La opinión del juez federal de San Juan Gustavo Gelpí, en el sentido de que Puerto Rico ya es un territorio incorporado, revoloteó el avíspero político y, en cierta medida, ha sentado las bases de lo que será el debate previo a la consideración de vacantes en el Tribunal Supremo puertorriqueño.

Para el gobernador electo, Luis Fortuño la construcción que hizo el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los "casos insulares" sobre lo que son territorios incorporados -los que se encaminan a la estadidad- y no incorporados -como desde principios del siglo pasado se describió el status de Puerto Rico-, es una "ficción jurídica".

Aunque advirtió que hasta ayer en la tarde no se había leído los argumentos de Gelpí, Fortuño indicó que la misma doctrina de los "casos insulares" se utilizó para defender la política segregacionista de "separados, pero iguales".

La opinión de Gelpí - emitida el 10 de octubre pero sometida oficialmente el pasado lunes-, no constituye un dictamen final y no necesariamente será el fundamento de la controversia sobre el programa Medicaid que tiene ante su consideración.

Según el juez federal, por sus acciones legislativas – aunque no lo haya expresado directamente-, el Congreso, de facto, ha incorporado a la Isla.

Pero, tanto el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, como el representante popular Luis Vega Ramos criticaron que Gelpí eludiera tomar en cuenta que el Supremo federal estableció en el caso "Balzac versus Puerto Rico" (1922) que la incorporación de un territorio tiene que ser un "acto explícito" del Congreso.

"El juez Gelpí quisiera ahorrarle al PNP el paso de la incorporación – que también implica el pago de impuestos federales antes de alcanzar los poderes de la estadidad-, al que se oponen muchos estadistas", dijo Vega Ramos, reelegido por el Partido Popular Democrático (PPD).

"Desde mi punto de vista la incorporación no es necesaria para conseguir la estadidad", dijo, por su parte, el comisionado residente electo, Pedro Pierluisi, quien evitó opinar si considera a Puerto Rico un territorio incorporado, como dice Gelpí, o no incorporado, como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Al expresar su júbilo por la opinión de Gelpí, el director del grupo Misión Estadista, Henry Neumann, fue más lejos y en una entrevista radial en San Juan advirtió que el gobierno de Fortuño va a tener ahora la oportunidad de nombrar a por lo menos tres jueces del Tribunal Supremo boricua "de nuestra ideología".

Para Martín, el activismo ideológico de los jueces no es nada nuevo en Puerto Rico. "Los PNP son los estudiantes más aprovechados del PPD", indicó el dirigente del PIP.

Pero, Vega Ramos afirmó que las expresiones de Gelpí y los comentarios de Neumann le parecen un anticipo de que el PNP se propone no sólo designar jueces de su tendencia ideológica, sino cambiar las reglas de juego en torno al status.

Un ejemplo, dijo, pudiera ser la eliminación de la alternativa de "ninguna de las anteriores" que el Tribunal Supremo de Puerto Rico creó en el plebiscito local de 1998 para los electores que no están de acuerdo con las definiciones de status que pueda establecer la Legislatura puertorriqueña.

En 1998, el PPD utilizó la columna "ninguna de las anteriores" para escapar de una definición "colonial" del ELA y una libre asociación que como institución han rechazado. Y el PNP pudiera convocar en la segunda mitad del próximo cuatrienio, si fracasan sus próximas gestiones en Washington, a un nuevo plebiscito local sobre el status político de la Isla.

Fortuño, mientras, rechazó ayer que la ideología vaya a ser el factor que "determine" a quien nombrará al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Cuando le toque analizar las vacantes en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que pueden ser por lo menos tres durante el próximo cuatrienio, lo primordial -dijo- será la excelencia profesional del candidato.

Si tuviera la oportunidad de llenar tres vacantes, Fortuño pudiera conseguir que, por vez primera, los jueces "estadistas" sean una mayoría (4-3) en el máximo foro judicial boricua.

Con esa nueva mayoría, a su vez, el Tribunal Supremo pudiera decidir internamente aumentar de 7 a 9 el total de jueces, lo que le daría la oportunidad a Fortuño de seleccionar otros dos miembros del foro judicial. Y entonces sí que por buen tiempo habría en el Tribunal Supremo de Puerto Rico una clara mayoría de jueces que han sido designados por gobiernos del PNP.