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Por la calle del medio

Gloria Ruiz Kuilan

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11 de febrero de 2013

Una verdad confirmada

Cuando Efrén Arroyo y yo comenzamos a trabajar un proyecto conjunto previo a las elecciones para dar cuenta de la situación económica, social y cultural de 30 municipios del país, poco sabíamos del común denominador que hallamos en los pueblos dominados por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Eran estos pueblos los que contaban con el aval directo del gobierno central. Un apoyo que no solo se traducía en presencia del que fuera ejecutivo del país hasta el 1 de enero, Luis Fortuño, sino que también era de índole económica.

Eran los municipios con un alcalde del PNP los que recibían mayor cantidad de fondos de la Ley 52 y de WIA (Workforce Investment Act), destinados para la creación de empleos. También esos municipios penepés tenían dinero para empleos de verano.

Entretanto, los municipios populares que visitábamos se quejaban de lo opuesto. No había un alcalde popular que no dijera que le redujeron la cantidad de dinero de la Ley 52 y de WIA. Incluso, la lista era más larga puesto que el Departamento de Transportación y Obras Públicas no les daba dinero para el mantenimiento de las vías públicas o no se les asfaltaban las mismas.  También se quejaban de que les limitaron o eliminaron los fondos para subvencionar el proyecto de Comunidades Especiales.

El mismo alcalde de San Germán, Isidro Negrón, confirmó que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) le negó un préstamo para un proyecto que acariciaba para su pueblo. No fue hasta el que el alcalde se enpatalonó y amenazó con acudir a la prensa que se abrió la llave de paso en el BGF para darle el dinero para el que su municipio tenía margen prestatario. Pero Negrón fue más punzante y no dudó en decir en plena entrevista que el presidente de la junta directiva del BGF en ese entonces, Marcos Rodríguez Ema, determinaba a quién dar y no dar, y discriminaba a favor de los municipios penepés. Así fue que el alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea, logró varios préstamos, incluso uno para pagar la deuda que heredó por un pleito incoado por empleados despedidos que fueron discriminados políticamente.

Según el BGF, la deuda pública de los municipios ronda no menos de $3,872 millones, un 27% más que hace cuatro años. La cifra también es más del doble de la que tenían los municipios para el 2000.

Y es que utilizando el IVU como fuente de repago, algo para lo que NO se creó ese impuesto, alcaldes rojos y penepés se endeudaron más de lo que estaban. Si no me creen pregunten en el Municipio de San Juan.

Pero la factura que tienen los municipios no es exclusiva de los préstamos que tomaron. También sus recientes acciones responden a la nueva realidad de los fondos por Ley 52 y WIA que ya no tienen.

Con ese dinero los alcaldes penepés, que fueron los que contaron con la mayoría de ese dinero, daban empleo a su gente de manera transitoria para paliar de alguna forma el desempleo rampante en la Isla. Y, obviamente, esto les hacía ganar terreno político porque el alcalde era un patrono en tiempos de crisis.

Ahora, pasadas las elecciones y conocido el resultado de estas, no me sorprende que municipios populares y penepés anuncien el despido de cientos de empleados transitorios o griten que las arcas municipales están en rojo.

Por ejemplo, en Ponce como dice su alcaldesa, Mayita Meléndez, no se botaron sino que tuvieron una "terminación de contrato", de 400 empleados transitorios. La alcaldesa heredó un déficit de $41.7 millones y ahora está en $33.2 millones. ¿Alguien le ha preguntado a cuántos empleados de esos les pagaba el sueldo con fondos de la Ley 52 o WIA?

De hecho, ese dinero es el que usará el gobierno popular, el de Alejandro García Padilla, para dar paso a la controversial Ley de Empleos Ahora, según dijo el secretario del Departamento del Trabajo, Vance Thomas.

El municipio de Toa Baja tuvo que hacer lo mismo. Aunque claro está ese municipio tiene otros agravantes que sin temor a fallar tienen nombre y apellido: mala administración.

En el caso de Guayama, un municipio que era del PNP y ahora lo ganó el Partido Popular Democrático, también se produjo el despido de 311 empleados transitorios. El alcalde popular, Eduardo Cintrón, dijo que los contratos vencieron el 15 de enero y fueron hechos por su sucesora penepé, Glorimari Jaime, quien dejó el municipio con aproximadamente $1.2 millones en déficit.

"Guayama tiene una nómina de quinientos y pico de empleados (regulares y transitorios), lo que significa que más del 50% de la nómina eran transitorios, lo que es insostenible para el municipio", indicó el ejecutivo municipal de Guayama.

Me preguntó si la gente cuando dice a boca de jarro que los alcaldes son buenos o efectivos porque dan empleos, construyen parques, centros de convenciones, bibliotecas o los tan populares, parques de chorritos, están conscientes que el dinero no crece en los árboles sino que sale de sus bolsillos.

Dos cosas hay que preguntarse, sabe la gente que su trabajo dependía de ese hilo fino y hasta cuándo la politiquería dominará el aparato gubernamental incluyendo los municipios. 

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