Las imputaciones contra el juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Federico Hernández Denton, han desatado lo que algunas personas han llamado una “crisis constitucional”.
Como sabemos, el Tribunal está dividido por las preferencias políticas de sus letrados. Hoy la mayoría es del Partido Nuevo Progresista (PNP), rompiendo la hegemonía que el Partido Popular Democrático (PPD) tuvo sobre la institución por cerca de 40 años. Y esa nueva mayoría desea dictar los destinos de la judicatura.
La prensa ha investigado las acusaciones contra el Juez Presidente, encontrando que la mayoría son infundadas. Empero, la Legislatura ha decidido comenzar una investigación que promete ser otro circo político.
Yo dudo mucho que las investigaciones rindan fruto, en términos legales. No obstante, van a tener un impacto político, dado que ponen al relieve la manera arcaica de administrar el Tribunal.
En el Puerto Rico de los años 50 y 60, los choferes y los guardaespaldas de los gobernantes desempeñaban tareas que hoy consideramos inapropiadas. Si no me cree, lea las memorias de la hija del exgobernador Roberto Sánchez Vilella, Evelyn Sánchez Dapena, quien narra cómo el chofer de la limosina del gobernador la llevaba a su casa y al trabajo, aunque ella ya era una mujer casada y con hijos que no vivía en La Fortaleza.
La prensa ha indicado que el reglamento del Tribunal permite que los choferes y la escolta de los jueces lleven a cabo algunas tareas domésticas para sus superiores. Por lo tanto, no hay delito cometido. El problema es que en el Puerto Rico de hoy esas actividades son vistas como antiéticas. Aunque sea legal pedirle al chofer que le dé comida al perro, no es moral.
Si el reglamento del Tribunal Supremo permite estas actividades, necesita actualizarse, atemperándose a los cambios en la ética gubernamental y en la sensibilidad del pueblo. Ni los guardaespaldas ni los choferes deben hacer tareas domésticas para jueces, legisladores o jefes de agencia. Lo que es más, debemos preguntar si en verdad necesitan choferes y escolta, o si podemos ahorrarnos esos gastos.
Además, pregunto si es necesario que el gobernador de Puerto Rico, sea del partido que sea, viva en el Palacio de Santa Catalina, rodeado de choferes, guardaespaldas y cocineros. Me parece que esto es un vestigio de siglos pasados que debe revaluarse en el siglo XXI.
Sobre la crisis política hay poco que decir. Hoy los penepés están haciendo lo mismo que los populares hicieron dos generaciones atrás: buscar el control del Tribunal Supremo para adelantar su causa. Y eso es tan inmoral hoy como lo fue ayer.
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El Rev. Dr. Pablo A. Jiménez es el pastor de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en el Barrio Espinosa de Dorado, PR. http://www.drpablojimenez.com
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