Todo este asunto del ataque a la libertad de expresión en el nuevo Código Penal, en el que se amenaza con años de cárcel a los ciudadanos que “perturben” la paz de los legisladores, es, a mi juicio, menos peligroso que otras disposiciones que no se han debatido como corresponde.

Si lo de castigar las protestas se está haciendo para atemorizar, pues que nadie se deje. Cuando se organice una marcha o cualquier otro evento con el propósito de reivindicar derechos, los manifestantes se acercarán al Capitolio, gritarán consignas ensordecedoras y, a las primeras de cambio, después de un par de escaramuzas, la Policía detendrá a unos cuantos. Es el momento para que los que vienen detrás releven a los detenidos y así los tengan que arrestar a todos: cientos si son cientos, y miles si por suerte son miles. El Gobierno deberá activar a capacidad el sistema judicial, convocar a decenas de fiscales y llenar las cárceles de gente que simplemente ha salido a protestar. Eso es bueno que pase.

Las concentraciones y marchas no son de adorno. Siempre tienen que interrumpir algo o que perturbar a alguien. Fijémonos en el mundo que nos rodea. Leamos los periódicos. Veamos los noticiarios, los que hacen énfasis en las noticias internacionales. Manifestarse para que la vida siga igual, nadie se mortifique y todo transcurra como si fuera una santa procesión, es una pérdida de tiempo. 

Para eso mejor quedarse en casa.

Entonces qué más da que en el Código pongan perturbar, sacudir o intranquilizar a los legisladores. El verbo es lo de menos. La inmensa mayoría de ellos ha perdido autoridad moral, son objeto de burla y de repudio, no hay más que escuchar la calle. Si en el País surge un motivo para manifestarse, de manera masiva, con fervor patriótico, las restricciones en el nuevo Código son lo de menos. Allá ellos que busquen cárceles y jaulas rodantes para meter a medio mundo. Eso, después de todo, ayudaría a poner las cosas en su sitio, en cuanto a derechos civiles y constitucionales. Y en cuanto a la definición de la ideología y el carácter del Estado.

No creo que sea casual que se haya empujado el debate hacia esos derroteros, hacia los alegados delitos contra la función de los legisladores. Eso ha servido para evitar temas más escabrosos, como la benevolencia frente a los crímenes ambientales. Veamos el caso del “envenenamiento de las aguas de uso público”. En ese artículo se estipula que “toda persona que, en violación de la ley, reglamento o permiso, ponga en peligro la vida o la salud de una o varias personas al envenenar, contaminar o verter sustancias tóxicas o peligrosas en pozos, depósitos, cuerpos de agua, tuberías o vías pluviales... será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 12 años”. Luego añade: “Si los hechos previstos en este delito se realizan por negligencia, la persona será sancionada con pena de reclusión por un término de tres años”. Eso es escandaloso.

Para empezar, la de 12 años no se le va a imponer a nadie, así se arrojen tanques de cianuro a Carraízo. Menos que menos a las empresas poderosas que contaminan, o que con sus acciones derraman sustancias que dañan el agua para el consumo humano. No olvidemos aquel famoso caso del tolueno, en el río Bayamón, o el de la explosión de Capeco en Cataño. Nadie será acusado por contaminar adrede, y, si se le acusa, las posibilidades de que se aproveche de la debilidad del Código para salir airosos, son demasiadas. Por otra parte, en este caso el delito tendría que haber afectado la salud de una o varias personas. O sea, no basta con arruinar de manera evidente un cuerpo de agua y que se llene de peces podridos, sino que debe probarse que un ser humano se enfermó.

La salud de las personas por lo general se resiente meses o años más tarde. Y lo cierto es que con este Código, cualquier estrago ambiental, irreversible como lo son todos, quedará en un limbo.

En momentos en que tantos países aprietan tuercas y aumentan las penas de cárcel y las sanciones económicas contra aquellos individuos o empresas que perjudican el medio ambiente, el nuevo Código Penal de Puerto Rico se vuelve todavía más laxo y confuso. En algunos incisos, mantiene el lenguaje blandengue del Código anterior, que en cuestiones ambientales ya era flojo. De ahora en adelante estarán más en riesgo los recursos naturales del País. Porque los delincuentes ambientales tendrán menos miedo a echar deliberadamente cualquier cosa donde se les ocurra, y menos miedo también a que se les escape una sustancia tóxica por accidente. Por ejemplo: si tuvieran que invertir en un costoso sistema para evitar derrames, a lo mejor no invierten, porque al sacar las cuentas verán que si ocurriera algo, les saldrá más barato pagar a un buen bufete y escapar ilesos.

Comparado con eso, con esa traición a la naturaleza, las amenazas para que no perturbemos a los legisladores, esa infernal pandilla, nos tienen que importar un bledo.