Con toda probabilidad, las elecciones de noviembre en Estados Unidos y Puerto Rico se decidirán, como suele ocurrir, por el sentir de la gente de cómo andan las cosas más cercanas a su bolsillo.

¿Está usted mejor que hace cuatro años o, por lo menos, piensa que está cerca de superar el estado en que estaban sus cosas en 2008?

La voluntad del elector, sin embargo,  puede ir más allá del factor económico.

Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, no hay duda de que la inestabilidad social incluye la alarmante situación criminal que ha explosionado este cuatrienio.

Hay unos asuntos pendientes en los tribunales que, sin embargo, también pueden ser muy determinantes y cambiar el curso del debate  electoral.

Las controversias más importantes pueden decidirse este mismo mes.

En Estados Unidos, por ejemplo, este mes de junio debe conocerse la decisión del Tribunal Supremo estadounidense sobre la constitucionalidad de la reforma federal de salud del presidente Barack Obama.

Para Obama estará en juego la legislación  emblemática de su  cuatrienio, por la cual ha buscado, entre otras cosas, ofrecerle un plan de salud a cerca de 40 millones de personas sin seguro, reducir los costos, limitar el poder de las aseguradoras para rechazar pacientes por condiciones previas y elevar a 26 años la edad hasta la cual los hijos pueden ser parte del plan médico de sus padres.

Bajo evaluación del Tribunal Supremo estadounidense está sobre todo la constitucionalidad de que se obligue a ciertos patronos y a las personas con una situación económica por encima del nivel de pobreza a adquirir planes medicos.

La polémica judicial incluye determinar también si debe o no derogarse toda la ley.

Si el máximo foro judicial estadounidense invalida toda la reforma, a Puerto Rico le costará cerca de $6,000 milllones en fondos adicionales de Medicaid que fueron otorgados de cara a 2019, y que el Gobierno de Puerto Rico ha presupuestado para financiar alrededor de un tercio de todo el programa Mi Salud del gobernador Luis Fortuño.

En buena medida, la campaña republicana que cuestiona las inyecciones a la economía adoptadas por el gobierno de Obama se basan en la intención de la reforma federal de salud de ordenar a ciudadanos a adquirir planes médicos privados.

Los jueces del Tribunal Supremo determinarán el papel que puede tener el Gobierno federal en darle un mandato a ciudadanos para que obtengan un seguro médico. En el caso de ciertas empresas, si se les puede ordenar ofrecer un seguro médico a sus empleados.

Pueden impactar también el debate en Puerto Rico, donde se le ha cuestionado a Fortuño la falta de iniciativas republicanas para, en caso de derogarse la llamada ley “Obamacare”, reemplazar una asignación de fondos que él mismo ha considerado fundamental para la Isla.

Los jueces del Supremo estadounidense tendrán también bajo consideración, en otra decisión que debe conocerse a finales de este mes, la controversia en torno al espacio que pueden ocupar los estados en la reglamentación de las normas de inmigración,  al pasar juicio sobre la constitucionalidad de la ley SB 1070 del estado de Arizona.

Antes de julio, además, el Primer Circuito de Apelaciones  federales, en Boston, puede decidir si apaga o le da vida a la demanda del cardiólogo Iván González Cancel a favor de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) le conceda la oportunidad de enfrentarse en una primaria al gobernador Fortuño.

A  casi a tres meses de las primarias internas del PNP, el reclamo de González Cancel – que se discutirá el miércoles durante 10 minutos de una sesión oral convocada por un panel de jueces del Primer Circuito de  Apelaciones – tiene aún latidos.

Aún cuando una decisión favorable a González Cancel sea una lejana posibilidad, la demanda del llamado “Doctor Corazón” amenaza con cambiarle el tono de la campaña a Fortuño, que a cinco meses de las elecciones generales no quisiera tener que prestarle atención a nada más que no sea el Partido Popular Democrático (PPD) y su candidato a Gobernador, Alejandro García Padilla.