Mientras el País esté sumido en una crisis fiscal, la posibilidad de que surjan nuevos impuestos sigue latente.
En esta edición analizamos el posible impacto que tendría establecer el temido impuesto de un centavo por cada minuto celular hablado.
No es secreto que esta medida es poco atractiva, pero lo cierto es que el Gobierno sigue buscando y analizando medidas para allegar fondos al erario, incluyendo impuestos. Para el que lo ponga en duda, que vaya al récord. La semana pasada, Carlos García, presidente de Banco Gubernamental de Fomento, le dijo a la prensa que para lidiar con la crisis fiscal del País tendrán que evaluarse algunas medidas impositivas para aumentar los recaudos, como las propuestas por el Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF). “Se van a necesitar algunos impuestos, porque el déficit es de $3,000 millones”, dijo García el miércoles.
La historia ha comprobado que tanto administraciones populares como novoprogresistas han sido más efectivas en subir impuestos como herramienta para cubrir los gastos y las obligaciones del aparato gubernamental, en vez de recortar esos gastos. Triste es nuestra historia.
Pero gravar aún más a la industria celular podría representar un duro golpe para una de las pocas industrias que sigue creciendo en Puerto Rico. Asimismo, acribillaría aún más a un consumidor abrumado por la falta de trabajo y el aumento en el costo de vida.
Tan pronto se anunciaron las medidas del CAREF, un amigo me llamó consternado. “Yo tengo un plan ilimitado y hablo como 5,000 minutos al mes”. Le expliqué que, de aprobarse el impuesto, entonces pagaría $50 adicionales en su factura celular. No sé qué es más sorprendente, si los minutos al mes que habla esta persona o lo que terminaría pagando de aprobarse el impuesto del chavito.
Por otro lado, la comunicación celular dejó de ser un lujo hace tiempo, como se reitera en nuestro artículo de portada. Hoy en día figura como la herramienta de comunicación primaria para cientos de miles de consumidores. Para que tenga una idea, actualmente existen 2.5 millones de líneas celulares, mientras que las líneas fijas están por debajo del millón y siguen su ruta hacia la baja.
Así las cosas, el impuesto del chavito sería nefasto para muchos, tanto consumidores como proveedoras, y también para la propia administración de Luis Fortuño.
Por ende, el impuesto recomendado tiene pocas probabilidades. El intenso cabildeo que le están haciendo las proveedoras celulares a la administración actual, probablemente, surtirá su efecto.
De concretarse esto, sería sin duda un gran alivio para muchos. Sin embargo, el Gobierno todavía tendrá que buscar la forma de incrementar sus recaudos y reducir costos. Y ahí se nos va la vida.
Mientras tanto, el Gobierno no cuenta con una estrategia clara de desarrollo económico. Si la tiene, que la explique.
Todo el mundo reconoce que hay que resolver la crisis fiscal. Pero es imperativo lograr mover la economía, crear empleos, retener las industrias que están a punto de salir corriendo y atraer nuevos negocios.
De hecho, ¿cómo vamos a incrementar nuestros recaudos si cada vez son menos las personas que tributan, pues se van quedando sin trabajo? En el 2008 la tasa de desempleo terminó en 13.5%, nuestro nivel más alto en 10 años.
De igual forma, ¿cómo espera el Gobierno incrementar sus recaudos de corporaciones, cuando cada vez son más las empresas que se van de Puerto Rico?
La lógica dice que es hora de enfatizar en esfuerzos radicales de desarrollo económico para crear empleos y mover la economía. Y eso se hace trabajando con lo que ya se tiene, y no esperando por un estímulo económico federal que aún ni se ha aprobado en el Senado.
Se hace poniendo a trabajar una Ley de Incentivos Económicos, que a más de seis meses de aprobarse todavía no cuenta con un reglamento para convertirse en realidad y atraer inversión. Se hace invirtiendo en el pequeño empresario y facilitando sus procesos de permisos para que puedan crecer.
Se hace de 20,000 formas distintas. Lo preocupante es que parecemos estar ajenos a todas ellas.

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