El Gobierno de Puerto Rico no podrá eludir tener que rendir cuentas ante el Tribunal Federal de San Juan por el proceso de reforma de la Policía.

En momentos en que algunas fuentes indicaban que el gobierno de Luis Fortuño favorece la firma de un memorando de entendimiento en vez de un caso judicial, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reafirmado que el plan es ir ante el tribunal.

“El departamento va a buscar un acuerdo que sea regulado por el tribunal”, subrayó Xochitl Hinojosa, portavoz de la División de Derechos Civiles, oficina que hace cuatro meses publicó un informe en el que concluyó que la Policía de Puerto Rico viola sistemáticamente los derechos civiles de la población puertorriqueña.

En el caso de la Policía de Los Angeles, Justicia federal acordó un decreto de consentimiento que evitó una litigación formal, pero que mantuvo al tribunal a cargo del proceso de reforma.

La Fortaleza no respondió a una petición de información de El Nuevo Día.

Pero, fuentes en Washington han indicado que las conversaciones entre el gobierno de Fortuño y Justicia federal han sido frecuentes. A finales de año, el secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema, tuvo en Washington nuevas reuniones con Justicia federal.

El Gobierno depende aquí de la empresa Warshaw & Associates, que por medio de un contrato de hasta $100,000 mensuales asesora a la Policía en las conversaciones con Justicia federal y el proceso de reforma que deberá implantarse.

El Gobierno de Puerto Rico ha indicado que por su cuenta ha comenzado a reformar la Policía, pero ello no necesariamente significa que aún haya aceptado todos los argumentos y reclamos que hará la División de Derechos Civiles de Justicia federal a través de su demanda judicial.

En el caso de Los Angeles, a las autoridades de la ciudad californiana le tomó seis meses aceptar negociar el el decreto de consentimiento con Justicia federal. Las negociaciones que permitieron someter la demanda e iniciar el proceso federal de reforma tardaron después otros siete meses.

Una de las preocupaciones del Gobierno de Puerto Rico, según fuentes, ha sido el costo que se proyecta tendrá el proceso de reforma, que seguramente incluirá la designación de un monitor federal (con oficina y funcionarios) y la adquisición de equipo tecnológico moderno, entre otras cosas.

A la ciudad de Los Angeles, todo el proceso de reforma, que se extendió por casi una década, pudo costarle cerca de $200 millones, según funcionarios de la Policía de esa ciudad.

Cuando presentó en San Juan los multiples hallazgos de su oficina sobre violaciones de derechos civiles a ciudadanos, el secretario adjunto de Justicia federal para Derechos Civiles, Thomas Pérez, indicó que lo ideal sería que la demanda fuera producto de un acuerdo entre ambos gobiernos, pero que están listos para litigar en los tribunales si eso fuera necesario