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Desde Washington

José A. Delgado

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2 de enero de 2013

Los retos de Washington

Como gobernador, a Alejandro García Padilla se le presentarán en Washington retos inmediatos que incluyen recortes en las asignaciones federales, la demanda contra la Policía, el estudio sobre las leyes de Cabotaje y un nuevo debate en torno al status de Puerto Rico.

Su prioridad, ha insistido, será promover aquí iniciativas  que le ayuden a crear empleos y combatir el crimen.

Pero, García Padilla piensa que el reto con el que chocará de frente en la capital estadounidense nada más quedar juramentado el 2 de enero como nuevo gobernador de Puerto Rico serán los recortes en fondos que todavía negocian demócratas y republicanos con la idea reducir el déficit fiscal federal.

Antes de las elecciones, los expertos pronosticaban que Puerto Rico pudiera enfrentarse en 2013 a una tijera fiscal federal que pudiera quitarle entre $100 y $300 millones en un solo año, dependiendo de la transacción final entre la Casa Blanca y el Congreso.

“Mientras más recortes haya más necesario será buscar nuevas iniciativas para levantar la economía de Puerto Rico”, indicó García Padilla, quien jura hoy en su puesto, en una reciente entrevista.

Para el Gobernador electo, es claro que la agenda republicana – de prosperar – “afectará principalmente y le quitará oportunidades a las clases media y pobre”, lo que tendrá efectos negativos en Puerto Rico, cuya economía sigue en crisis.

“Los principales retos que enfrentará el Gobernador son lograr que baje significativamente la criminalidad, mantener la disciplina fiscal necesaria para que el gobierno pueda continuar brindando los servicios y haciendo la obra que requiere nuestro pueblo, y propiciar un desarrollo económico robusto que genere más y mejores empleos para nuestra gente”, indicó, por su parte, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien hoy quedará como el principal funcionario electo del Partido Nuevo Progresista (PNP).

A más tardar en febrero, García Padilla conocerá el análisis solicitado por Pierluisi a la Oficina de la Contraloría General (GAO) en torno a cómo afecta a Puerto Rico seguir sujeto a las normas federales de cabotaje, que obligan a la Isla a exportar e importa productos en barcos de fabricación y matrícula estadounidense.

Para mediados de abril, además, habrá tenido que decidir si acepta las condiciones que le impuso el Departamento de Justicia federal al gobierno de Luis Fortuño – a través de una demanda en el Tribunal Federal de San Juan, en la que se recomienda la designación de un monitor - para reformar y supervisar el funcionamiento de la Policía de Puerto Rico.

En su reunión del 13 de diciembre en Washington con altos funcionarios del gobierno de Barack Obama, a García Padilla se le ofreció nombrar un “enlace federal” que ayude a coordinar todos los programas del Departamento de Justicia federal, desde las asignaciones de fondos hasta las iniciativas para combatir el narcotráfico.

García Padilla y Pierluisi pueden estar enfrentados en el debate de status, debido a que el Gobernador electo desmerece los resultados del plebiscito del 6 de noviembre pasado en el que un 54% de los electores rechazó la actual condición territorial y un 61% favoreció la estadidad frente a la independencia y la libre asociación. El porcentaje a favor de la estadidad se reduce al 45% cuando se suman los votos en blanco solicitados por García Padilla como presidente del Partido Popular Democrático (PPD).

Tan pronto vuelva a jurar mañana como comisionado en la Cámara baja federal, Pierluisi quiere utilizar las primeras semanas del nuevo Congreso para buscar coauspiciadores demócratas y republicanos a favor de un proyecto de ley federal que de continuidad a la discusión sobre el futuro político de la Isla.

Pero, García Padilla y Pierluisi han decidido trabajar juntos a favor de la creación de la sección 933 A del Código de Rentas Internas federal – que otorgaría nuevos beneficios contributivos a empresas que hacen negocios en la Isla -,   considerar si es viable pedir una nueva exención a las normas federales de cabotaje y mantener la presión en Washington en reclamo de más recursos para combatir la criminalidad, principalmente el narcotráfico.

“En el área de seguridad pública la clave será continuar trabajando en equipo con las agencias federales de ley y orden para sacar de circulación a los narcotraficantes y criminales violentos, así como para reformar y mejorar nuestra Policía”, sostuvo Pierluisi, quien tiene previsto, además, aspirar a la presidencia del PNP.

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