Para Aníbal Acevedo Vilá, las elecciones generales de 2008, en Puerto Rico y Estados Unidos, han supuesto, entre otras cosas, una oportunidad de afianzarse como el político boricua de la Isla de mayor influencia entre los demócratas de Washington.
Ser reelegido en Puerto Rico –aunque los cargos criminales en su contra le colocan en verdaderos aprietos– y un triunfo de Barack Obama en las presidenciales estadounidenses le abrirían esa puerta de par en par.
Su respaldo a la precandidatura presidencial demócrata de Obama era visto, dentro de sectores del Partido Popular Democrático, como un esfuerzo real por sustituir la influencia que durante la pasada década tuvo en Washington el equipo de Pedro Rosselló y que ha ido en picada tras los escándalos de corrupción del gobierno del ex presidente del Partido Nuevo Progresista.
Obama ha prometido distanciarse de los informes del grupo interagencial de la Casa Blanca de George W. Bush que tanto han enojado a la dirigencia del PPD por excluir el desarrollo que sugieren del actual status. Y había accedido a incluir, entre posibles mecanismos para adelantar el debate, la iniciativa que ahora defiende el PPD: una Asamblea Constitucional de Status.
Acevedo Vilá no consideraba a Clinton como una alternativa. Primero, los Clinton le recuerdan a Rosselló y al que fuera el principal estratega de la Casa Blanca de Bill Clinton en asuntos de Puerto Rico, Jeffrey Farrow, a quien los populares atribuyen demasiada cercanía –lo que Farrow niega-, con los estadistas de la Isla y las ideas por cortarle vuelo a la teoría del PPD de que es posible combinar un desarrollo soberano del actual status con la permanencia del derecho de los nacidos en la Isla a ser ciudadanos estadounidenses.
Segundo, ella lo ha negado y él no ha querido comentar, pero cada vez cobra mayor vuelo la versión –de diversas fuentes-, de que tuvo una muy dura reunión “privada” en junio de 2006 con la senadora, cuando discutieron, sobre todo, los alcances del informe de 2005 de la Casa Blanca en torno al futuro político de Puerto Rico.
En aquella reunión, dicen las fuentes, Acevedo Vilá la enfrentó con su apoyo al proyecto 2661 del republicano Mel Martínez que recogió la primera recomendación hecha en el informe de la Casa Blanca que propuso encaminar a Puerto Rico hacia la estadidad o la independencia: la convocatoria a un referéndum federal “territorio sí o no”.
Le advirtió que la base del informe de la Casa Blanca es que el poder del Congreso sobre Puerto Rico es tan amplio que hasta pudieran destituir a un gobernador democráticamente electo, lo que ahora algunos alegan que es la intención de la fiscalía federal que le acusa. Gente cercana a Acevedo Vilá dice que Clinton mantuvo que el Congreso tiene ese poder. La senadora niega que haya aceptado esa premisa.
¿Y ahora qué?
El comité electoral de Obama ha dejado entrever que pondrá distancia entre el Gobernador y la campaña del senador por Illinois, de cara a las primarias presidenciales demócratas del 1 de junio en Puerto Rico.
La maquinaria del PPD, en gran medida, puede todavía movilizarse a favor de Obama. Pero, nadie espera que Acevedo Vilá haga campaña por Obama. “Se convierte, evidentemente, en una situación difícil”, dijo una fuente demócrata de Washington, que considera, que lo natural es que Obama guarde distancia del Gobernador.
La misma suerte puede ocurrirle en su relación con otros sectores de poder en la capital. Mientras siga como Gobernador de Puerto Rico, el Gobierno federal tendrá que lidiar con él, pero, los políticos de acá, irremediablemente, evitarán colocarse en “situaciones incómodas”.
Acevedo Vilá, sin embargo, ya parece haber conseguido dos de sus principales metas recientes en Washington: detener el proyecto 900 que han promovido el demócrata José Serrano y el comisionado residente Luis Fortuño, afiliado aquí a los republicanos; y cancelar el nombramiento permanente de Rosa Emilia Rodríguez como jefa de la fiscalía federal de San Juan.
Su peso en un próximo debate en la capital estadounidense dependerá en gran medida de que pueda combatir con éxito los cargos en su contra, que él describe como un esfuerzo de la Fiscalía federal por despejarle el camino a quien ha sido su rival de este cuatrienio en Washington y ahora ha asumido, formalmente, ese mismo papel en San Juan.
