En reacción a una de mis columnas anteriores, un lector afirma que el auge del narcotráfico en Puerto Rico se debe al status colonial de Puerto Rico. Indica que el movimiento de drogas ilegales ocurre porque Puerto Rico es un puente para llevar esa mercadería hacia los Estados Unidos, el mayor consumidor de sustancias ilícitas en el mundo. Y acota que un Puerto Rico independiente tendría el poder político para atajar el trasiego de estupefacientes.

Es innegable que la relación política entre Puerto Rico y los Estados Unidos incide en el tráfico de drogas. Gran parte de esta mercancía ilegal entra a la Isla con el propósito de llegar a los Estados Unidos continentales. Y también es innegable que el motor del trasiego de narcóticos en las Américas es el voraz apetito del pueblo estadounidense por la marihuana, la heroína y la cocaína, entre otras drogas ilegales.

Ninguno de estos argumentos es nuevo. Recuerdo que la primera vez que visité Colombia, mi anfitrión señaló un "graffiti" escrito en una de las calles principales de la ciudad, que decía: "La solución al narcotráfico: que USA no use lo que usa". Y el escrito tenía toda la razón.

Ahora bien, los Estados Unidos no parecen estar interesados en desarrollar una campaña de educación al nivel nacional para contrarrestar el consumo de narcóticos. Y esto es una pena, dado que una merma sustancial en la demanda provocaría una reducción en la producción y trasiego de drogas ilegales en todo el hemisferio. El gobierno de Puerto Rico tampoco tiene una campaña antidrogas coherente. Por lo tanto, la demanda continúa motivando la oferta.

El lector también plantea el asunto del status. Pregunta si un cambio radical en el status de Puerto Rico puede detener el narcotráfico y la ola de asesinatos que sacude nuestra Isla. El lector que reaccionó a mi columna piensa que la independencia es la clave para solucionar el problema. Y sabemos que otros piensan que la solución es la estadidad.

Honestamente, no creo que un cambio en nuestra relación política con los Estados Unidos pueda resolver el problema. Quizás un Puerto Rico independiente pudiera perder su valor estratégico para el trasiego de drogas, causando una merma significativa de ese terrible mal. Empero, es un hecho que poco más de cuatro millones de personas de trasfondo puertorriqueño viven en los Estados Unidos. Por eso, los modelos de independencia que se proponen hoy no cortan la relación con la metrópolis, sino que la transforman. En un Estado Libre Asociado soberano o una república asociada el tránsito de personas y mercadería entre los Estados Unidos y Puerto Rico sería constante. Y esto puede continuar motivando el flujo de drogas ilegales.

Los problemas bajo la estadidad serían similares. Aunque hay quien argumenta que habría más control sobre las costas, la estadidad podría aumentar el intercambio comercial con los Estados Unidos, ofreciendo más oportunidades para el trasiego de mercadería ilegal.

La discusión de estos temas es interesante, pero no tienen un impacto a corto plazo en el trasiego de drogas. Durante los pasados 20 años los dos partidos principales del País han fracasado en sus esfuerzos para detener el aumento constante del crimen. La administración de turno no ha sido la excepción. Y no veo un plan coherente de parte de ninguno de esas colectividades para resolver el problema.

Un plan coherente contra el crimen y el narcotráfico debe incluir, a mi juicio, los siguientes puntos:
• La creación de decenas de miles de nuevos empleos.
• Tratamiento médico para los miles de adictos y alcohólicos que viven en la Isla.
• Organización de las comunidades para que puedan defender sus intereses.
• Vigilancia de las costas, los puertos y los aeropuertos.
• Mejoras dramáticas en la calidad y la seguridad de las escuelas públicas y privadas.
• La lucha continua contra los puntos de drogas, particularmente los que operan al aire libre.
• Cambios radicales en la forma como opera la Policía, creando mejores relaciones entre las fuerzas de seguridad y las comunidades que patrullan.

Estas son sólo algunas sugerencias, entre muchas otras. El diseño, implementación y desarrollo de estas estrategias tomará mucho más que un cuatrienio, por lo cual ninguno de los partidos políticos puede hacerlo sin ayuda de los demás. Para lidiar con el crímen es necesario crear alianzas ciudadanas en las que personas de distintas perspectivas políticas y religiosas puedan unirse para desarrollar estrategias que puedan tener un impacto positivo en la sociedad.

Puerto Rico necesita un nuevo pacto social, mediante el cual organizaciones gubernamentales y no gubernamentales puedan unirse con las empresas, las comunidades y las iglesias para transformar el País. Y esto no se hace en cuatro años.

Lo ideal es que USA deje de usar lo que usa. Empero, en lo que eso ocurre, Puerto Rico no puede quedarse de brazos cruzados. Necesitamos comenzar la reconstrucción del País hoy. 

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El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com