Ahora que la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras retoma sus labores resulta que todos somos sospechosos. Luego de que el gobierno retirara los portones del Recinto a la fuerza, so pretexto de evitar las clausuras ilegales durante conflictos sindicales o estudiantiles, todos los que discurrimos por sus patios, pasillos y veredas debemos justificar de ahora en adelante con identificaciones visibles que tenemos el privilegio de estar ahí. Vaya cobardía.

Para un campus universitario que, en un día normal alberga en su interior mayor población que un buen número de municipios pequeños y medianos, resulta irónico que sea en este momento que la administración universitaria de turno se tome en serio la obligación de proteger vida y propiedad. En los 14 años que llevo laborando allí, la urgencia de velar por la integridad física de estudiantes, empleados y profesores ha sido patente, sin que se tomaran acciones concretas para responder a la ola de robos y asaltos que se padecieron sin cesar a lo largo de este periodo. La remoción de los portones, en medio de la pasada huelga, no hizo otra cosa que debilitar aun más la seguridad, sin que nadie reparara en los efectos que dicha acción tendría. Todo lo contrario. La cansada Guardia Universitaria apenas daba abasto para cubrir las necesidades mínimas, lo que autorizó suplantarles en noches y fines de semana con guardias privados poco familiarizados con su nuevo lugar de trabajo, y pobremente preparados.

El resultado es un entorno de seguridad deficiente que ahora se pretende remediar con medidas de control tecnológico como cámaras y controles de acceso cuyas políticas de uso no han sido presentadas o discutidas con la comunidad universitaria. Ante esta situación sospechamos de las intenciones de la rectoría, que carga con un lastre enorme de ilegitimidad luego de su deficiente manejo del conflicto universitario. Recordemos que, tras el devastador informe del Departamento de Justicia federal contra los abusos de la Policía—y en particular sus atropellos contra los estudiantes—ni uno de los funcionarios de alto nivel en el recinto que aprobaron con su silencio tales ultrajes han sido removidos o se han apartado voluntariamente de sus puestos. En otras palabras, aquellos truenos produjeron estas tempestades. Sobran las razones para dudar.

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