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Lcda. Paloma Flores Hassim

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10 de abril de 2011

Violencia Doméstica

 

Es realmente alarmante y preocupante la alta incidencia de víctimas de violencia doméstica. Diariamente nos despertamos y nos acostamos con noticias sumamente lamentables a consecuencia de la ola rampante de casos de violencia doméstica que nos acecha.

Esta situación la vivo diariamente en mi oficina, en donde las vistas de casos de Ley 54 y las Solicitudes de Órdenes de Protección son la orden del día. Por mi experiencia personal puedo decirles que es realmente preocupante lo que estamos viviendo. Lo peor de todo es el daño irreparable que se les causa a los menores de edad, quienes día a día presencian un ambiente familiar sumamente hostil y violento.

Aunque no se debe justificar ningún incidente de violencia doméstica, debo mencionar que es importante que todos tengamos claro lo que realmente constituye violencia doméstica. Les menciono ésto porque en algunas ocasiones muchas alegadas víctimas no conocen las consecuencias que conlleva acusar a su pareja del delito criminal de maltrato, e incurren en dicha acción cuando realmente no ha ocurrido ningún incidente constitutivo de violencia doméstica.

Una vez se le radican los cargos y se procede al arresto, entonces se arrepienten y declaran que los hechos relatados fueron bajo coraje o por asustar a su pareja, pero que realmente dicho incidente no sucedió. Las consecuencias de dicha acción es que ya el supuesto agresor fue fichado y su récord de buena conducta se le ve afectado. Dicha situación le puede causar serios problemas en el futuro, como por ejemplo al intentar conseguir empleo o ingresar en una universidad.

Es importante que conozcan y entiendan la definición de maltrato bajo la Ley 54. Dicho delito establece que: “Toda persona que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior.” Entiéndase, reclusión por un término desde un año y medio hasta tres años.

Dicho delito puede agravarse mediando una o más de las siguientes circunstancias: que se penetrare en la morada de la persona o en el lugar donde esté albergada y se cometiere allí maltrato, en el caso de cónyuges o cohabitantes cuando éstos estuvieren separados o mediare una orden de protección ordenando el desalojo de la residencia a una de las partes; o cuando se infiriere grave daño corporal a la persona; o cuando se cometiere con arma mortífera en circunstancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar; o cuando se cometiere en la presencia de menores de edad; o cuando se cometiere luego de mediar una orden de protección o resolución contra la persona acusada expedida en auxilio de la víctima del maltrato; o se indujere, incitare u obligare a la persona a drogarse con sustancias controladas, o cualquier otra sustancia o medio que altere la voluntad de la persona o a intoxicarse con bebidas embriagantes; o cuando se cometiere y simultáneamente se incurriere en maltrato de un menor; o si a la víctima se le obliga o induce mediante maltrato, violencia física o sicológica a participar o involucrarse en una relación sexual no deseada con terceras personas; o cuando se cometiere contra una mujer embarazada ; o cuando se cometiere contra un menor de 16 años y la persona agresora sea de 18 años o más. Dichos agravantes conllevan que el delito se convierta en uno de tercer grado cuya pena será en su mitad inferior, entiéndase de hasta 3 a 5 años de reclusión.

La ley 54 estableció un sistema más ágil y sencillo para la protección de las víctimas a través de la expedición de órdenes de protección. También incorporó elementos de auto-ayuda que procuran estimular a las víctimas a solicitar remedios legales provisionales e inmediatos por sí mismas. Asimismo, establece medidas para la intervención de la policía, como el arresto mandatorio, la responsabilidad de proveer asistencia a la víctima y de recopilar información sobre la violencia doméstica. Todas estas medidas tienen el propósito de atender las áreas fundamentales que requieren solución inmediata para ejecutar la política pública de combatir la criminalidad y brindar alternativas de esperanza a la familia puertorriqueña.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un caso resuelto recientemente, establece que la violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia y de sus miembros y constituye una seria amenaza a la estabilidad y a la preservación de la convivencia civilizada de nuestro pueblo. Es contraria a los valores de paz, dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener para los individuos, las familias y la comunidad en general. Es importante que todos nos unamos con el fin de propiciar el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a las víctimas, alternativas para la rehabilitación de los ofensores y estrategias de prevención.

Lo más importante es pensar en los niños y niñas que viven en hogares violentos, ya que éstos aprenden la conducta violenta como aprenden cualquier otro tipo de comportamiento. Reciben el mensaje de que la violencia es un mecanismo normal para resolver conflictos y para tratar a las demás personas. Esa es la actitud que pondrán en práctica, ocasionando así que dicha situación continúe prolongándose a otras generaciones.

Recuerden que la familia es la unidad fundamental sobre la que se construye la sociedad. Yo les puedo asegurar que la mayoría de los asesinatos de los que estamos siendo testigos en la actualidad y de los múltiples actos criminales que se comenten a diario en cantidades alarmantes, son como consecuencia de familias disfuncionales. Se trata de una situación de conducta aprendida, de falta de valores y principios morales. Con excepción de algunos casos, estamos ante un escenario de adolescentes y adultos cuya niñez transcurrió presenciando un ambiente hostil entre sus padres o familiares.

Tolerar la violencia doméstica hoy, contribuye a la desintegración de la familia, a fomentar la criminalidad y al debilitamiento de los valores de la convivencia humana.

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