Por:  Francisco J. Santiago-Ávila, Rohemir Ramírez Ballagas, David Palos y Evaristo Rodríguez

La semana pasada, el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) hizo públicas sus recomendaciones para subsanar la crisis fiscal y financiera por la cual atraviesa Puerto Rico. Desde entonces, el CAREF y sus medidas han sido criticadas constante e incansablemente por múltiples los sectores. Más importante aún, varios de los economistas más prominentes, tanto de la academia como del sector público y privado, han arremetido contra las medidas, dudando de la efectividad de las mismas para resolver el problema que pretendían atacar.

Primero que todo, queremos agradecer a los miembros de este comité por dedicar su tiempo a resolver los problemas del País, lo que no es su obligación. Sin embargo, entendemos que varias de las medidas recomendadas no cumplirán con las metas establecidas, sino que, en algunos casos, abonarían y agravarían el problema que intentan mermar. Entendemos que esto podría ser un producto del enfoque puramente empresarial y contable que le dio el comité al problema, cuando lo necesario era brindarle uno económico y social.

De hecho, el problema de enfoque comenzó con la constitución del CAREF por el gobernador Luis Fortuño. Este consejo se compuso de un grupo homogéneo de empresarios, abogados y contables de varias de las empresas más prominentes de la Isla; personas extremadamente conocedoras y exitosas en sus áreas. Lamentablemente, se compuso sólo de estas personas, de las cuales, a pesar de toda su competencia, ninguna presentaba – y menos ahora, con las medidas recomendadas – el conocimiento económico necesario para formular el tipo de medidas que se les estaba pidiendo, o para prever los problemas de la implantación de las mismas. En este comité no había presencia alguna de tan solo un economista, o de cualquier otro sector al cual le afectarían las medias. Esa falla es más bien del Gobernador y no del CAREF. Este error engendró a todos los demás. Luego de la composición, el dilema es sencillo: un árbol de manzanas sólo da manzanas, nada más.

A esto se suman las restricciones de tiempo con las cuales tuvo que trabajar el comité, por la gravedad e inmediatez del dilema. La complejidad del problema amerita un análisis económico profundo, tanto de las medidas como de sus implicaciones, para evitar caer en la superficialidad y en errores. Análisis que no se produce en dos meses.

El enfoque empresarial/contable, exclusivamente cuantitativo, que le dio el comité a la situación, se concentró en la reducción de gastos e incremento de ingresos por medio de medidas impositivas que, ciertamente, darían una ilusión de seriedad ante las casas acreditadoras para evitar una degradación del crédito de Puerto Rico. Pero, las implicaciones para el desarrollo económico y social de algunas medidas resultarían nefastas. Además, existen varias dudas y discrepancias entre economistas sobre cuánto se recaudaría y ahorraría con la implementación de estas medidas. Incluso, existen dudas sobre la cifra de $3,200 millones de déficit que tiene el gobierno y sobre la cantidad de los déficits posteriores.

Sin duda alguna, el primer paso para una verdadera reconstrucción fiscal debe ser el control de gastos en el gobierno. En este ámbito, estamos de acuerdo con muchas medidas permanentes que propone el Comité, comenzando por una mejor fiscalización del sistema contributivo y la eliminación de evasores y deudores, junto con la fiscalización y captación del 100% del IVU. Igualmente, entendemos que, para la reducción de gastos, son esenciales algunas medidas como la reducción de empleados irregulares, transitorios o de confianza – a lo que se debe añadir un tope de salario –; la reorganización de la Rama Ejecutiva; las medidas de austeridad para reducir el 10% de gastos generales de funcionamiento de las agencias; y la congelación de contratación de empleados y prohibición de la creación de plazas nuevas y eliminación de plazas vacantes.

Por otro lado, nos pronunciamos totalmente en contra de otras propuestas de reducción de gastos en el gobierno que lo único que hacen es afectar a sus empleados y agravar la crisis económica. Medidas como la reducción de la jornada laboral, la moratoria de cláusulas económicas de convenios colectivos y el despido de 11,000 empleados sólo actúan para agudizar aún más la recesión, creando contracción económica e inseguridad entre los consumidores. Esta desconfianza podría causar que los consumidores consuman menos, por temor a las contribuciones e impuestos que tendrán que pagar en un futuro. Esto tendría un efecto negativo en los recaudos por IVU, al igual que en el pago de contribuciones sobre ingresos. Sin embargo, en el caso de los 11,000 empleados contratados después del primero de julio de 2008, recomendamos que no se les renueve el contrato si no se han identificado los fondos, pero que de ninguna manera se despidan.

