Nadie parece ponerse de acuerdo en torno a las Alianzas Público-Privadas (APP). El proyecto de ley para viabilizar este tipo de pactos en Puerto Rico fue aprobado en el Senado  la semana pasada y durante todo este fin de semana pasó por un proceso de vistas en la Cámara de Representantes, donde suscitaron varias opiniones encontradas.

En síntesis, las APP son pactos en los que el Gobierno entra en un acuerdo contractual con una empresa o, incluso, una entidad sin fines de lucro para desarrollar infraestructura o proveer algún servicio. Generalmente, el Gobierno provee el activo, mientras que el sector privado aporta el dinero o gran parte de la inversión para desarrollar el proyecto. El sector privado lo opera, genera dinero para recuperar la inversión y obtener ingresos, mientras que el Gobierno viabiliza obras que de otra forma tal vez no pudiera hacer. Cuando finaliza el contrato en un término de, por ejemplo, 50 años, el activo pasa nuevamente al Gobierno si no se renegocia el contrato.

Mientras el sector privado favorece que se flexibilicen las reglas en torno a este tipo de alianza, de modo que no tenga tantas limitaciones para los inversionistas, los legisladores buscan salvaguardar el patrimonio y velar porque las APP no resulten en detrimento para el sector público ni para el laboral.

Pero dentro del debate de las APP en la Legislatura -que podría continuar hasta mañana lunes en la Cámara de Representantes, según informes recibidos el viernes al cierre de esta edición-, hay varios asuntos que se deben analizar.

Aunque es vital velar porque las APP se den dentro de un marco de condiciones que beneficie al Estado, no se puede perder de perspectiva que si el Estado no tiene dinero para financiar proyectos de infraestructura, no estamos en una posición muy fuerte que digamos para negociar.

Es decir, si el Gobierno no tiene ni un solo centavo para invertir en proyectos multimillonarios de infraestructura -que podrían ir desde las extensiones del Tren Urbano hasta puentes y carreteras-, entonces el Gobierno tampoco tiene mucho poder para negociar y decirle al potencial inversionista cómo es que se va a correr el mambo.

Dicho eso, si el proyecto que finalmente se apruebe para viabilizar las APP contiene demasiadas restricciones, algunos potenciales inversionistas, con toda probabilidad, lo podrían encontrar demasiado limitante y, por ende, optar por no invertir en la Isla.

Esto no quiere decir que la legislación sea un cheque en blanco. Pero tampoco puede ser una pieza legislativa divorciada de la realidad económica que vive Puerto Rico.

Otra pregunta que Puerto Rico se debe plantear durante este análisis de las APP es que, de no aprobarse, de dónde la Isla sacará el dinero para hacer obras necesarias para el desarrollo del país. ¿Con más emisiones de bonos? Difícilmente. Con la clasificación de Puerto Rico al borde de chatarra, esa posibilidad ya no es real. Además, ya está bueno de tomar prestado y seguir endeudando a nuestras futuras generaciones. O acaso a nadie le importa que la deuda pública boricua ya sobrepasa los $53,000 millones.

No se trata de dar por bueno todo lo que tenga que ver con las APP. Estas han funcionado en ocasiones y han fallado en otras, por lo que deben ser analizadas con mucho cuidado. Pero rechazarlas de plano, sin ofrecer una alternativa de desarrollo, no es una opción que tenga mucho sentido.