La semana pasada,  el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció en Ginebra que Washington se dispone a usar todo el poder de su diplomacia, incluyendo el inmenso garrote de la ayuda económica, para defender los derechos de los homosexuales en el mundo entero.

            “Estoy profundamente preocupado por la violencia y la discriminación a las personas LGBTT alrededor del mundo, ya sea aprobando leyes que criminalizan el status LGBTT, golpeando ciudadanos simplemente por participar en celebraciones pacíficas de orgullo LGBTT o asesinando hombres, mujeres y niños por lo que se perciba sea su orientación sexual”, dijo Obama en un memorándum hecho público por la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

            La iniciativa estadounidense tiene como objetivo ciertos países en África y en Oriente Medio donde la homosexualidad está prohibida por ley y se encarcela, tortura o asesina a los que la practican. Pero si Obama entorna bien la vista y afina bien el oído notará, tal vez con sorpresa, tal vez sin ella, que no tiene que ir muy lejos para encontrar un país en el que la homosexualidad, si bien no está explícitamente prohibida, para casi todos los efectos así lo es.

            En Puerto Rico, no se reconoce la existencia de personas homosexuales para ningún propósito oficial, pues no pueden casarse, adoptar, disfrutar de beneficencia social como pareja, entre muchos otros de los atributos de los que gozamos todos los demás. En pocas palabras, la institucionalidad condena a los homosexuales aquí a la invisibilidad y la total marginación.

            Hay, sin embargo, una instancia oficial en la que se reconoció la existencia de personas que, por naturaleza o por elección, se sienten atraídas hacia los del mismo sexo y hasta eso quieren quitarle los profetas del desprecio que se sienten con derecho a imponerle al resto de la sociedad sus particulares ideas sobre la vida.

            Se trata de la disposición del Código Penal que establece agravantes en las sentencias de los que sean convictos de agredir a una persona motivada por su orientación sexual. Es lo que llaman la disposición de los crímenes de odio.

            El propósito de esta disposición es disuadir a algunos de los inseguros que, por razones que solo ellos conocen, se sienten amenazados por los homosexuales y se sienten compelidos a agredirlos solo por el hecho de serlos.

            La disposición, contrario a lo que han dicho en estos días algunos pastores adictos a la demagogia, no tiene como fin privilegiar a nadie por nada. El fin, por el contrario, es ofrecer una protección, mínima si se le mira bien, a un grupo de población que, como es evidente, ha sido marginalizado, discriminado y maltratado.

            La disposición contra los crímenes de odio llevaba unos años en el Código Penal sin que a nadie, salvo a algunos pastores fundamentalistas que se hablan al oído con ciertos sectores del partido de gobierno, le molestara. Estos pastores aprovecharon el proceso de aprobación de un nuevo Código Penal para intentar quitar esa protección de nuestro ordenamiento legal y, gracias al miedo que les tienen algunas figuras importantes del Senado, lo lograron.

            Los pastores logran cosas como estas porque existe en Puerto Rico la mitología de que tienen un gran poder político. De hecho, algo de poder tienen. Pero las señales indican que ya no es tanto como alguna vez pues.

            Jorge Raschke, por ejemplo, paralizaba el país hace unos años con su actividad Clamor a Dios que realiza frente al Capitolio cada Día del Trabajo. Últimamente, sin embargo, Clamor a Dios no pasa de ser cualquier culto de esquina. Los Font, mientras tanto, tienen cada día menos seguidores, como demuestran los problemas económicos que recientemente ha enfrentado su imperio Fuente de Agua Viva.

            Quizás la mejor muestra de la decreciente influencia de estos pastores es que varias figuras principalísimas del Partido Nuevo Progresista (PNP) se han atrevido a desafiarlos en este tema: el gobernador Luis Fortuño, la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer González y la representante Liza Fernández, entre otros.

            Además, si uno mira, se da cuenta de que, con tanto pastor que hay aquí, siempre son los mismos tres o cuatro tratando de mostrar un mollero que todo indica que ya no tienen: un René Pereira, de Ponce, la fabulosa Wanda Rolón, el ubicuo Miltón Picón y la última adquisición, uno llamado César Vázquez que parece que lo único que le preocupa en la vida es la homosexualidad.

            Estos cuatro, y algunos otros, pero no muchos, usan la influencia que les da su posición de pastor para intentar pisotear a una minoría ya marginada y vilipendiada. No saben, al parecer, que la historia suele dar unos vuelcos inimaginables, y que, como, de hecho, ha pasado antes, algún día pueden ser ellos la minoría perseguida que necesite la protección del Estado para defenderse de quienes quieran maltratarlos por ser lo que son o creer lo que creen.