Por: Francisco J. Santiago-Ávila, Rohemir Ramírez Ballagas, David Palos y Evaristo Rodríguez de Mentes Puertorriqueñas en Acción

Como mencionamos anteriormente, hay varias medidas de reducción de gastos en el gobierno con las cuales estamos de acuerdo. Sin embargo, pensamos que se trató de manera muy tímida al ente que ha desperdiciado los fondos de Puerto Rico, y de manera muy agresiva a los que brindan ese dinero. Se debió haber hecho todo lo contrario. En el transcurso de este escrito, proponemos que se implementen medidas mucho más agresivas de control de gastos en el gobierno, y se revivan medidas por las cuales el pueblo ya se pronunció a favor. Sólo dando el ejemplo y comenzando por “limpiar la casa” es que el gobierno puede aspirar a ostentar la fuerza ética y política para pedir la cooperación de la población.

Primero que todo, en cuanto a la reducción de asignación a la Legislatura, la asignación podría ser mucho menor si se cambiara el sistema actual a un sistema unicameral para el 2012, o lo antes posible – mientras más temprano, mejor –, por el cual el pueblo de Puerto Rico se pronunció a favor de manera aplastante en el referéndum del 2005. Esta recomendación, sumada a la eliminación de dietas, celulares y algunos beneficios marginales que el legislador, como servidor público, no debería estar recibiendo, reduciría los gastos de la Legislatura de una manera considerable.

Siguiendo la misma línea, el gobierno, en vez de reducir la asignación de fondos a los partidos políticos, debe eliminarla por completo. Acompañado a esta medida, debe ir un tope en la cantidad de gastos que realiza cada partido político en su campaña electoral. De esta forma, se preserva la democracia y la imparcialidad en el proceso político-partidista. Si cualquier partido político o individuo recaudara más que lo gastado en su campaña, este dinero deberá ser donado a alguna organización sin fines de lucro del País. En cuanto a los municipios, una regionalización de la Isla por medio de la consolidación de municipios resultaría mucho más beneficiosa en términos de reducción de gastos, fiscalización y eficiencia gubernamental, además de la eliminación de duplicidad de trabajos.

Por otra parte, entendemos que los cigarrillos podrían aguantar un aumento mayor a $.50 centavos y, aún más importante, haría una mayor contribución a la salud general del pueblo. Finalmente, en el caso del arbitrio de bebidas alcohólicas, creemos que dicha medida debe incluir una exención de cualquier bebida alcohólica local, ya que el arbitrio a la local podría crear un efecto substitución hacia las bebidas importadas, afectando las ganancias de la industria nativa, y las contribuciones al gobierno de la misma.

Otra de las medidas controversiales del comité comprende una ley para la promoción de las alianzas público-privadas (P3). Entendemos que este tipo de alianza podría resultar extremadamente beneficiosa para el País, gracias, en parte, a las múltiples posibilidades que ofrece este tipo de arreglo, compartiendo los riesgos y beneficios entre el gobierno y la empresa privada. Éste es un tema delicado que, en última instancia, dependerá del marco que se establezca para llevar a cabo las alianzas, la capacidad y el conocimiento que se tenga sobre el proceso. Las P3 han probado ser muy eficientes cuando se administran y fiscalizan cuidadosamente, algo deseable en el ambiente fiscal actual del gobierno, que requiere de eficiencia y liberar recursos.

Por último, para comenzar a establecer un ambiente de prudencia en el gobierno, entendemos que no debe haber ningún tipo de aumento en salario en el gobierno, incluyendo alcaldes. Incluso, entendemos que lo más sensato sería que los que se han aumentado su ingreso recientemente lo disminuyan a los niveles anteriores. Más aún, sugerimos a los nuevos secretarios de agencia designados que anteriormente se encontraban retirados que den el ejemplo, trabajando por un salario de $1.00, al igual que varios empresarios propusieron hacer en Estados Unidos para expresar su compromiso con la revitalización de sus compañías y la prudencia en los gastos. Aún mejor sería que el gobernador, dada su clase económica, y la gran cantidad de beneficios que se le brindan como Jefe de Estado, trabajara por la misma cantidad de $1, dando a conocer su compromiso con el pueblo. Si se está pensando en despidos de empleados públicos, ellos tampoco deberían cobrar.

El gobierno ha sido en gran parte el culpable de esta crisis, tras décadas de ignorar el problema y, en ocasiones, actuar para agravarlo. Por esta razón, debe ser el gobierno el que comience dando el ejemplo, y sujetando la mayor parte de la carga. Proponemos la eliminación de cualquier gasto que no resulte esencial para el funcionamiento del mismo, tales como el sinnúmero de retratos del gobernador en cada agencia, las escoltas del gobernador y representantes, la cantidad de vehículos costosos e ineficientes en combustible que se utilizan, entre otras cosas.

Si el modo de pensar es que el consumidor debe aportar cada centavo que pueda, entonces el gobierno también. Sin ese ejemplo, el gobierno carece de fuerza ética y política para pedirle al pueblo que resuelva un problema creado por el aparato gubernamental. Independientemente de la administración que se encuentre en el poder, cuando se asumen las riendas del gobierno, se aceptan tanto los beneficios, como las responsabilidades y los deberes. Debemos recordar también que la crisis actual es un problema económico estructural, causado por un modelo económico obsoleto que ya se debería haber revisado. La revisión de este modelo no se puede postergar más, o se corre el riesgo de seguir perdiendo competitividad y sumergir al País en una crisis y atraso económico peor aún. Los cambios estructurales deben llegar ya. Sólo este tipo de medidas demostrará la seriedad con la cual se está tomando el problema.