La semana pasada, un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), reveló a este periódico la manera en que a veces se veía obligado a realizar su trabajo, que es el de cortar la luz a los clientes que no la pagan. Relataba que, al llegar a ciertas barriadas o residenciales del País, tenía que negociar con el dueño del punto. Copio textualmente del reportaje un ejemplo de las “instrucciones” que puede recibir un empleado de la AEE: “Mira, la luz de este la voy a pagar yo; la de éste no, pero no puedes cortarla; y a ése, córtasela”.

 Puerto Rico no es un narcoestado, pero historias como éstas llevan a concluir que el perfil de gobernabilidad está ahora mismo tan adulterado, que nada puede descartarse. Se trata de un fenómeno que avanza a una velocidad de vértigo. La negación por la negación no conduce a nada, sólo a engañarnos a nosotros mismos. Los empleados de la AEE fueron pródigos en detalles. Narraron, por ejemplo, que los dueños de los puntos también disponen de llaves especiales, que sólo tienen en la Autoridad, para abrir gabinetes y contadores, donde guardan la droga o estampitas de la virgen.

 Hay que presumir que los empleados de Energía Eléctrica, cuando llegan a las oficinas, informan a sus supervisores sobre estos “pequeños contratiempos”. Supongo que habrán contado que han tenido que pedir permiso al dueño del punto, ya que este decide cómo y cuándo trabajan en su territorio. La pregunta es: ¿avisan en ese momento a la Policía? Y si la respuesta es sí, ¿qué hacen entonces las autoridades?

 Los dueños de los puntos se están convirtiendo en el equivalente de los “señores de la guerra” en Afganistán. No es exageración, si nos atenemos a lo que cuentan los trabajadores de la AEE. Estoy segura de que si se entrevistara a otros empleados, de otras agencias como Acueductos, que también realizan su labor en la calle, contarían historias similares.

El secretario de Justicia, Guillermo Somoza, reaccionó airado a las advertencias de que Puerto Rico podría devenir en narcoestado si no se toman medidas urgentes. Dijo, entre otras cosas, que no había visto aquí un solo caso de juez, fiscal o jefe de agencia que estuviera involucrado en el narcotráfico.

Pues no sé, pero se me ocurre preguntar lo siguiente: ¿acaso no se han dado en Puerto Rico decisiones judiciales incomprensibles, que han beneficiado descaradamente a narcotraficantes, a sus acólitos, o a los sicarios, y en las que todo el mundo ha podido leer entre líneas? ¿Acaso no es secreto a voces que en ciertas regiones del País, algunos jueces de determinadas salas han estado más inclinados a escuchar razones y tecnicismos que les permitan dejar en la calle a los pejes gordos? Entonces no se puede ser tan tajante de decir que “no, ninguno, ni un solo caso”. Porque la verdad nos estalla en la cara.

En definitiva, lo que sí corre por todas partes, a borbotones y salvajemente, es el dinero sucio.

Y si eso no es un mal síntoma, la base misma de la podredumbre que penetra y controla, a ver qué cosa lo es.

Lo que se daba a conocer en otro reportaje, publicado también por este diario, sobre la manera en que se mueve y se blanquea el dinero que genera el narcotráfico, es asombroso. El vicepresidente de la Asociación de Bancos, que estoy segura de que se expresó con cautela, tratando de ser más bien conservador, admitió que más de la mitad de las ventas al detal realizadas este año en Puerto Rico, se habrían hecho en efectivo. El total de esas ventas ronda los $35,000 millones. Pues el 51 por ciento, más de $17,000 millones, se consumaron a billetazo limpio.

De igual modo, se aseguraba que la economía informal de la Isla oscila actualmente entre los $12,000 millones y los $14,000 millones al año, de los cuales unos $9,000 millones podrían estar vinculados al narcotráfico. No tiene que decirlo el periódico, porque eso se palpa en la calle. Está a la vista de todos. El entramado es tan complejo que, con tirar un poquito del hilo, se desborda esa estructura paralela, cada vez más sórdida y audaz.

Uno de los entrevistados en el mencionado reportaje aseguró que sin el movimiento del dinero sucio, innumerables negocios se vendrían abajo.

Y, lo que no puede negar nadie, ni el secretario de Justicia ni ningún funcionario de Gobierno, es que los ajustes de cuentas entre los distintos bandos, los crímenes a plena luz, cada vez se cometen con mayor impunidad, se amontonan en los escritorios sin llegar a resolverse nunca.

Si para medir la fragilidad de un estado no son indicios suficientes la guerra callejera, el blanqueo de capitales, la actividad económica artificial y la pérdida de gobernabilidad en sectores cada vez más vastos, ¿cuáles lo son? Indica el secretario de Justicia que aquí el narcotráfico no ha penetrado las instituciones, y que por eso no somos ni seremos jamás un narcoestado. Pero en definitiva, ¿qué narcoestado admite que lo es? ¿Qué gobierno acepta que sus instituciones ya han sido fichadas e infiltradas?

Por lo pronto, da miedo oír al hombre que controla el punto y que resuelve el tema de la luz: “La de este la voy a pagar yo; la de este no, pero no puedes cortarla; y a ése, córtasela”. Demoledor.