De la misma forma, nos pronunciamos en contra de medidas como la moratoria de créditos contributivos; la sobretasa de 5% a las corporaciones; la sobretasa de contribuciones sobre ingreso para individuos y la revisión de la exoneración de contribución sobre la propiedad inmueble; y la imposición de una sobretasa de la contribución. Dos de los factores principales que buscan las empresas para establecerse en un país son la estabilidad del sistema contributivo y la confianza que puedan tener en el mismo. Cambiar la tasa contributiva daría una impresión de inestabilidad en el sistema contributivo, lo cual crearía un disuasivo para las empresas ya establecidas y por establecerse y, en estos momentos, el País no puede darse el lujo de poner en peligro el motor principal de su modelo económico.

Igualmente, los individuos disminuirían su consumo debido al aumento en las contribuciones y la inseguridad de qué cantidad tendrían que pagar. Además, esto podría causar más evasión contributiva y menos captación del IVU. Reconocemos que el sistema contributivo necesita una reforma, pero estas disposiciones son medidas contributivas aisladas, sin cohesión alguna, ni salida y/o alivio para el contribuyente. Para una verdadera reforma es necesario un análisis profundo y preceptos certeros y cohesionados, que mejoren la fiscalización, reduzcan la evasión y, en momentos de recesión como el actual, brinden alivio al contribuyente; más aún cuando se piensan establecer impuestos al consumo de otros bienes.

Esto nos lleva a la imposición de arbitrios a las comunicaciones celulares, la gasolina, el aumento en el impuesto sobre el petróleo crudo y los arbitrios a los cigarrillos y el alcohol. Estas medidas se recomendaron sin ningún análisis de consumo sobre estos bienes, ninguna consideración a los conceptos económicos de efectos substitución, elasticidad, demanda y el tipo de bienes a afectarse. El arbitrio a las comunicaciones celulares de un centavo por minuto podría resultar en aumentos ilimitados e irregulares en las facturas mensuales, reduciendo la confianza del consumidor y su consumo. Para resolver este problema, consideramos que una medida más eficiente sería un arbitrio fijo mensual de impacto mínimo a las comunicaciones celulares como, por ejemplo, de un centavo por minuto por la mediana de minutos que habla el usuario en el país o, si esto resultara demasiado oneroso, una tasa fija de una cantidad baja.

Sin embargo, en el caso de la gasolina y el petróleo crudo, pensamos que cualquier tipo de aumento en arbitrios sobre estos bienes presentaría una carga demasiado pesada para los consumidores. Puerto Rico no tiene un sistema de transportación pública efectivo, por lo que el uso de este sistema no sería una alternativa viable. Además, este impuesto se cobraría independientemente del precio del petróleo, el cual, según las proyecciones y la reducción de oferta por parte de la OPEP – Organización de Países Exportadores de Petróleo –, iría aumentando en precio durante el 2009. Por otra parte, este impuesto también aumentaría los costos de transportación de bienes a través de la Isla, lo que encarecería varios bienes para el consumidor. En cuanto al aumento en el impuesto sobre el petróleo crudo, esta medida podría encarecer los precios de energía para el consumidor en medio de una recesión económica.

Este tipo de disposiciones sólo lastimaría a la clase trabajadora, uno de los motores de cualquier economía. Lo que resulta curioso es que, a la vez que imponen todo tipo de medidas para reducir el poder adquisitivo de los puertorriqueños, no se vislumbra ninguna voluntad de hacer algo por el pueblo, sino sólo por las casas acreditadoras. Sin embargo, no todo es insalvable, y Mentes en Acción se ha dado a la tarea de modificar varias de las medidas presentadas, y revivir otras ignoradas por el gobierno, para que sirvan al pueblo, sin tener que afectar tanto su bolsillo, ni poner su desarrollo económico en una situación precaria. La teoría utilizada fue sencilla: empezar por lo innecesario en el gobierno y luego pedirle al pueblo su cooperación, todo con prudencia y sensatez. Invitamos a todo Puerto Rico a que le dé una seria consideración a estas propuestas, y al gobierno, a que comience a trabajar para el pueblo, su único propósito.