La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto en marcha el procedimiento para determinar si admite una petición en la que se denuncia que Estados Unidos viola los derechos humanos de los residentes de Puerto Rico por no otorgarles derecho a votar por el presidente y representación formal en el Congreso.

                     Pero, todavía pueden pasar varios meses adicionales, incluso años, en lo que la CIDH – adscrita a la Organización de Estados Americanos -, decide si examina a fondo las denuncias independientes presentadas en 2006 por el abogado puertorriqueño Gregorio Igartúa y el ex gobernador Pedro Rosselló.

                    Santiago Cantón, director ejecutivo de la CIDH,  le ha dado al Gobierno de Estados Unidos un plazo de dos meses para que responda si las peticiones de Igartúa y Rosselló cumplen con los requisitos de admisibilidad de la Convención Americana de Derechos Humanos.

                   "Esta solicitud de información no implica prejuicio alguno sobre la decisión que la Comisión puede adoptar respecto a la admisión de esta petición", indicó Cantón en una notificación con fecha del 22 de abril. Igartúa distribuyó copia de la notificación suscrita por Cantón.

                     Una comunicación similar habría sido enviada también sobre la querella presentada por el ex gobernador Rosselló, quien sometió una denuncia independiente en la que cuestiona no sólo la falta del voto presidencial en la Isla – como hace Igartúa-, sino también la ausencia de representación con derecho a voz y voto en el Congreso, según fuentes de la CIDH.

La CIDH, por cierto, ya ha denunciado la falta de representación de Washington D.C. en el Congreso federal. 

                    Las normas de la CIDH indican que previo a examinar a fondo una denuncia, tiene que aprobarse un informe de admisibilidad. Inicialmente, la CIDH le solicita al Departamento de Estado de Estados Unidos que responda a la petición. Pero, el debate inicial se limita a los asuntos técnicos de admisibilidad, por ejemplo si los peticionarios – en este caso Igartúa y Rosselló-, agotaron "los recursos de jurisdicción interna".

                     "Se les dio trámite a las dos peticiones. No significa que fueron admitidas. La admisibilidad puede tardar meses o años, dependiendo de la complejidad del asunto", dijo una fuente de la CIDH.

Durante esta etapa, la CIDH solicita información a cada una de las partes involucradas y refiere a cada una de ellas los documentos que recibe,  Es decir, cuando recibe información de parte del Estado, la envía al peticionario y le da un plazo para que responda; y viceversa.

Según las normas de la CIDH, en raras ocasiones se convoca a una audiencia sobre una petición. La etapa inicial de evaluación de una petición culmina con la aprobación de un informe de admisibilidad o de inadmisibilidad.

Si la petición es admitida, entonces comenzaría la evaluación a fondo.

                   De todos modos, la acción de la CIDH le da nuevas esperanzas al abogado Igartúa. "Es el inicio de un procedimiento. No creo que lo vayan a hacer para perder el tiempo", indicó Igartúa, un abogado estadista radicado en el municipio de Aguadilla que ha presentado varias demandas a nivel del Tribunal Federal en reclamo del derecho al voto presidencial y/o la representación formal en el Congreso.

                Según fuentes de la CIDH, el organismo recibe anualmente cerca de 1,500 peticiones para que se investiguen presuntas violaciones a los derechos humanos. De esas peticiones mantiene con vida entre un 10% y 20%.

                 El Departamento de Estado federal deberá lidiar con esta solicitud en momentos en que se aproxima la primera sesión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en torno a Puerto Rico durante la administración de Barack Obama, prevista para mediados de junio. Sin embargo, los documentos que se presenten inicialmente ante la CIDH no van a ser divulgados por la organización. Quedará en manos de los peticionarios y de Estado federal divulgar este debate inicial, aunque se limite a los asuntos técnicos de la solicitud hecha al organismo americano.