Por primera vez en mucho tiempo, la sensatez brilló en el hemiciclo de la Cámara de Representantes en la sesión del jueves pasado cuando once legisladoras y legisladores valientes decidieron dar muerte definitiva a la resolución concurrente 99.
El responso a la medida estuvo a cargo de la representante Liza Fernández.
La legisladora llegó a su banca con la Constitución de Puerto Rico en una mano y con la Biblia en otra. ¿El propósito? Explicarle a sus compañeros legisladores lo que parecería lógico: que no se puede enmendar la Constitución amparados en lo que dice la Biblia porque nuestra Carta Magna garantiza derechos a todos los ciudadanos por igual sin importar si son cristianos, musulmanes, budistas o ateos.
Y, por supuesto, que es irracional enmendar la Constitución para discriminar contra otras formas de vida.
Hay que ver el chantaje al que fueron sometidos los legisladores y legisladoras por parte de grupos religiosos fundamentalistas en los pasados meses. Estos grupos buscaban, a como diera lugar, que no se reconociera ningún tipo de unión en la Constitución que no fuera el matrimonio entre un hombre y una mujer.
En el fondo, el único propósito de la medida era negarle ese derecho a los homosexuales y lesbianas cuando se propuso la creación de uniones de hecho para parejas de un mismo sexo y parejas heterosexuales en el Código Civil. Era como una especie de venganza que daba miedo. Lo admitió en una vista pública una autodenominada “jurista cristiana”. Siempre es meritorio aclarar que no todas las iglesias en Puerto Rico participaron de esa campaña de odio.
No sé por qué muchos legisladores sucumbieron a la amenaza de los religiosos de que les votarían en contra. La experiencia nos dice que casi la totalidad de los candidatos que apoyan los religiosos no salen electos.
Por eso, hay que reconocer la batalla que dieron las representantes Albita Rivera y Liza Fernández, a pesar de los ataques machistas e irrespetuosos del propulsor de la medida, el senador novoprogresista Jorge de Castro Font. A las legisladoras, se le unió en la Cámara el popular Héctor Ferrer, los novoprogresistas Iris Miriam Ruiz y Francisco "Junior" González y el independentista Víctor García San Inocencio.
En el Senado, la senadora independentista María de Lourdes Santiago y el popular Eudaldo Báez Galib encararon con inteligencia los fundamentos irracionales de los religiosos. Santiago, Báez Galib y la senadora popular Sila Mari González Calderón fueron los únicos que votaron en contra de la medida cuando se aprobó en el Senado.
Eran pocos, pero, al final, brilló la sensatez.
