Vivimos vigilados.

Ya no es sorpresa para nadie.

Hay un creciente esfuerzo del Gobierno por conocer dónde estamos, qué escribimos, con quiénes nos comunicamos y hacia dónde viajamos.

El "Patriot Act" le dio mayor autoridad al Gobierno estadounidense para hurgar en lo que hacemos a través de la red de internet.

En las carreteras proliferan las cámaras de vídeo.

En el tren metropolitano, la tarjeta le dice al Gobierno en qué estación nos montamos y en cuál nos bajamos.

En Washington y las grandes ciudadades abundan las cámaras gubernamentales que documentan el diario vivir de la gente. En San Juan, esa es una idea que va en alzada.

Y al hablar de estos asuntos, a muchos se le puede olvidar que  al entrar o salir de un negocio, una urbanización o una casa privada, también nos pueden seguir el rastro.

No hay duda, nuestras actuaciones son cada día más transparentes… muchas veces por decisión de otros.

Ahora, cuando del gobierno se trata, ojalá se pudiera decir lo mismo.

Mucho se ha reclamado al gobierno de Puerto Rico que publique los detalles sobre los viajes del gobernador Luis Fortuño fuera de la Isla. Lo mismo se hizo en una época sobre el entonces gobernador Rafael Hernández Colón.

En esta ocasión, los gastos no se conocen. Nadie rinde cuentas sobre ello.

¿Qué cuesta rendir un informe inmediato tras cada viaje sobre los gastos generales en que se incurrió en un viaje, sea de un funcionario de La Fortaleza, una agencia de gobierno o un legislador?

En cualquier empresa privada, un empleado tiene que presentar sus gastos tan pronto regresa del viaje.

A principios del cuatrienio, el gobernador Fortuño publicó las reducciones salariales que, al menos en 2009, estuvieron vigentes en La Fortaleza y en la jefatura de las agencias de gobierno.

¿Cómo andan el nivel de esos salarios en La Fortaleza y los altos funcionarios del Ejecutivo?

No debería tener que pedirse esa información.

El Gobierno debería mantenerla permanentemente disponible en la red de internet para ser revisada por los ciudadanos.

Las campañas políticas requieren también mayor transparecencia, más aún ante las nuevas normas electorales estadounidenses que permiten la creación poco regulada de grupos de acción política que a fuerza de dinero persiguen influenciar la decisión del votante.

Por ahí andan ahora grupos “clandestinos” haciendo campaña en Puerto Rico.

Uno que se arropa con este manto es, “Alerta Progresista”, con el que se asocia al abogado Mario Santurio – un ex empleado de la ‘speaker’Jeniffer González – y el cual ha tenido como práctica vociferar cualquier barbaridad para avivar a sus tropas.

Tan cercano está del PNP que su estribillo ‘son demasiado riesgo’ al parecer ha sido adoptado por la campaña de Fortuño.

Entretanto, en la periferia del PPD parece estar un grupo “Penepés con Alejandro”, que suele hacer declaraciones públicas en contra de la administración Fortuño, pero también desde el anonimato.

Deberían ponerle cara, nombre y apellido a sus denuncias.

Las actuaciones del ciudadano se hacen más transparentes.

¿Y los funcionarios de gobierno y los partidos políticos? Bien, gracias.