La primera vez que escuché esta justificación del alza en el número de asesinatos en el país fue en la década del 1970. Uno de mis familiares, bien conectado políticamente, justificó así los crímenes espectaculares que ocurrieron en esos años: "Los criminales se están matando los unos a los otros". Su mensaje era claro: nosotros no teníamos de qué preocuparnos.

Esa misma justificación ha sido esgrimida una y otra vez por las administraciones de turno para justificar su inefectividad en la lucha contra la criminalidad. Funcionarios de ambos partidos de gobierno han tratado de calmar las ansiedades del pueblo, asegurando que las guerras entre pandilleros no afectan al ciudadano común.

A finales de los 1980 y principios de la década del 90 los tiradores de drogas impusieron la pena de muerte en la calle, lo que disparó el número de asesinatos. Así el número de homicidios pasó de 700, de 800, de 900 y, eventualmente, coqueteó con la marca de los 1,000.

Ante la nueva situación, el consuelo era el mismo: se están matando entre sí. Los únicos ciudadanos que debían preocuparse eran los usuarios de drogas, habituales u ocasionales, que se acercaran a los "puntos".

Así la cifra de asesinatos se estabilizó. Nos acostumbramos como pueblo a ver cómo la fatídica estadística oscilaba entre los 800 y los 900 cada año.

¿Qué cambió en este cuatrienio? Por un lado, la administración de turno comenzó un plan titulado "Golpe al punto". Esto desestabilizó las pandillas que habían funcionado con relativa impunidad por casi 10 años. Las luchas entre pandilleros por el control de los "puntos" se ha tornado más violenta, particularmente cuando nuevos maleantes desean obtener el control de los puntos "desarticulados" momentáneamente por el gobierno.

Por otro lado, los maleantes abandonaron su mal llamado "código de honor". Hoy se entran a tiros frente a mujeres, niños y "civiles". Hasta los hijos de algunos pandilleros han sido identificados como "tarjetas" de los sicarios.

Hoy los criminales se siguen asesinando entre sí, pero lo hacen a plena luz del día. Se disparan de carro a carro, en las autopistas y en las carreteras principales del país. Se baten a balazos en centros comerciales y en otros lugares públicos, obviando la presencia de familiares, amigos y ciudadanos ajenos a la situación.

¿Cuál es la excusa de turno? Como ya no se puede decir que se están matando entre sí, ahora le echamos la culpa a la ausencia de un "plan anticrimen", a la Policía, al superintendente, a los fiscales y a las cortes. Usted oye la misma tontería en la radio después de cada crimen espectacular: "¿Y cuándo van a botar al superintendente?"

Estas son soluciones inefectivas; estrategias que no resuelven nada. Si quieren, boten al superintendente de turno y presenten un mamotreto titulado "Plan anticrimen". Vean entonces cómo a los criminales le importa poco quién sea el jefe policiaco. La cifra de asesinatos seguirá en aumento, a menos que se deje operar con cierta impunidad a los tiradores de droga, lo que ocasionará una merma artificial.

¿Y qué de la medicación de las drogas ilegales? Con toda seguridad, eso ayudaría a algunas personas, particularmente a los adictos. Empero, los "dueños de los puntos" no van a abandonar el crimen; sólo van a diversificar sus empresas criminales. El acceso legal a las drogas no les va a inspirar a abandonar el crimen para irse a trabajar.

Si duda de mis palabras, le pido que considere una de las nuevas tendencias en los puntos. Me refiero a la venta de las "perco y pali", un analgésico y un anxiolítico. Ambos son medicamentos legales, accesibles a quienes tienen cuidado médico. Sin embargo, se venden en la calle, donde la gente las compra sin receta. Por eso me atrevo a afirmar que la medicación, aunque sea una buena estrategia, no es la solución definitiva al problema del crimen en la Isla.

¿Por qué hay tanto crimen en Puerto Rico? Sencillo, porque en la Isla hay muchos criminales. ¿Quién tiene la culpa del crimen? El robo es culpa del ladrón; el trasiego de drogas, del tirador; y el asesinato, del asesino. Propongo, pues, que cambiemos la pregunta. En lugar de preguntar cómo atajar el crimen, examinemos cómo podemos producir más gente decente y menos criminales. Es decir, cómo podemos tener más gente que actúe correctamente aunque la Policía no le esté vigilando.

El problema del crimen no se resuelve "botando" gente de sus empleos, redactando documentos o echándole la culpa a la Policía. La lucha anticrimen exige que hagamos cambios serios en nuestra cultura, valorando el trabajo, la honestidad y la integridad. Y eso no se hace en cuatro años. Lo que se ha deteriorado por generaciones, requerirá generaciones para ser restaurado.

¿Qué opina usted? Le invito a compartir su opinión, comentando tanto el contenido de esta columna como los comentarios de otros lectores y de otras lectoras.

El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com