que parece ir en una dirección totalmente contraria al plan “Buen Provecho”  de Puerto Rico.

Pero antes de que se alteren algunos lectores, sí, es cierto, con la tarjeta del PAN  cualquiera puede ir a un supermercado y comprar refrescos, manteca, papitas saladas y toda la grasa del mundo. También puede tomar un 25% de los fondos y sacarlo en  efectivo para  comprarse lo que quiera, incluyendo cigarrillos y whisky. 
 Pese a esto,  creo que la mirada que se le debe dar al PAN debe ir más allá de  si se compra el alimento en un fast food o en un supermercado.

Claro está, aquí en Puerto Rico los supermercados -al igual que otros grupos-   han puesto el grito en el cielo con el plan Buen Provecho,  mientras que los restaurantes han cabildeado para que se les permita participar del PAN. 

Esto no debe sorprender, considerando que Puerto Rico recibe $2,000 millones anuales por estos fondos y por razones obvias, todos van a querer una tajada.
Poniendo a un lado esta batalla, insisto en que la mirada y los esfuerzos deben enfocarse en  qué tipo de alimentos  se le permite a la gente comprar con estos fondos. 

Tanto en el supermercado  como en los fast foods se consigue tanto comida saludable como comida nefasta. Pues entonces, por qué no limitar los fondos del PAN a la compra de alimentos que sean saludables. Tanto en restaurantes como supermercados y fondas.

Hace dos semanas, le hice este mismo planteamiento a una persona y su respuesta fue: “Por favor, eso sería superdifícil. Además, el Estado no se tiene que meter en lo que la gente come”.

Difiero. Si Bloomberg hace unos días presentó un plan para prohibir los refrescos a estos beneficiarios, por qué en Puerto Rico no nos damos a la tarea de diseñar un plan que vaya más allá todavía. Un plan que sólo permita el uso de estos fondos para comida nutritiva.

Y perdonen, pero el  Estado sí se puede meter y decir lo que la gente debe comer si el dinero con el que se va a comer proviene de los contribuyentes.

En la medida en que tengamos una población más saludable, los costos de salud  deben disminuir. Esto no  nos vendría mal,  considerando, por ejemplo, que el  gasto en  tratamientos de condiciones crónicas en la Isla para el 2008 fue de   $5,000 millones, según datos publicados por El Nuevo Día. Esa cifra fue  un 5.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año. Tan sencillo como eso.

En arroz y habichuelas, lo que Puerto Rico le debe estar pidiendo al Gobierno federal es que se permita modificar el PAN para que lo gente coma bien, ya sea un lugar de comida rápida o en un supermercado.