El futuro—ya lo dijo Gustave Flaubert—nos tortura, pero el pasado nos encadena. Como cuestión de hecho, atrapados en este dilema, el presente se nos escapa como agua entre los dedos. Es asi como asistimos a un momento muy singular: la bancarrota de la llamada democracia puertorriqueña. Y las caras de esta tragedia vienen en todos los colores y tamaños, es decir, jóvenes viejos, veteranos y principiantes. En este bazar de emociones es tan importante lo que se dice como lo que se calla. El gesto, amplificado por todos los medios existentes, vale más que mil palabras.

Por más que se denuncie, el fraude en la primaria del Partido Nuevo Progresista en Guaynabo es un tema que tanto rojos como azules quisieran acallar. Su ejecución puso al desnudo el capricho de Héctor O’Neill, un alcalde hasta entonces respetado, para eliminar a un contrincante llamado Ángel Pérez, que amenazaba la hipotética sucesión planificada por el Alcalde a favor de su hijo, en el mismo espíritu monárquico y narcisista de los municipios de Bayamón, Carolina y Caguas. Para ejecutarlo se reclutó a la mismísima policía municipal de Guaynabo encabezada por su alto liderato, la misma que está llamada a promover la seguridad y el respeto a las leyes. Pues bien, ahora sabemos que ni una cosa ni la otra. Enfrentados con la evidencia de esta conspiración los guardias y sus oficiales miran a las cámaras con un guiño, y cruzan los dedos como los soldados de los Ñeta. Con su actitud validan aquel proverbio popular que reza “odia al chota pero compadece al delincuente.”

Ambos partidos de mayoría tienen sobradas razones para querer que el trago amargo pase pronto. La actual Ley Electoral los faculta para diligenciar sus primarias correspondientes sin la supervisión de terceros, lo que las hace susceptibles a componendas y trampas. De esta forma se construyen alianzas y se fundan dinastías. Conocer y controlar los detalles de la Ley Electoral es un oficio que se remunera escandalosamente bien con tal de que se emplee para adelantar los intereses de particulares (el que lo dude, que le pregunte a Edwin Mundo). Para estas dos colectividades las elecciones son un mecanismo para asegurarse el poder y desde allí enriquecer sus bolsillos y los de sus patrocinadores bajo el amparo de una ley hecha a la medida. Cualquier cambio sustantivo los expone a perder el control y con ello la manera de repagar los favores y las deudas, sean estas personales o ideológicas.

En este sentido hace tiempo ya que en materia de Ley Electoral el PNP y el PPD se comportan como un cartel, entidades entre las que existe un acuerdo tácito para evitar la competencia y salvaguardar los intereses propios. Nada sorprendente si se considera el nivel de dependencia generalizado que se vive en la isla, desde las grandes corporaciones hasta los carritos de tripletas pero el resultado es harto corrosivo y dañino. El problema estriba en que con la tolerancia a estos incidentes se entroniza la corrupción como modo de vida, y se corrompe la posibilidad de constituir un nuevo pacto social que sea inclusivo y confiable. Ahora mismo nadie exige con fuerza la renuncia del alcalde O’Neill ni la radicación de acusaciones criminales contra los implicados por miedo a que dicha acción abra un escrutinio que abarque a otros bandos. Por el contrario, se les consiente que callen o que mientan a sabiendas de la prolongación de que este escándalo encierra un potencial enorme de desprestigio y vergüenza. Pero no existe otra salida. Sea por acción u omisión, el legado del alcalde O’Neill está irremediablemente manchado. Es entonces que el futuro se vuelve tortura. Ojalá el presente no se nos pierda entre las manos.